El ministro de Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, recibieron a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Casa Rosada, en medio de la discusión de la Ley de Bases y de la posibilidad de que los gremios avancen con un nuevo paro general.

Los dirigentes gremiales se interiorizaron sobre el proyecto de Ley Bases y la eventual propuesta de reforma laboral. A su vez, dialogaron sobre la homologación de convenios y las futuras negociaciones paritarias.

Se trata de medidas que buscan impulsar la simplificación del régimen laboral, la regularización del empleo y la generación de puestos de trabajo de calidad en Argentina.

“Junto al jefe de gabinete y el secretario de Trabajo mantuvimos un encuentro con los secretarios generales de la CGT y dirigentes de múltiples entidades gremiales. En línea con las reuniones mantenidas con legisladores, gobernadores y dirigentes, seguimos dialogando con todos los sectores y trabajando para la construcción de consensos que nos permitan llevar adelante las reformas que necesita la Argentina”, señaló Francos luego del encuentro con la cúpula sindical.

La reunión, a donde llegaron los secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, el secretario general del Camioneros, Hugo Moyano; el titular de UPCN, Andrés Rodríguez; y el secretario general del sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, se extendió por más de dos horas y media. Una vez concluido el encuentro, la cúpula de la GGT se retiró en medio de un fuerte hermetismo.

En representación de los gremios, formaron parte de la reunión además Gerardo Martínez(UOCRA); Marina Jaureguiberry (SADOP); Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio); Susana  Benítez (SATSAID); Jorge Sola (Seguros); y Oscar Rojas (Maestranza).

Del lado del Gobierno nacional, el encuentro contó con la presencia del secretario de Interior, Lisandro Catalán y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.  Se trató de la primera vez que el Poder Ejecutivo y la CGT se ven las caras de manera oficial desde el inicio del mandato del presidente Javier Milei.

El cónclave comenzó poco antes de las 16.30 y se extendió hasta minutos antes de las 19. Algunos de los temas centrales fueron la situación de los salarios, paritarias y la amenaza del segundo paro general de la CGT al gobierno de Javier Millei.

Además, abordaron el proyecto de reforma laboral que está elaborando un grupo de diputados de la UCR, entre ellos, los legisladores Karina Banfi, Carla Carrizo y Fabio Quetglas. La iniciativa cuenta también con el apoyo de los bloques dialoguistas en el parlamento.

Algunos de los puntos principales del proyecto, que toma como base las modificaciones que ya incluía el DNU en esta materia, tienen que ver con la ultraactividad de los convenios colectivos, principio que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo.

Otro de los puntos calientes en la negociación con la CGT está vinculado a la limitación de las cuotas solidarias, uno de los instrumentos más importantes que tienen los sindicatos para financiarse a través de descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo.

Este elemento es uno de los que más interés reviste en los gremialistas, porque afecta directamente a los ingresos de los sindicatos. Sobre esta cuestión, el Ejecutivo había propuesto que dicho descuento debía contar con el “consentimiento” del trabajador para llevarse a cabo.

El acto no contó con la presencia del secretario adjunto de Camioneros e integrante del triunvirato cegetista, Pablo Moyano, el gremialista más crítico a la administración presidida por Javier Milei.

El sindicato de choferes de camiones, en tanto, mantiene un encono con el Gobierno producto de la no homologación de la paritaria, lo que suma mayor tensión en el ya complicado vínculo de Moyano y con el oficialismo.

En este sentido, fuentes cercanas al dirigente gremial indicaron ayer que el paro de camioneros “es una realidad” a pesar de los contactos entre la máxima cúpula sindical y el Ejecutivo.

A su vez, con relación a un eventual paro general, desde el sector más duro de la CGT, encabezado por el dirigente camionero, se mantienen firmes en su postura de no bajar la medida de fuerza a pesar de las promesas que pueda realizar el Gobierno durante la reunión de mañana.

En tanto, el momento de las definiciones con relación a las medidas de fuerza llegará mañana, cuando la CGT definirá si convoca a un nuevo paro general en su Consejo Directivo.

La relación entre el Poder Ejecutivo y la CGT se tensó no sólo tras la fuerte devaluación de diciembre, sino también por la implementación del DNU 70/2023, que tocó fibras sensibles en los sindicatos como las contribuciones y aportes obligatorios, más la mencionada reforma laboral.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 fue rechazado este viernes por el Senado de la Nación por 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones.

Este resultado vuelve a tensar la relación entre el Gobierno nacional y el Congreso de la Nación, luego de la reunión que se realizó hace poco menos de una semana entre los mandatarios provinciales y referentes del Poder Ejecutivo, en la Casa Rosada.

De esta manera, el decretazo que dictó el presidente Javier Milei, en diciembre pasado, llegará a la Cámara de Diputados en los próximos días para su tratamiento.

Si bien el resultado fue negativo en la Cámara alta, el DNU continuará en vigencia -a pesar de las trabas jurídicas que ya cuenta en diversas temáticas- hasta que no sea rechazado también por la Cámara baja.

De concretarse, recién ahí quedaría sin efecto.

Su tratamiento fue motorizado por voluntad de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, que lo incluyó en el temario oficial el martes pasado a sabiendas de que el rechazo era su destino final en el hemiciclo senatorial.

Villarruel venía de resistir varios pedidos para tratar el mega-decreto en el recinto, dos por parte del kirchnerismo y uno firmado por bloques federales, entre ellos, un radical.

El miércoles, en la reunión de labor parlamentaria, la Vicepresidenta intentó persuadir a los líderes de los bloques opositores para prorrogar la discusión del DNU.

La decisión de Villarruel de incluirlo en el temario generó un fuerte repudio en redes sociales por parte de la militancia mileísta y hasta el propio mandatario deslizó algunas directrices -negativas- al respecto.

De hecho, el nuevo aliado de Milei en el Congreso, José Luis Espert, puso en duda el objetivo de Villarruel con respecto a habilitar el debate: «No sé por qué lo hizo. Habría que preguntarle a ella que piensa».

Otro de los que sumó fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, que realizó declaraciones en esa línea: «Podría haberlo evitado, pero la presión la hizo incorporar este punto».

A pocos minutos de haber iniciado el encuentro en el despacho de Villarruel del miércoles, las cuentas oficiales de la oficina presidencial publicaron un duro comunicado contra los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados y el Senado, por intentar «imponer» una agenda por afuera del «Pacto de Mayo» y los nuevos lineamientos de la ley de Bases.

La acción fue leída como método de exposición de Milei a la Vice.

No es la primera vez que la fórmula presidencial se saca chispas a solo tres meses de haber asumido.

La última también fue a comienzo de esta semana, ya que el lunes, Villarruel se plegó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y retrotrajo el aumento del 30% en las dietas de los senadores, en medio de la polémica que escaló al Poder Ejecutivo y que terminó con el ministro de Trabajo, Omar Yasin, fuera del Gobierno.

De esta manera, la titular del Senado despejó la duda que merodeó durante todo el fin de semana sobre qué haría con respecto al incremento en los salarios de los legisladores.

Desde su entorno especificaron que fue por un pedido expreso de Milei, que durante el fin de semana motorizó el despido de Yasin.

Según se pudo saber de fuentes cercanas a Villarruel, la abogada aspiraba a consensuar la decisión con los titulares de los bloques.