El Gobierno nacional reglamentó, este jueves, la reforma laboral que establece la Ley Bases, aprobada en el Congreso el pasado 28 de junio.

A través del decreto 847/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo señaló que “el profundo cambio generará más oportunidades para el empleo registrado en el sector privado a través de la flexibilización de una serie de condiciones”.

Se refirió específicamente a un blanqueo de impuestos al trabajo, mayores facilidades para la contratación de empleados independientes y la posibilidad de acordar alternativas para el cese laboral que conforme a ambas partes.

Según el gobierno, el blanqueo es una herramienta que va a permitir enfrentar un  problema del mercado laboral, como el alto nivel de informalidad. Y entre los beneficios se destacan la
condonación de al menos 70 por ciento de la deuda por capital e intereses de los aportes y contribuciones patronales.

La condonación es mayor para las MIPYMES: o 90 por ciento para micro, pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro o bien  80 por ciento para medianas.

También se realizará la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y habrá un reconocimiento de hasta 60 meses de servicio a los trabajadores para el mínimo de años requeridos para el sistema jubilatorio.

Además, la reglamentación del sistema de cese tiene como principio básico la libertad de las partes, ya que genera un mecanismo que garantiza que solo pueda implementarse el sistema de cese acordado si tanto el trabajador como el empresario consideran que van a estar beneficiados en este nuevo sistema.

A partir de la reglamentación, los sindicatos y la patronal van a poder negociar, en el marco del convenio colectivo, un sistema de cese laboral que reemplace a la indemnización actual.

El cese será de “mutuo acuerdo y no se puede imponer” a ninguna de las partes, y se podrá implementar en tres formatos: Sistema de Cancelación Individual; Sistema de Fondo de Cese individual o colectivo y Sistema de Seguro individual o colectivo.

En el primero de ellos, el Sistema de Cancelación Individual, no se requiere la creación de un fondo o cuenta bancaria ya se trata de un pago directo del empleador y también se pueden definir las modalidades, plazos, montos o porcentajes de los pagos que deban abonarse al trabajador.

En el Sistema de Fondo de Cese individual o colectivo se realizan aportes mensuales que se van acumulando para ejecutarse ante las situaciones y circunstancias de cese laboral que acuerden en el convenio colectivo.

Además, las partes definirán un porcentaje de la remuneración o monto fijo que aportará el empleador para dicha cuenta individual o colectiva y la periodicidad de ese aporte. También podrán pactar libremente los montos que serán pagados en cada caso y las características para dichos pagos.

En el Sistema de Seguro individual o colectivo se podrá conformar un seguro de cese laboral con las aseguradoras habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

Para los trabajadores independientes se establece que el régimen creado por la Ley Bases se implementa mediante la figura del monotributo. Todos los empleados en esa modalidad deberán prestar una declaración jurada ante la AFIP, no podrán tener más de tres trabajos en forma simultánea.

Con respecto a la simplificación laboral, la reglamentación busca simplificar el proceso de registración laboral para fomentar la formalidad. Para ello establece que el contrato de trabajo se
considerará registrado cuando se hubiese inscripto al trabajador en los sistemas de la AFIP; independientemente de quien lo registre (empresa usuaria o empleador).

Acerca de la Presunción de contratos de servicios, la Ley Bases invierte la presunción de contrato de trabajo cuando se ejecutan obras o prestar servicios.

A partir de la Ley Bases si en la contratación de obras o de servicios profesionales se emiten los recibos o facturas correspondientes no se presume que haya un contrato de trabajo. A su vez, la reglamentación establece que este supuesto se aplicará más allá de la cantidad de facturas o recibos emitidos.

Con respecto a la Solidaridad, el artículo 92 de Ley Bases le permite a la empresa principal retener parte de los pagos que deba realizar ante el Estado por deudas con el sistema de la Seguridad Social de los contratistas o intermediarios.

Por último, y sobre el Período de Prueba, la Ley amplía el mismo de tres a seis meses. A su vez, permite extenderlo hasta un año siempre que se acuerde mediante un convenio colectivo.

