La cúpula de la CGT, sin la presencia del miembro del triunvirato Pablo Moyano, se reunió con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, a quien le solicitó que se retire la reforma laboral del DNU, luego de los cambios en esa materia que se implementarán con la aprobación de la Ley de Bases en el Congreso.

«Vamos a solicitarle que retire parte del DNU como buen gesto. Vamos a plantear las incoherencias de un texto muy mal escrito», dijo el cosecretario general Héctor Daer antes de ingresar a la reunión realizada en la sede de la cartera laboral en la calle Leandro N. Alem.

El apartado laboral del mega DNU no está en vigencia debido a la el sindicalismo logró trabarlo en la Justicia laboral.

«La semana que viene se juntan con los empresarios y la otra semana va a haber una mesa técnica para definir con precisión la reglamentación de estos artículos que tienen una gran vaguedad y que salieron del capítulo laboral de la Ley Bases. Y vamos a tener respuesta sobre dos temas que pedimos, que son la Corte y la modificación del punto de partida del Impuesto a las Ganancias», agregó Daer tras retirarse del lugar.

La central obrera luego difundió los pedidos que hicieron a la gestión libertaria, en medio de las tensiones y de que la CGT remarcara días atrás que «no hay relación» con el Gobierno.

«Se solicitó que se retire la apelación hecha por la Procuraduría General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia a la sentencia favorable a la postura de CGT sobre la inconstitucionalidad por el capitulo laboral del DNU 70/23 obtenida en Cámara de Apelaciones del Trabajo», sostuvo la entidad de la calle Azopardo.

También se precisó que sobre la aprobada Ley Bases hicieron «cuestionamientos a los artículos que fueran votados por el Congreso respecto a aspectos de la llamada ´reforma Laboral´, como Libertad Sindical, Protección antidiscriminatoria, Intermediación Laboral, ´trabajadores colaboradores´ autónomos y fiscalización del empleo informal».

«El compromiso es el de permitir dentro de la reglamentación pertinente las observaciones que el equipo técnico legal de CGT acerque a la secretaria, que se mantendrán reuniones al respecto dentro de los próximos 15 días», se precisó.

También la CGT expresó el rechazo a la «reincorporación del impuesto de Ganancias sobre la cuarta categoría» y consideró que «más allá de las presentaciones judiciales que cada gremio considere realizar a este respecto, son inviables los pisos salariales que fueron tenidos en cuenta, a los efectos de esta ley, en diciembre del año pasado, lo cual debieran considerarse (de persistir este capitulo legal) la actualización por inflación desde entonces».

Además solicitó al Gobierno «la agilización inmediata de los acuerdos ya firmados y aun no homologados» y manifestó la postura que la gestión de Javier Milei «no contempla la producción, el desarrollo y el trabajo, privilegiando solo la cuestión monetaria e inflacionaria». 

«Destacamos el actual estado de profunda recesión, perdidas de empleos en todas las actividades y caída del poder adquisitivo de trabajadores activos (regulares e informales) y pasivos con una falta de perspectivas de mejoras de recuperación económica en el corto plazo», finalizó la central.

Las tensiones internas en CGT volvieron a aflorar en las últimas semanas tras la aprobación de la Ley de Bases, que los gremialistas buscaron bloquear en el Congreso sin éxito, en especial sobre la estrategia a desplegar ante el gobierno de Javier Milei.

Esto quedó reflejado este martes, ya que a la reunión no asistió el camionero Pablo Moyano, ni ningún otro dirigente de ese sector, el FRESIMONA.

Concurrió una comitiva de la central integrada en su mayoría por dirigentes de perfil «dialoguista», entre ellos los cosecretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, como además Andrés Rodríguez  (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguros), Noe Ruíz (Modelos) y Maia Volcovinsky (Judiciales).

El Gobierno dispuso modificar por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la fórmula de movilidad jubilatoria, estableciendo que desde julio los haberes se actualizarán por inflación y que, en los meses previos, los jubilados percibirán adelantos a cuenta del cobro de junio, mientras que en abril se otorgará un incremento extraordinario del 12,5%.

Los cambios en la movilidad jubilatoria quedaron oficializados a través del Decreto 274/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial, donde se argumentó que «con el objeto de dar respuesta de forma rápida y eficaz a la acuciante realidad que enfrentan los adultos mayores de la República Argentina, el Estado Nacional ha tomado la determinación de modificar la actual fórmula de movilidad a fin de garantizar que nunca más los haberes de los jubilados perderán contra la inflación».

A partir de dicha premisa, el Ejecutivo consideró que «es necesario establecer una nueva pauta de movilidad basada en la actualización mensual de los haberes de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)».

Asimismo, sostuvo que «el cambio de componentes de la fórmula y su actualización mensual permitirán la implementación de una política eficiente de la seguridad social que considere el índice de costo de vida, logrando la plena efectividad de los derechos de la sociedad conforme el máximo de los recursos de que se disponga, de conformidad con las normas internacionales en la materia».

Al mismo tiempo, justificó el cambio por DNU en que «la urgente necesidad de modificar la fórmula jubilatoria a los efectos de lograr mantener el estándar de vida de los adultos mayores y evitar que continúen perdiendo poder adquisitivo y el inminente inicio del mes de abril, cuyo transcurso dificultaría el debido empalme de fórmulas dan cuenta de las circunstancias excepcionales que exigen el dictado del presente decreto».

