La campaña de acción conjunta que se realiza en el Banco de Alimentos Rosario y nuclea a todas las organizaciones sociales de la ciudad, tiene por objetivo conseguir y distribuir alimentos a los sectores más vulnerables, a través de más de 500 organizaciones sociales. La meta es alcanzar 500.000 raciones de comida semanales durante 4 meses.

En la primera semana de campaña “Contagiemos Solidaridad” la acción que unió a todas las organizaciones sociales de Rosario junto a la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de la, con la misión de conseguir y distribuir alimentos a los sectores más vulnerables alcanzó su objetivo semanal, logrando entregar 568.284 raciones de comida.

El plan de acción que se gestó junto a la Bolsa de Comercio de Rosario y se puso en marcha en la ciudad, tiene como epicentro al Banco de Alimentos Rosario (BAR) que cuenta con la infraestructura y la metodología para concentrar los más de 80.000 kilos que implican esas 500.000 raciones semanales.

Para replicar el éxito obtenido en esta primera semana de campaña y sostenerlo durante cuatro meses, las organizaciones que conforman este gran equipo de trabajo, liderados por BAR y la Bolsa de Comercio de Rosario, redoblan los esfuerzos y apelan a la solidaridad de empresas y ciudadanos para que se sumen a la iniciativa donando dinero para la compra de alimentos porque, como el lema de la campaña lo indica, Juntos hacemos exponencial el compromiso de ayudar.

Las organizaciones que tuvieron esta iniciativa Banco de Alimentos Rosario (BAR), Bolsa de Comercio de Rosario, Universidad Nacional de Rosario, Cáritas Rosario, Rosario Solidaria, Movimientos Solidario Rosario, Fundación Bolsa de Comercio Rosario, FAOHP, Fundación Camino, Haciendo Lío y Comunidad Padre Misericordioso unificaron sus bases de organizaciones beneficiarias y ampliaron su alcance.

Desde BAR, se contacta a cada organización beneficiaria para asignarle un turno de entrega. Posteriormente, cada organización (comedor, merendero, iglesia, club) distribuye los alimentos a las familias.

Si bien son más de 500 organizaciones beneficiarias, número que aumenta debido a la demanda social, desde esta iniciativa también se contiene a las personas en situación de calle. Las organizaciones que trabajan activamente con este colectivo: Rosario Solidaria, Movimiento Solidario Rosario, Haciendo Lío, Comunidad Padre Misericordioso e Iglesias son las encargadas de preparar y distribuir las viandas durante esta emergencia junto a voluntarios de la Universidad Nacional de Rosario y excombatientes.

Para colaborar en esta campaña, podrán contactarse con: María 0341-152504242 o Anaclara 03464-15587223.

Más información en www.barosario.org.ar / Instagram y Twitter: @bar_rosario y en los sitios/redes sociales de las organizaciones participantes.

El gobernador Miguel Lifschitz brindó este lunes una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en la que abordó las políticas públicas implementadas por la provincia en el complejo contexto social del país, como así también, el impacto de las mismas en la economía santafesina.

“El objeto de esta presentación es contar brevemente, cómo estamos enfrentando desde el gobierno provincial la crítica situación social y económica por la que está atravesando el país, que se refleja claramente en todos los indicadores sociales en nuestra provincia y, especialmente, en los grandes conglomerados urbanos”, comenzó Lifschitz.

“La situación crítica no comenzó a partir de las PASO, como intenta hacernos creer el gobierno nacional, sino, por lo menos, dos años atrás, cuando empezamos a advertir un lento deterioro de las condiciones económicas y sociales con impacto sobre los sectores más vulnerables. Empezamos a ver cómo crecía la demanda sobre el sistema público de salud en la provincia frente a la crisis de los sistemas privados de prestaciones, de obras sociales y también la caída de las prestaciones del Pami; cómo crecía la cantidad de chicos que solicitaban ser atendidos en los comedores escolares en todo el territorio provincial; cómo las instituciones sociales pedían ampliación de partidas para atender la crítica situación de los comedores comunitarios en muchísimas ciudades de la provincia; cómo los clubes entraban en situación de crisis frente al aumento de las tarifas y necesitaban cada vez más apoyo del Estado”.