200 días de gobierno y trece horas de debate es lo que le llevó al Gobierno aprobar la Ley de Bases y el paquete fiscal que le sirve para consolidar la meta de equilibrio en las cuentas públicas. Eso en cuanto a tiempos, pero arrastró una serie de costos políticos como el intento fallido del verano, hasta que este viernes a la madrugada la Cámara de Diputados le aprobara las primeras dos leyes desde que asumió el presidente Javier Milei.

Para la Ley Bases, el oficialismo y sus socios de bloques dialoguistas aceptaron todos los cambios aplicados por el Senado, cosechando 147 votos positivos, 107 negativos y dos abstenciones.

Quedaron afuera del paquete de empresas declaradas sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos, aunque se descuenta que el Gobierno volverá a la carga más adelante con leyes específicas para privatizar las empresas públicas que quedaron afuera.

La ley Fiscal se votó en cuatro pasos: primero se votó un artículo sobre gastos tributarios, luego se aprobó la insistencia en la reposición del impuesto a las Ganancias para trabajadores que ganen más de 1.800.000 pesos, y se siguió con la reforma del impuesto a los Bienes Personales que incluye una rebaja de alícuotas.

Para el final quedó la aprobación del resto del paquete fiscal, que comprende entre otros puntos un blanqueo de capitales, una reforma del monotributo y una moratoria impositiva.

La sanción definitiva de estas dos iniciativas representa un hito y una bisagra en la gestión del líder libertario por el volumen de reformas que contiene cada una de ellas, y fundamentalmente por el mensaje político que irradia hacia los actores económicos que están escrutando el devenir del país.

En un escenario de semejante inestabilidad económica, la noticia de que el Gobierno logró amansar al sistema político mediante acuerdos parlamentarios que cristalizaron en leyes insignia, no es poca cosa para Milei y un Gobierno que navega en la incertidumbre. (Con información de NA)

En la sede de gobernación, los estatales entregaron cientos de reclamos individuales y exigieron la devolución de los días de paro. Además se dirigieron a la legislatura, donde se pronunciaron en contra de la conformación de la Comisión para la reforma regresiva de la Caja Jubilatoria.

En una nueva jornada de lucha, tras la protesta y movilización en todo el país contra la Ley Bases, las y los estatales de ATE se movilizaron a la capital santafesina para repudiar lo que definieron como «una intentona de reforma regresiva de la Caja de Jubilaciones que propone, entre otros puntos, subir la edad jubilatoria».

La militancia rosarina marchó desde la gobernación hacia la sede legislativa, donde se realizó un acto junto a docentes y profesionales de la salud santafesinos. «Fue un grito común contra el ajuste a un sector tan perjudicado como el de los jubilados», manifestaron desde el sindicato. Posteriormente, se dialogó con legisladores y legisladoras que ingresaban al recinto, aunque se mostraron reparos para permitir el acceso, a pesar de que las sesiones son de carácter público.

«El principal argumento planteado por el gobierno es que los números de la Caja no cierran. Y estos números, pese a que deberían ser públicos, hoy no lo son. Las organizaciones gremiales le plantearon al gobernador que eso no justifica el cercenamiento de derechos en una provincia tan rica. Que, además, está alineada con Nación, que debería pagar lo que corresponde a Santa Fe».

Además, señalaron que hay sectores de la economía concentrada que no contribuyen a las arcas del Estado y que es allí y en el blanqueo laboral y pases a planta donde debería encontrarse la respuesta para la Caja de Jubilaciones.

La Secretaria General de ATE Rosario, Lorena Almirón, declaró: «Estamos por debajo de la línea de pobreza. En algunos casos, estamos por debajo de la línea de indigencia. Seguimos recibiendo aumentos a cuentagotas y, encima, nos descuentan por luchar”.

“Así que reclamamos al gobernador Pullaro al respecto y esperamos que nos devuelvan esos días porque fueron descuentos ilegítimos, que violentan el derecho constitucional a la huelga. Y que no avance con estas reformas que tanto daño pueden hacernos a las y los estatales”.