De esta manera, el decreto estableció que las prestaciones se actualizarán mensualmente por inflación a través del IPC oficial y determinó que «en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario».

Al respecto de la entrada en vigencia de la nueva fórmula, el Gobierno especificó que la primera actualización en base a la movilidad dispuesta «se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio de 2024».

De cara a los meses que quedan hasta la aplicación de la modificación, el Ejecutivo dispuso que «a los fines de la transición, para la determinación de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, resultará aplicable la fórmula vigente a la fecha de dictado del presente».

Teniendo en cuenta que la próxima actualización de haberes por ley corresponde a junio, y a raíz de que «la gravedad de la crisis que enfrentan los adultos mayores hace que ellos no puedan aguardar hasta el mes de junio del corriente año para ver incrementados sus haberes», se dispuso que «a partir del mes de abril del corriente año se concederán adelantos incrementales, equivalentes al Índice de Precios al Consumidor, a cuenta del porcentaje que determine la aplicación de la movilidad prevista por la Ley N° 27.609, de modo que la transición de uno a otro régimen de movilidad no implique padecimiento alguno para los adultos mayores».

En este sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará en abril «un incremento extraordinario equivalente al 12,5 % sobre los haberes prestacionales correspondientes al mes de marzo de 2024» y además «un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241».

A su vez, los jubilados percibirán «en mayo de 2024, un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio del mismo año, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241», mientras que cobrarán «en junio de 2024, un incremento, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241».

En el decreto se aclaró que los incrementos dispuestos «serán a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024 conforme el índice que se obtendrá de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente a la fecha del dictado del presente», precisando que «una vez obtenido el porcentaje que surja de esta, se descontarán los puntos porcentuales de los incrementos acumulados que la persona beneficiaria hubiera percibido».

Asimismo, el Ejecutivo expresó que «en caso de que estos superen el aumento calculado según la fórmula mencionada en el primer párrafo de este artículo, no se descontará la diferencia, la que se considerará incorporada al haber. Si fueran menores a dicho aumento, se abonará la diferencia resultante».

Críticas a la fórmula vigente

El Gobierno apuntó duramente a la fórmula de movilidad vigente, que combina el crecimiento de la recaudación con destino a la ANSES y el aumento de los salarios medido por el INDEC o de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), asegurando que «ha arrojado resultados desastrosos para los jubilados y pensionados del país, quienes han sufrido una notoria pérdida del poder adquisitivo».

Profundizando en ese sentido, indicó en el decreto que la fórmula actual presenta graves y serios inconvenientes ya que «no cubre suficiente ni razonablemente el riesgo inflacionario que afecta los beneficios de los adultos mayores, pues no tiene en cuenta la variación de los precios; presenta un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes; se basa en datos que no son de fácil acceso para el público, lo que dificulta su control por parte de la ciudadanía; y supedita el resultado de la movilidad al éxito que tenga el Estado con la recaudación impositiva, cuya volatilidad e incertidumbre atentan contra la estabilidad y la previsibilidad que se espera de una fórmula de movilidad jubilatoria».

La Sala de Feria de la Cámara del Trabajo resolvió este martes el amparo planteado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y determinó que el capítulo 4 del DNU 70/2023 de Javier Milei es inconstitucional.

La decisión alcanza a los artículos vinculados a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. De acuerdo a lo que adelantó Infobae, que tuvo acceso al documento, la resolución fue firmada por los jueces Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera.

“No se registraba impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano lelgislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU“, se sostuvo.

El presidente Javier Milei ofrecerá este miércoles por la noche su primera cadena nacional, se pudo saber de fuentes oficiales.

Según se conoció, Milei hablaría sobre la desregulación económica que consta de alrededor de 600 artículos y que se presentará por un DNU (decreto de necesidad y urgencia) ya que no tiene contenidos que deban pasar por el Congreso.

El resto de las reformas que busca encarar Milei, que sí deben pasar por el Congreso (por ejemplo cuestiones tributarias o del sistema electoral), estarán contenidas en tres leyes que se girarán en las próximas horas.

Debido a la cadena nacional, el vocero Manuel Adorni no dará este miércoles su habitual conferencia de prensa de las 11, trascendió.
Entre las principales iniciativas del DNU figuran cambios en el sistema laboral, la simplificación de algunos trámites burocráticos para modernizar el Estado y la derogación de la ley de alquileres.

Trascendió que se propondrá limitar el derecho de huelga, promover el modelo UOCRA para reemplazar indemnizaciones por fondos de desempleo y recortar las multas a empleadores, además de sanciones más duras para las protestas y extender los períodos de prueba laboral de los actuales tres meses a casi un año.

También se buscaría modificar la cuota solidaria, que se acuerda entre empresas y sindicatos y fija un descuento del sueldo a los trabajadores no afiliados por su representación en la negociación colectiva.

Por estas horas, el contenido del DNU estaba siendo revisado, en especial la letra chica para evitar ser judicializado por parte de sindicatos y organizaciones políticas y sociales.

La cadena nacional será en simultáneo con la primera gran marcha piquetera que afrontará la gestión Milei, en medio de la tensión con las organizaciones sociales convocantes por el protocolo anti-piquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y por el mensaje presidencial de quien corte calles «no cobra» el plan social que tiene asignado.