“Especialmente el año pasado, empezamos a advertir cómo el gobierno nacional retaceaba los fondos que históricamente, durante gobierno anteriores e incluso durante el actual gobierno, enviaban a las provincias para apoyar el gasto social en educación, en desarrollo social, en salud pública. Y esto se agudizó a fines del año pasado, con la decisión del gobierno de eliminar la cobertura de la tarifa social eléctrica, lo cual representó para la provincia de Santa Fe, una suma de 1300 millones de pesos adicionales, que ya incluimos en el Presupuesto de este año; la eliminación de subsidios al transporte urbano e interurbano, que significó otros 1500 millones de pesos, refuerzo que el gobierno de la provincia tuvo que asumir en este Presupuesto; la eliminación de los aportes y de la cobertura para distintos tipos de servicio de alto costo en materia de salud, por ejemplo el traslado de personas discapacitadas, los tratamientos de diálisis, las drogas oncológicas y otras de alto costo para tratamientos específicos, todo lo cual representó también un refuerzo para este año de más de 500 millones de pesos en el sistema de salud; el congelamiento del aporte, desde hace bastante tiempo, para los comedores escolares, lo cual hace que en la actualidad estemos invirtiendo más de 5000 millones de pesos de los recursos de la provincia para sostener todo el sistema de copas de leche y comedores escolares, y de eso recibamos solamente el 2% de aportes nacionales”.

Además, sostuvo que así ha ocurrido en todas las áreas, con el agravante que en la última devaluación y las últimas medidas anunciadas en materia tributaria por el gobierno nacional, ha puesto en situación de crisis o a profundizar la crisis para todos los sectores de la sociedad pero también a perjudicar las finanzas de los gobiernos provinciales y municipales.

“Las medidas tributarias representan casi 4 mil millones de pesos menos en estos casi cuatro meses para el gobierno provincial por la elevación de los pisos de ganancias y por la eliminación del IVA en los alimentos, y también la devaluación que ha elevado los índices inflacionarios, lo que tiene un enorme impacto sobre los costos que debe afrontar la provincia: insumos médicos, costos salariales, los insumos de la obrar pública, entre otros”.

“Desde el año pasado tomamos la política de priorizar el gasto social, la inversión social. Entendemos que en esa coyuntura tan compleja, desde el punto de vista económico y social como la que estamos atravesando, es indispensable que el gobierno de la provincia de Santa Fe pueda garantizar y ampliar la cobertura en materia social en la áreas que tengan que ver con la atención de las necesidades básicas de los santafesinos”, resaltó Lifschitz.

“Por eso, en el transcurso de este año hemos dispuesto más allá de lo que ya preveía el presupuesto 2019, que era un aumento de un 30% en todas las partidas del 2018, ampliaciones o aumentos especialmente en las áreas sociales: en Educación, en los comedores y copas de leches escolares; en el Plan Abre, todo lo que tiene que ver con el Nueva Oportunidad y en las intervenciones en los barrios más vulnerables; en Desarrollo Social, sobre todo lo que tiene que ver con minoridad, con todas las políticas de niñez y la atención a más de 1300 instituciones sociales y comunitarias a las cuales subvencionamos para sostener programas alimentarios o de contención social; en Salud, tal vez una de las más afectadas, por un lado por el incremento vertiginoso de los costos e insumos de la salud que aumentan muy por arriba de los índices inflacionarios, especialmente los medicamentos, la tecnología y las prácticas médicas, sumado al aumento de la demanda, al día de hoy casi el 70% de la población santafesina se atiende de manera permanente o esporádica en el sistema público de salud, cosa que ocurre en Rosario, en el Gran Rosario, en Santa Fe o el Gran Santa Fe”.

Sobre la situación en Salud, Lifschitz expresó que en Rosario tenemos 2000 nuevos usuarios por semana y algo parecido, en menor proporción, aquí en Santa Fe. Esto nos pone en una situación de muy difícil resolución, pero entendemos que si algo indispensable, es garantizar en la atención de la salud y por eso hemos dispuesto este año un incremento de casi 60% de todo el presupuesto de salud pública de la provincia para atender la emergencia y la demanda en todo el territorio.