«ATE Rosario seguirá, como en esta semana, defendiendo y resistiendo en cada lugar donde se requiera, para evitar que los gobiernos ajustadores sigan avanzando sobre nuestros derechos. La caja no se toca”, concluyó Almirón.

El 12 de junio, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha conducido las acciones encaminadas al restablecimiento del orden en la Plaza Congreso y calles aledañas, cuando grupos sediciosos cometieron desmanes con la intención de interrumpir las sesiones del Honorable Senado de la Nación.

A consecuencia de dichos acontecimientos, ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro de la Gendarmería Nacional resultaron heridos y se registraron cuantiosos daños: Un automóvil incendiado intencionalmente, del mismo modo que la totalidad de las bicicletas del Gobierno de la Ciudad afectadas allí al uso público y diversos contenedores, entre otras cosas.
Hasta el momento, hay 33 personas detenidas, pero estimamos que habrá más, en la medida en que sean identificadas.

Interviene en la causa la juez María Romilda Servini y el fiscal Carlos Stornelli,a cuyo cargo están los detenidos.
Este Ministerio se presentará oportunamente como querellante, no sólo contra los individuos detenidos, sino también contra los que resulten identificados por las cámaras emplazadas en la vía pública y también a los líderes de las organizaciones a quienes respondieren los imputados.
Además, demandará los costos del operativo, los cuales están en proceso de determinación, ya que incluirán no sólo las erogaciones necesarias para el despliegue sino también los gastos de curación de los efectivos y también la reposición del material destrozado.

Sin perjuicio de la decidida y espontánea acción del fiscal y de la sólida actuación de la juez de la causa, nuestra querella apuntará a la comisión de los delitos de sedición, perturbación de sesiones del Congreso y estrago doloso (artículo 229, 241 y 186 del Código Penal) con el agravante del artículo 41 quinques, previsto para acciones terroristas.

La Cámara de Diputados retomará este martes a las 14 la sesión especial para continuar con el debate en particular de la ley de «Bases», sancionada el viernes último en general. 

De todos modos, en las últimas horas los legisladores -incluso de la oposición dialoguista- anticiparon que si bien «el martes comenzará el tratamiento» del proyecto, el trámite «va a ser largo» y «puede extenderse tranquilamente al miércoles y al jueves también», al anticipar que se tratará de un extenso debate que demandaría otras tres jornadas de discusión, como las que se necesitaron para sancionar la ley en general.

De acuerdo a las fuentes, la intención de algunos diputados es iniciar la sesión el martes a las 14 y pasar a otro cuatro intermedio a la medianoche, y retomar el miércoles para repetir esa estrategia, aunque no descartan seguir otro día más si no agotan las instancias de acuerdos.

Fuentes parlamentarias afirmaron que había consenso entre el oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista en que la votación se hiciera por capítulos y no por artículos, aunque autoridades del oficialismo se mostraron más prudentes con esa opción.

La Cámara de Diputados aprobó el viernes en general, por 144 a 109 votos, el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 14 para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.

La iniciativa cosechó el apoyo de 38 diputados de LLA, 32 de la UCR, 37 del PRO, 18 de Hacemos Coalición Federal, 9 de Innovación Federal, uno de Creo; uno de Avanza La Libertad, dos de Producción y Trabajo, dos de Buenos Libre, tres de Independencia y uno de Unión Mendocina.

Sin embargo, no pudo avanzar en la discusión en particular porque los bloques dialoguistas quieren otros cambios en algunos de los artículos, por lo que serán clave los acuerdos que se puedan lograr mañana en las conversaciones que el oficialismo mantendrá con diputados opositores que respaldaron el proyecto.

El artículo que genera mayores discrepancias es el reclamo de las provincias que piden la coparticipación del impuesto PAIS, que tiene una recaudación de unos 500 mil millones, una idea rechazada por el oficialismo que quiere terminar con ese gravamen a fin de año.

