El socialismo presentó una propuesta de reforma integral con el objetivo de avanzar hacia “una justicia igualitaria, accesible y transparente, orientada a servir a toda la ciudadanía sin distinción”. En un contexto en el que, según se valoró desde la fuerza, el Poder Judicial “enfrenta un nivel creciente de desconfianza”, los legisladores propusieron una serie cambios para “acercarlo a la sociedad, hacerlo más eficiente y dotarlo de una legitimidad democrática sólida”.

Con la firma de todas las diputadas y diputados del bloque, el proyecto central está referido a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. La iniciativa lleva la composición de seis a siete miembros, fija la edad límite para el cargo, detalla el mecanismo para la renovación y establece pautas para dotar de mayor transparencia al funcionamiento del tribunal. Se complementa con otras iniciativas vinculadas a la materia, como la que propone modificaciones al régimen disciplinario para fiscales y defensores públicos, la creación de fiscalías ambientales, y la declaración para la implementación del Código Procesal Laboral.

El diputado provincial Joaquín Blanco enmarcó la presentación en “un proceso de construcción de ideas para acompañar el trabajo del gobernador Maximiliano Pullaro y de todo el gobierno de Unidos”, durante una conferencia de prensa de la que participaron la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, el exgobernador y actual diputado Antonio Bonfatti; y sus pares Lionella Cattalini, Rubén Galassi, Pablo Farías y Gisel Mahmud.

Junto a ellos estuvieron presentes en la conferencia el resto de los diputados provinciales del bloque socialista: Rosana Belatti, Leonardo Calaianov, Mariano Cuvertino, Varinia Drisun, Charo Mancini, Sofía Masutti y Sergio Rojas.

COMPOSICIÓN Y RENOVACIÓN DE LA CORTE

El proyecto presentado establece una composición con siete ministros/as y un/a procurador/a general, “debiendo esa conformación procurar el cumplimiento del principio de paridad de género y reflejar las diversas especialidades del derecho y procedencia regional”.

“La Corte Suprema gobierna el Poder Judicial por mucho tiempo y, por lo tanto, debe tener una mirada estratégica sobre cómo hacerlo y cómo acercar la justicia a la gente”, afirmó Cattalini y añadió: “Para generar confianza en la ciudadanía es necesario contar con una justicia que sea abierta, transparente, que ponga en el centro a las personas, que se base en la oralidad y las audiencias públicas como herramientas fundamentales. Para eso se tienen que hacer reformas como las que estamos presentando hoy”.

La iniciativa también plantea la creación de una “Plataforma de Información Judicial” con el objeto de difundir en forma abierta y pública todas las decisiones judiciales de diversas instancias y fueros del Poder Judicial de la provincia, de manera de facilitar la consulta de fallos, documentación jurídica, doctrina y demás información relevante del quehacer judicial. Además, a la hora de publicar en el portal web del Poder Judicial el informe de gestión correspondiente al año judicial, especifica que “debe incluir información administrativa, contable, financiera y presupuestaria” del mismo.

Cattalini consideró que “la Corte y todo el Poder Judicial deben rendir cuentas de los gastos, las inversiones, el presupuesto con que cuentan, algo que hoy no se hace. También debe establecerse por ley la presentación de declaraciones juradas hoy se hacen a voluntad. A la vez, debe publicarse toda la información judicial referida a sentencias y que la Corte pueda convocar a audiencias públicas, algo que tampoco sucede en la actualidad. Son cambios legislativos que impulsamos para que la justicia sea más ágil, más transparente y, sobre todo, brinde información pública y de calidad para que la gente pueda acceder y pueda sentirse parte”, sostuvo.

Farías, por su parte, sostuvo que “agregar un miembro a la Corte va a dinamizar la resolución de mayorías en la toma de decisiones”, a la vez que dotarla de “una estructura administrativa que ayude en el gobierno del Poder Judicial permitirá un mejor funcionamiento”. En tal sentido, el proyecto refuerza las dos secretarías actuales con la asistencia de “al menos dos prosecretarías, una con asiento en la ciudad de Santa Fe y otra en la ciudad de Rosario”.

La iniciativa deja en claro que los ministros “cesan automáticamente en sus funciones” al alcanzar los setenta y cinco años, y que dicho cese “no se encuentra sujeto a decisión o condición alguna y se produce, de pleno derecho, el mismo día que alcancen esa edad”.

Al respecto, Galassi afirmó que el proyecto “viene a revalorizar la independencia de poderes” al fijar pautas en relación al mandato de los miembros de la Corte Suprema, “que hoy aparece sujeto a interpretaciones. Esta ley, cumpliendo con lo que dice la Constitución provincial, adaptándose a lo que establece la Constitución nacional y la jurisprudencia de la propia Corte de Justicia de la Nación, echa claridad en una cuestión trascendente como la vigencia y la edad para ocupar el cargo de ministro”.

A modo de cierre, Bonfatti destacó “la coherencia y la predisposición permanente del Partido Socialista de hacer propuestas para mejorar la calidad de las instituciones, en particular de la justicia. Vamos a seguir trabajando y aportando siempre en consulta permanente con quienes tienen injerencia en estos temas para llegar a la mejor propuesta”.

García, por su parte, valoró el rol del Poder Legislativo: “Desde esta Legislatura nos hemos animado a generar cambios fundamentales. Lo hicimos con la aprobación del nuevo régimen procesal penal; el decomiso de bienes, donde somos pioneros a nivel nacional; el régimen penal para menores, que contempla la justicia restaurativa. Sólo con una justicia cercana, eficiente y transparente podremos dar las respuestas adecuadas y recuperar la confianza la ciudadanía”, concluyó.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dispuso este viernes que el 50 % del sueldo básico correspondiente a la liquidación del mes de abril de sus miembros, lo que incluye al Procurador General,  sea destinado como aporte solidario a solventar gastos vinculados a la emergencia sanitaria con motivo de la Pandemia Coronavirus – COVID 19.

 La resolución invita a todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial incluyendo en este último grupo a los Jueces Comunitarios de las Pequeñas Causas, Oficiales de Justicia, Jefes de Departamento y Jefes de División inclusive a adherir a la medida. El Alto Tribunal aclara que no puede imponer descuento o afectación alguna a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, por lo que se los ha invita a que adhieran voluntariamente a contribuir solidariamente.

En tal sentido, los fondos resultantes del aporte dispuesto deberán ser aplicados a reforzar partidas presupuestarias destinadas a salud pública, identificando tal aporte con cargo a la emergencia sanitaria actual. Para ello, el Alto Cuerpo dispuso que la  Secretaría de Gobierno instrumente las tareas inherentes para la materialización del destino de los fondos conforme lo resuelto.

Cabe destacar, que el Poder Judicial ha venido adoptando acciones tendientes a enfrentar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 en consonancia con las disposiciones sancionadas por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial;  comprendiendo la situación económico financiera que se atraviesa. Por ello,  esta Corte no puede ser ajena al actual contexto de emergencia que todos los argentinos nos encontramos atravesando, ni dejar de contribuir a los esfuerzos de la sociedad en su conjunto.