“Estamos garantizando una salud pública en todo el territorio santafesino, a través del sistema de salud provincial, y también a través de convenios con gobiernos locales que tienen sus propios sistemas de salud, en general centros de Atención Primaria en varias comunas y municipios. En ese punto, el gasto social de la provincia ha aumentado por arriba del presupuesto y por arriba de la inflación, porque también se garantiza la cláusula gatillo a todos los trabajadores del sector público, y en las áreas sociales, la estructura del gasto tiene una alta proporción de recursos humanos y por lo tanto el gasto salarial tiene ya un alto impacto”.

El gobernador detalló que por todo lo expuesto se adhiere a los reclamos que desde distintos sectores políticos y gremiales se vienen haciendo al gobierno nacional para que declare la emergencia alimentaria, no como una expresión retórica sino concreta, real. Se necesita que el gobierno nacional se haga cargo de la crisis económica y social que ha generado y que envíe recursos urgentes, que no son más que los recursos que está obligado a enviar el gobierno nacional a las provincias y que los viene retaceando en los últimos tiempos.

“Estamos atendiendo la situación alimentaria. Creemos que la responsabilidad de la emergencia alimentaria debe ser del gobierno nacional. Las provincias y los gobiernos locales tenemos que colaborar en la implementación porque somos los que estamos cerca del territorio y tenemos la posibilidad de llegar de manera rápida a los distintos lugares e instituciones. Pero los recursos tienen que porvenir claramente del gobierno nacional, del Presupuesto nacional, para reforzar las finanzas provinciales y municipales. Nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo posible”, aseveró.

Lifschitz dijo que “se necesita que esos 500 millones de salud adicionales que la provincia pone para cubrir los medicamentos y los altos costos de algunas prácticas que no está enviando el gobierno lleguen a Santa Fe; se necesita que se amplíen las partidas alimentarias para todo el sistema social, escolar y educativo; se necesita que el gobierno nacional vuelva a hacerse cargo de acompañar el esfuerzo de los ciudadanos para cubrir las tarifas del servicio eléctrico, entre otros. Que cumpla su rol en una crisis económica que ha sido generada exclusivamente por las medidas que este gobierno vino tomando en este último tiempo”.

“Le reclamamos al gobierno nacional para que se haga cargo también de su responsabilidad en la salud pública, como históricamente ha ocurrido con los gobierno nacionales de todos los tiempos que, desde 1983 en adelante, han ocupado un lugar en el financiamiento de la salud a nivel nacional, ayudando y colaborando con los presupuestos provinciales. Esto ha venido disminuyendo de manera notable en los últimos años y, prácticamente, se ha reducido a cero en este año”.

“Lo que estamos reclamando es que, más allá de la retórica de una declaración, es que el gobierno nacional se haga cargo, en la parte que le corresponde, en el financiamiento de la salud y de las políticas sociales”.

Lifschitz especificó que se dispuso también “un aumento de partidas para la atención directa de personas en situación de vulnerabilidad social, a través de convenios con instituciones sociales, en todo el territorio provincial, más de 1300 en el ámbito de Desarrollo Social, y el aumento de partidas para comedores escolares”.

“En relación a la Tarjeta de Ciudadanía, prácticamente la totalidad de los beneficiarios de la misma, también tienen la Asignación Universal por Hijo y en ese punto se solicita una ampliación de la misma: es indispensable que todo el peso de la crisis no recaiga sobre los gobiernos locales, municipales y provinciales. Se está reclamando que el gobierno nacional se haga cargo de contribuir, de poner recursos y de financiar para que la crisis social pueda ser atemperada”.

Si bien especificó que la provincia prioriza la inversión social y salarial que es la responsabilidad más importante, el gobernador sostuvo que “en obra pública tomamos la decisión de no paralizar ninguna obra. Les hemos pedido a las empresas constructoras que vayan adecuando el ritmo de trabajo a las posibilidades financieras de la provincia y estamos tratando de sostener las obras que se desarrollan en el ámbito de la comunas y municipios porque sabemos que generan mano de obra local y movilizan la economía de los pueblos, pero es un análisis que hacemos semana a semana por la volatilidad de la economía nacional, fundamentalmente a partir de las elecciones primarias que ha cambiado el escenario y que todavía puede cambiar hasta el 10 de diciembre”.

