La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves la reforma previsional impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, con el objetivo de reducir el déficit en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

El oficialismo consiguió avalar el proyecto con 23 votos positivos, pero también se registraron 9 negativos y 11 abstenciones. Teniendo en cuenta que la iniciativa ya había sido aprobada en el Senado provincial, la reforma quedó convertida en ley.

A grandes rasgos, la reforma previsional que impulsa Pullaro mantiene las edades de retiro en 60 años para las mujeres y 65 para los varones –aunque esto podría cambiar si así lo dispone el Gobierno Nacional–, incrementa los aportes que deberán realizar los trabajadores estatales, tanto activos como pasivos, y fija topes a los ingresos máximos. Además, declara la emergencia previsional por dos años.

El pasado jueves, el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados tras haber sido aprobado por el Senado con el voto positivo de los senadores del bloque Unidos y el bloque Unite, mientras que los legisladores integrantes del bloque Justicialista se pronunciaron en contra.

En concreto, la iniciativa se aprobó con 14 votos favorables y 4 negativos, mientras que el senador justicialista por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, estuvo ausente –aunque con aviso– en la sesión, pero había firmado junto a sus compañeros de bloque un despacho alternativo del proyecto.

Gremios de trabajadores estatales, docentes, municipales, judiciales y bancarios entre otros, se movilizaron a la Legislatura para reclamarle a los diputados provinciales que frenen la aprobación de la propuesta del Ejecutivo al considerar que a partir de su aplicación se reducirán los haberes jubilatorios de hecho por el aumento de aportes y la eliminación del cómputo de los ítems salariales en negro para la jubilación.

Las delegaciones gremiales de la ciudad de Rosario se movilizaron hacia la capital provincial desde horas tempranas del jueves, no sin inconvenientes porque en el trayecto se encontraron con detenciones de colectivos en plena Autopista Rosario-Santa Fe por parte de la policía.

Una aprobación entre disturbios

La sesión se vio interrumpida cuando los manifestantes que estaban alrededor de la Legislatura tumbaron las puertas. «Seguramente los que hicieron esto no fueron ni docentes ni jubilados, romper una puerta no es democrático. Se trata de un hecho de violencia que no es compatible», afirmó la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, al momento de anunciar el pase a un cuarto intermedio.

«Les sugiero que no salgan (del recinto) porque afuera tumbaron las puertas. Ustedes se dan cuenta del estado en el que estamos», enfatizó García, frente a los integrantes de todas las bancadas.

Fuente: Conclusión

El bloque de legisladores y legisladoras Socialistas de la Cámara de Diputados de Santa Fe exigió la inmediata suspensión del titular de la fiscalía Regional 2 Rosario, Patricio Serjal, y del fiscal de la Unidad Especial NN Gustavo Ponce Asahad, “hasta tanto se aclare la actuación de ambos funcionarios”, involucrados en el cobro de dinero por parte de organizaciones delictivas, y requirió que se remitan todas las actuaciones a la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura –que ya fue convocada para el martes próximo- para que se evalúe el desempeño de los mismos y se proceda en consecuencia.

“Frente a las gravísimas declaraciones del fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, que vinculan a los fiscales Serjal y Ponce Asahad con el cobro de dinero a personas acusadas de cometer delitos para filtrarles información o no investigarlos, el bloque Socialistas considera que ambos funcionarios deben ser suspendidos provisoriamente de manera inmediata, mientras se realiza una investigación de fondo sobre su accionar”, señaló el diputado Joaquín Blanco.

En este sentido, desde el bloque Socialistas solicitaron a la auditora general de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, que “remita todas las actuaciones a la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura para que sean analizadas por sus integrantes, se analice la actuación de los funcionarios involucrados, y se dictamine sobre su accionar”.

La reunión de la comisión, integrada por legisladores y legisladoras de ambas cámaras, y presidida por el senador Raúl Gramajo, está convocada para el próximo martes a las 18 en Santa Fe. El diputado Pablo Farías y la diputada Lionella Cattalini estarán presentes en representación del socialismo. Allí se analizará la situación y se resolverá si debe procederse a iniciarles el sumario disciplinario respectivo.

Por otra parte, Blanco reivindicó el sistema de justicia penal vigente desde 2014. “Es de destacar que en un país donde el funcionamiento de la Justicia está fuertemente cuestionado, este organismo de la provincia de Santa Fe, el MPA, genere investigaciones que ponen sobre la mesa sus mecanismos de control interno, y apuntan a su propia depuración y, en consecuencia, a su transparencia”, sostuvo, pero fue enfático al afirmar: “De ninguna manera, los funcionarios que deben llevar adelante las investigaciones de los delitos en la provincia de Santa Fe pueden estar involucrados o poseer vínculos con el crimen organizado”.

“El nuevo sistema penal de Santa Fe se viene consolidando desde 2014, asumiendo cada vez un rol más protagónico dentro del sistema de justicia de Santa Fe y brindando cada vez una mejor respuesta y más ágil a las demandas sociales en esta materia. Hoy la ciudadanía puede saber qué es lo que sucede en cada proceso penal porque las audiencias ya no son inaccesibles y los jueces y fiscales deben informar lo que está ocurriendo. Este es un cambio fundamental porque permite conocer el funcionamiento de la justicia, evaluar y reclamar”, valoró.

La Cámara de Diputados de Santa Fe designó a Maximiliano Pullaro para integrar el tribunal de enjuiciamiento de magistrados. De acuerdo a la Ley provincial 7050 “Los jueces nombrados con acuerdo legislativo, con excepción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, son enjuiciables a los efectos de su remoción de los cargos que desempeñan con arreglo a las disposiciones de esta ley.” Para ello “Actuará como tribunal la Corte Suprema de Justicia de la Provincia integrada a ese solo fin con un senador, un diputado y dos abogados de la matrícula, los que serán sorteados entre los cinco titulares remitidos por los Colegios de Abogados de las cinco circunscripciones judiciales de la Provincia.

Pullaro a principios de agosto del año pasado, en uno de sus cruces con algunos jueces del fuero provincial penal, expresó que: “Como diputado voy a revisar el desempeño de algunos jueces. Ellos deben avanzar sobre hechos de corrupción que en estos años hemos denunciado: algunos son casos que implican a policías, pero hay que revisar el funcionamiento y debe haber cambios en la Justicia también”

El entonces ministro de Seguridad criticó severamente la lasitud de algunas medidas que permitían la libertad o la prisión domiciliaria de individuos que representaban un peligro para la sociedad y que generaban violencia en distintas zonas de las localidades más grandes de la provincia.