El Gobierno oficializó la imposibilidad de que los municipios puedan aplicar tasas en las facturas de los servicios públicos, mediante la Resolución 267/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida había sido anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo en su cuenta de X, al asegurar que “los municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios”.

Ahora, la norma dispone que “la información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”.

En ese sentido, aclara que las boletas sólo podrán remitirse al cobro por la prestación brindada “no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable”.

La medida gubernamental entra en vigencia desde este miércoles pero tendrá un plazo de adecuación de un mes, por lo que el impacto en las boletas de los servicios se verá recién en noviembre.

Al explicar la causa que originó la decisión, el texto oficial puntualizó que “con el transcurso del tiempo se ha ido transformando en una práctica generalizada, para una gran cantidad de proveedores en el mercado, la inclusión y facturación, dentro de la documentación comercial emitida a los consumidores por el suministro de bienes y servicios, conceptos ajenos a aquellos contratado por el consumidor”.

Al respecto, sostuvo que “la práctica descripta configura no sólo una violación al deber de brindar un trato digno a los consumidores, sino que importa también una clara violación a la libertad de elección del consumidor, garantías que ostentan rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico”.

De esta manera, consideró que “la situación expuesta implica, a su vez, una posible afectación a los derechos que posee el consumidor respecto de la información con la que debe contar al momento de realizar pagos de bienes y servicios contratados”.

En esa línea, la norma remarcó que “como consecuencia de ello, los consumidores resultan pasibles de encontrarse ante una situación de riesgo concreto de incurrir en errores o confusión acerca de la verdadera naturaleza de los servicios contratados y sus precios, riesgo que se torna más grave aún en el caso de aquellos consumidores en situación vulnerable y de desventaja”.

Las tarifas de gas registrarán un aumento a partir del consumo de este miércoles, con un impacto que comenzará a reflejarse en las facturas a partir de mayo. 

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) tiene preparada la resolución con los nuevos cuadros tarifarios, que se publicarán en el Boletín Oficial. Este incremento afectará a todos los usuarios residenciales, comerciales e industriales, aunque variará en magnitud.

Se espera un incremento de al menos el 150%, con la posibilidad de alcanzar más del 300%.

La Secretaría de Energía reveló la semana pasada los nuevos valores que los usuarios deberán abonar por el costo de producción del gas a partir de este mes. Según la información proporcionada, en promedio, los hogares de ingresos altos verán aumentar su factura de $2961 a $9271; los de bajos ingresos, de $838 a $2462; y los de ingresos medios, de $1975 a $6375. Sin embargo, este componente constituye solo uno de los tres factores que impactan en las facturas.

Enargas publicará mañana los incrementos correspondientes a los componentes de transporte y distribución, que representan alrededor del 35% del costo total de las facturas. Estas tarifas se aplican a las empresas responsables del transporte y distribución del gas desde los centros de producción hasta los hogares. Este aumento será uniforme para todos los usuarios, ya que no hay segmentación en estos componentes de las facturas.

Si se materializan todos estos aumentos, las tarifas en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podrían aumentar en promedio $8000 en un mes, sin tener en cuenta la reducción de subsidios establecida por la Secretaría de Energía.

Aunque los pedidos de ajuste realizados por las empresas no son vinculantes, se anticipa algún tipo de incremento, dado que la mayoría de las empresas reportaron pérdidas el año pasado debido al congelamiento de sus ingresos en un contexto de alta inflación.

Se espera que el ente que regula el gas apruebe un aumento del 350%, lo que implicaría un incremento en la tarifa final de al menos el 70%.

El Gobierno nacional dio a conocer los parámetros que prevé utilizar para la aplicación de un nuevo esquema de subsidios al gas y la electricidad, que incluye criterios de ingresos por grupo familiar y bienes, y de una Canasta Básica Energética (CBE) de consumo y zona bioclimática. La Secretaría de Energía presentará el informe en la audiencia pública convocada para el 29 de febrero.

El nuevo esquema propuesto adoptará criterios de acuerdo a los consumos mínimos necesarios para la subsistencia de diferentes grupos familiares, en diversas regiones, meses del año y tipos de suministro.

Para ello se realizará un cruce sobre jubilaciones y pensiones, pensiones no contributivas, electrodependientes, programas sociales, empleo independiente, empleo dependiente, inmuebles, embarcaciones, automotores, motos, y aeronaves.

De esta manera, se aplicará un criterio de exclusión del beneficio del subsidio si alguno de los integrantes del hogar cumple al menos una de las condiciones patrimoniales de posesión de 1 aeronave, 1 embarcación, al menos 2 propiedades inmuebles y si la antigüedad del automotor es menor a 5 años.

En segunda instancia, dentro del conjunto de hogares que no hayan sido excluidos por el primer filtro de selección, el acceso al otorgamiento del subsidio se definirá al comparar los ingresos declarados por los miembros de un mismo hogar.

También se analiza la biozona de residencia para lo cual se clasificarán seis niveles, desde muy cálido hasta muy frío, además de considerarse la media del mes actual a subsidiar para cada biozona específica, y la utilización de servicios como electricidad, gas natural y/o gas licuado de petróleo.

A su vez el monto a subsidiar siempre será un porcentaje de la Canasta Básica Energética necesario para garantizar que la misma no exceda el porcentaje de ingresos.

Otro de los programas sociales de mayor magnitud es el Plan Hogar, un subsidio directo creado por el decreto 470 de 2015 para garantizar el suministro de gas licuado de petróleo (GLP) envasado a usuarios residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, les confirmó esta tarde a los senadores del oficialismo que el Gobierno se hará cargo del aumento adicional retroactivo de la tarifa del gas.

Finalmente el Estado se hará cargo de ese monto adicional: cifra que rondaba los 10 mil millones de pesos. De acuerdo a lo que informaron, será abonado en 24 cuotas, que comenzarán a pagar a partir del mes de octubre del 2019 hasta el mismo mes en 2021.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió con los presidentes de bloque del Senado para lograr “una solución consensuada” a la polémica que se originó por el aumento y de esta manera desactivo una de las principales temas de agenda que tenía el gobierno en estos días.

La notificación llegó al Congreso de la Nación, luego de la advertencia de la oposición al Gobierno de intentar demorar el tratamiento y la aprobación del Presupuesto 2019.