En cuanto a la producción, Lifschitz indicó que “tenemos una situación de crisis en el sector industrial fundamentalmente y también el el sector comercial pequeño y mediano, que tiene que ver con la recesión económica y la parálisis de la actividad, la disminución del consumo y las tasas siderales que establece el Banco Central, que impiden absolutamente cualquier mecanismo de financiamiento, de corto, mediano y largo plazo para el sector empresario”.

“Lo que estamos haciendo es acompañar desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en los procesos de crisis; tenemos a más de 300 empresas en las que estamos tratando de que no se pierdan los puestos de trabajo y de mediar en los conflictos. También ofrecemos la colaboración que podemos en términos de plazos de refinanciación de deudas con la Empresa Provincial de la

Energía o en cuanto a problemas tributarios, pero sabiendo que los problemas de fondo tiene que ver con la macroeconomía”.

El ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, explicó que su área “viene incrementando el presupuesto: ahora se están aumentando casi 500 millones de pesos más, de los 4200 que se tienen, de la misma manera que ya lo hicieron otros ministerios. Con esos montos adicionales se fortaleció la relación con todas las instituciones que alcanzan a un total de 1300, y no solamente con la seguridad alimentaria en forma directa, sino también el programa de integración”.

“En estos dos últimos años, se duplicaron los jóvenes en el programa Nueva Oportunidad. Hoy se tienen más de 50 unidades de producción en toda la provincia, se avanzó en el Nexo Oportunidad con empresas sociales, se suplicó la inversión en niñez y así se hace con los distintos grupos etarios: desde niñez hasta adultos mayores”, concluyó.

En tanto, la ministra de Salud, Andrea Uboldi, explicó que “venimos teniendo un incremento en la consulta ambulatoria del 11%, casi 2 millones de nuevas personas, lo cual se puede evidenciar gracias al sistema informático. El traslado de las personas a los centros de salud ocurre por distintos motivos, por ejemplo, personas que perdieron sus trabajos y, por lo tanto, comienzan a ser usuarios del sistema”.

Lo que evidenciamos con cierta preocupación, a través de un monitoreo realizado en este último tiempo, es el incremento de la apertura de historias clínicas. De las nuevas que se abren, el 50% de las personas son pacientes crónicos. Y esto es muy importante porque el consumo del servicio de salud de la persona con una patología crónica es muy alto. Esto implica un incremento en adecuar la atención de los profesionales y, por otro lado, en cómo adecuar los stocks de insumos que son críticos. Recordemos que a estos insumos los compramos por licitaciones, muchos de los cuales en la licitación, quedan desiertos los renglones porque el precio al que se presentó la licitación no es adecuado para el proveedor y, por lo tanto, hay que hacer compras directas”.

Por su parte, la ministra de Educación provincial, Claudia Balagué, afirmó que “hemos detectado una mayor demanda, de 21 mil nuevos chicos que asisten a comedores y copas de leche entre el año 2018 lo que va del 2019. Es decir que, en promedio, hemos estado incorporando 45 chicos nuevos por día al servicio de comedores y copas de leche. Esto significó, además del aumento de los insumos para brindar el servicio, un inversión mayor entre 2018 y 2019 de 1500 millones de pesos parra atender la demanda alimentaria de los niños y de los jóvenes”.

“Esto fue muy importante porque hemos detectado estas necesidades en las escuelas secundarias, que, en principio, no son las que habitualmente brindan este servicio y hemos abogado por dar darles respuestas a estas instituciones, porque era absolutamente necesario que los chicos recibieran una merienda o una comida en la escuela”, agregó.

Balagué dejó en claro que “vamos a seguir con las aperturas de servicios en las escuelas, yo las firmo personalmente todas las semanas, y vamos a seguir en este mismo ritmo porque, como dijo

el gobernador, entendemos que la inversión social hoy es fundamental y prioritaria ante cualquier otro desarrollo que estemos haciendo”.