Los legisladores de los bloques dialoguistas podrían aceptar diferir esa discusión cuando se analice el pacto fiscal y el paquete tributario, si el Gobierno acepta reformar el articulo sobre el Fondo Garantía de Sustentabilidad para que asegure el flujo de fondos para aquellas cajas provinciales que están armonizadas con la Nación, como en el caso de Santa Fe y Córdoba, indicaron voceros parlamentarios.

De todas formas, otras de las cuestiones que se analizan por estas horas -sobre todo con los legisladores que responden a los gobernadores- son los alcances que tendría el impuesto PAIS, que se quitó del dictamen, y todos los aspectos vinculados con los reclamos de las provincias para saber si cuentan con esos legisladores para la sesión, y si eso se va a poner en consideración.

Los gobernadores siguen cuestionando la falta de acuerdos para coparticipar ese impuesto para las provincias y esperan que sea el propio ministro del Interior, Guillermo Francos, quien se vuelva a reunir con los mandatarios locales para destrabar esa cuestión.

Por su parte, los bloques dialoguistas -sobre todo los que pertenecen a las provincias- mantendrán reuniones presenciales o por Zoom para continuar analizando alternativas, aunque la última palabra la tendrá el Poder Ejecutivo.

Otro de los puntos donde aún hay discrepancias es en el paquete de las privatizaciones de las empresas del Estado, pese a que el jueves el Gobierno propuso quitar de esa lista nueve compañías.

Los legisladores señalan que hay un principio de acuerdo en este punto, pero tanto la UCR como Hacemos se oponen a las privatizaciones del Banco Nación y de Arsat.

Uno de los artículos establece que la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá «elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa y/o sociedad de propiedad total o mayoritaria estatal en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos; ese informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral en oportunidad de su publicación».

Las empresas que no quedarán sujetas a privatización, según esa propuesta, son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

El Gobierno mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT.

En tanto, otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Yacimientos Carboníferos Fiscal, y los medios públicos (Télam y RTA), entre otras, quedan sujetas a privatización.

En cambio, sí hay acuerdo en aprobar el artículo que establece la emergencia que quedó limitada a seis materias que son administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética, y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.

Pero donde hay disidencia es en algunos artículos donde se delegan facultades y donde algunos diputados piden que el Gobierno no tenga atribuciones para poder eliminar fondos fiduciarios que son importantes para las provincias, como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

El oficialismo se garantizó este martes el quórum para poder realizar en el último día de enero la sesión especial en la Cámara de Diputados y la votación favorable en general del proyecto de ley “Bases”, aunque aún persistían diferencias sobre la propuesta del Gobierno para tener autorización para privatizar una cuarenta empresas públicas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acordó con los jefes de bloques durante esta noche, previa a la sesión, que el tratamiento demandará unas 35 horas, comenzará a las 10 y a lo largo de la jornada se definirá a qué ahora se hará un cuarto intermedio, si se hará antes o tras la aprobación en general.

Asistieron a este encuentro, además de Menem, la vicepresidenta primera del cuerpo, Cecilia Moreau de Unión por la Patria (UxP); el vicepresidente segundo, el radical Julio Cobos; los presidentes de bloques de UxP, Germán Martínez; de la UCR, Rodrigo de Loredo; del Pro, Cristian Ritondo; de Hacemos, Miguel Angel Pichetto, y de la izquierda, Nicolás del Caño, entre otros.

Apenas arranque la sesión, que será la primera que conducirá el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado por LLA por La Rioja, Martín Menem, el cuerpo tomará juramento a los diputados nacionales Ernesto Ali (UxP-San Luis), intendente de La Toma que pidió licencia para asumir su banca de diputado, y Alida Ferreyra (La Libertad Avanza-CABA), que reemplazará a Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores.

Posteriormente, el plenario del cuerpo legislativo tendrá su hora y media de cuestiones de privilegio y declaraciones políticas, previo al debate del dictamen de mayoría.

Los cambios al dictamen de mayoría que se redujeron de 524 a 385 artículos se leerán al comenzar el debate que será abierto con el discurso que pronunciará el presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoromi.