En cuanto a las partidas para comedores, la ministra destacó “cómo se ha retraído Nación en la inversión social. Hace dos años que están congeladas las partidas de refuerzo nutricional de Nación; en dos años estamos hablando de un 100% de inflación y no hemos recibido absolutamente nada. Hoy significa prácticamente nada, un 2% de todo lo que se invierte en comedores y copas de leche, lo que aporta la Nación”.

Ignacio Rico, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) de Rosario, se refirió al pedido de declaración de la Emergencia Alimentaria que impulsan los movimientos sociales, la Iglesia, sindicatos y distintas instituciones. Entre las medidas que se proponen se encuentran aumentos de las partidas para comederos escolares y comunitarios, de la cobertura de medicamentos para jubilados y pensionados, y de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

“La solución a esta crisis necesita, más que parches y medidas para la tribuna, de un gran sentido de la responsabilidad por parte de todos y todas los argentinos, para poder frenar el hambre que castiga a millones de hermanos y hermanas”, sostuvo Rico, y agregó: “Se necesita que la clase política reaccione, y sobre todo que el gobierno se haga cargo del caos que produjo en la economía familiar de los trabajadores”.

“Los números abstractos de las acciones de la Bolsa y del Riesgo País no son nada comparado con la realidad concreta de nuestros compañeros, con la angustia y la incertidumbre de los argentinos que ya no saben cómo hacer para poner un plato de comida arriba de la mesa”, apuntó Rico.

El joven dirigente explicó que las medidas que proponen no van a la cuestión de fondo, no saldan la gran deuda interna argentina que es la pobreza estructural en la que viven millones de compatriotas, pero entienden que lo urgente hoy es lo más importante.  “Necesitamos parar con el hambre y la desesperación, para después poder sentarnos a discutir cuál es el país que queremos”, señaló.

En ese sentido, desde los espacios que conforman la Mesa de Diálogo y Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna (entre los que se encuentran los movimientos sociales, la Iglesia, las distintas centrales obreras, la Unión Industrial Argentina, entre otros) se propone el fortalecimiento de una canasta básica de primera infancia, y de mujeres embarazadas o en período de lactancia, incrementando, la Asignación Universal por Hijo al valor de una canasta básica total para un menor de 18 años, estimada al 1er. Trimestre del 2019 en $ 5834.

También se solicita un aumento de presupuesto de comedores y huertas escolares y comunitarias para mejorar la cantidad de raciones y la calidad nutricional de las mismas, así como el fomento de la agricultura familiar y social en cada uno de los territorios. Asimismo, se impulsa el reintegro del IVA a los consumidores de menos recursos y aumento del número de productos sin IVA o con reducción del mismo, que compongan la canasta básica para hacer más transparente su eliminación o reducción, la actualización de los montos del Programa Pro Bienestar del PAMI, desactualizados por el aumento de la inflación, el aumento de la cobertura de los medicamentos para jubilados y pensionados.

Por último, se propone la disposición de tierras públicas ociosas, a través de comodato, para que puedan ser productoras de alimentos trabajadas por organizaciones sociales y de la economía

popular, y la utilización de los espectáculos públicos (culturales y deportivos) para recaudar alimentos y artículos de primera necesidad.

Fueron más de 5 mil las personas que se movilizaron, convocadas por organizaciones tales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, el Movimiento Evita y el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Entre otras.

Alejandra Fedele, del Movimiento Evita, explicó que se reunieron con concejales y concejalas del peronismo, el Frente Social y Popular, el Frente Progresista, y Ciudad Futura para “fijar una serie de puntos de trabajo que permitan paliar el hambre en los barrios más postergados, sobre todo teniendo en cuenta que la crisis castiga con más saña a las mujeres, los jóvenes y los ancianos”.

Después de la reunión, el concejal Eduardo Toniolli, señaló que lo que se acordó con los bloques presentes fue avanzar con la declaración de la emergencia alimentaria en la ciudad, en base a un diagnóstico compartido con las organizaciones sociales: las políticas de ajuste del gobierno de Macri golpean de lleno a los trabajadores formales, pero mucho más a quién se encuentran en situación de exclusión, y agregó que la changa ha desaparecido de los barrios, y hoy muchas familias tienen como único ingreso la Asignación Universal por Hijo.