El oficialismo se garantizó el piso de 129 diputados para habilitar la sesión, ya que tanto la bancada radical, el Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación anunciaron que colaborarán para conformar el quórum y anticiparon que votará en general el dictamen de la mayoría.

Lo que sucede es que la LLA tiene 38 diputados y 7 aliados firmes, pero necesita el respaldo de las tres bancadas dialoguistas para aprobar cada artículo de la ley y eso no lo tenía garantizada en algunos capítulos, como la privatización de empresas públicas.

Hasta ahora tiene garantizados más de 140 votos para la aprobación en general y necesita reunir por lo menos 128 sufragios -teniendo en cuenta que Menem no vota- para imponerse en cada capítulo del dictamen de un proyecto que tiene 385 artículos.

Tras quitar el capítulo fiscal y el sistema de actualizaciones de jubilaciones, los principales puntos del dictamen de mayoría que se debatirán serán la declaración de emergencia pública, la reforma del Estado, y las privatizaciones de empresas públicas.

Por ese motivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo hasta esta noche conversaciones con los bloques dialoguistas para superar las diferencias sobre privatizaciones, seguridad, pesca, hidrocarburos, biocombustibles y aumentos de impuestos internos.

En cuanto a las facultades delegadas, el Gobierno aceptó limitar la emergencia pública de once a siete materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, aunque aún había un pedido de Hacemos y la UCR de eliminar la energética, tarifaria y de seguridad.

Sobre las privatizaciones, el Poder Ejecutivo propone vender todas las empresas públicas -con excepción de YPF- y en el caso de Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

Ahí el radicalismo quiere que haya un compromiso para que el Gobierno envíe un proyecto por cada empresa que quiera privatizar, y Hacemos quiere eliminar de esa lista al Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica.

El presidente del bloque de diputados nacionales radicales, Rodrigo De Loredo, afirmó hoy que la UCR dará quórum para habilitar el debate del proyecto de ley “Bases” en la Cámara baja y confirmó que “acompañará en general” esa iniciativa para darle al Gobierno “las herramientas que necesita”, aunque exigió al oficialismo que sea “una sesión razonable”, sin “circos romanos”.

De Loredo ratificó que “daremos las herramientas para que un G

gobierno que recién inicia pueda llevar adelante su plan de gestión. A pesar de la desorganización con la que el Ejecutivo encaró el tratamiento, los agravios vertidos, no nos guían cuestiones personales, ni el apoyo a personas. Defendemos ideas y el interés del país. Argentina necesita estabilizar su economía y dar certidumbre”.

El bloque Hacemos Coalición Federal (HCF) anunció esta tarde que dará quórum este miércoles en la cámara de Diputados y acompañará en general en la sesión convocada por La Libertad Avanza (LLA) para tratar el proyecto de Ley Bases, aunque reiteró que planteará sus diferencias en la discusión en particular de la iniciativa.

La decisión fue adoptada en una extensa reunión de la bancada Hacemos, que preside Miguel Ángel Pichetto, con el fin de conciliar las diferentes posturas que tienen, ya que algunos legisladores respaldaron con disidencias el dictamen de mayoría y otros como la Coalición Cívica y el Socialismo junto al Gen presentaron sendos despachos de minoría.

Sobre la decisión de la bancada, el diputado santafesino Esteban Paulón dijo: “Los socialistas votamos en contra en general tal como lo venimos anticipando”.

En tanto, fuentes de la CC y del Gen señalaron que respaldan la postura de la bancada de apoyar en general y plantear diferencias en particular.

Desde el Pro, el jefe de bloque en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, expresó hoy que su partido “garantizará el quórum y la votación en general” del proyecto de Ley “Bases”, advirtió que ese texto “no se puede modificar más de lo que ya se modificó” y planteó que el Gobierno “necesita” que la iniciativa sea aprobada para luego sí poder ser evaluado “una vez que tenga las herramientas”.

El diputado remarcó que el PRO va a “apoyar todo” el dictamen de mayoría en la sesión prevista para mañana a las 10 en la Cámara baja y cuestionó que haya “más cambios” en el texto del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.

FUENTE: Rosario Plus