La diputada provincial Lionella Cattalini se refirió hoy a la imputación y prisión preventiva dictada contra el juez federal Marcelo Bailaque, al considerar que “la prisión preventiva a Bailaque es un hecho histórico para la provincia y para la justicia federal, que demuestra con claridad que es posible avanzar en las investigaciones de corrupción y narcotráfico”.

La legisladora destacó “la labor de los fiscales que, con valentía y coraje, llevan adelante esta causa”, y exhortó al Consejo de la Magistratura “a tomar dimensión de lo sucedido y avanzar con rapidez en quitarle los fueros a Bailaque”.

Cattalini remarcó que “la Justicia debe actuar con independencia y sin privilegios. La imputación de Bailaque demuestra que nadie debe estar por encima de la ley y que los abusos de poder no pueden quedar impunes”.

Finalmente, subrayó la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en el sistema judicial: “La sociedad necesita ver que aquellos que abusan de su poder enfrentan las consecuencias de sus actos. La lucha por un sistema judicial transparente es fundamental para recuperar la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones, y es nuestra responsabilidad garantizar que la justicia sea realmente para todos”.

La diputada provincial Lionella Cattalini celebró la decisión del Senado de la Nación de rechazar los pliegos de Ariel Lijo, propuesto por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema de Justicia. “Es una señal institucional que refleja la necesidad de contar con magistrados que realmente garanticen independencia, transparencia y un verdadero compromiso con la ley”, dijo.

La legisladora santafesina subrayó que Lijo es uno de los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura y enfatizó la necesidad de fortalecer la calidad institucional. “Las instituciones deben actuar con firmeza. La democracia se debilita cuando la impunidad se convierte en la norma”, sostuvo.

“Lo peor que nos puede pasar como sociedad es tener instituciones que no sean confiables, integradas por personas que favorezcan la impunidad o que vayan en contra de la ley. En este sentido, Cattalini señaló la situación del juez federal Marcelo Bailaque, a quien denunció ante el Consejo de la Magistratura. “Insto al Consejo a resolver esta situación de manera urgente y destituir al juez Bailaque. El entramado de corrupción que involucra a empresarios, sindicalistas y al juez es enorme. ¿Cómo puede un magistrado cuestionado por corrupción seguir tomando decisiones desde su despacho?”, afirmó.

Finalmente, la diputada destacó que la reforma de la Constitución de Santa Fe representa una oportunidad clave para fortalecer el sistema judicial. “Es fundamental que incorpore herramientas concretas para garantizar la independencia de la Justicia y evitar que los jueces actúen con impunidad. Esta reforma nos obliga a debatir qué Justicia queremos y cómo evitar que en nuestra provincia siga siendo un refugio de corrupción. Solo con cambios profundos lograremos un Poder Judicial que responda a la ciudadanía y refuerce la calidad institucional de nuestra democracia”, concluyó.

En el marco del debate sobre la reforma constitucional en Santa Fe, la diputada provincial y candidata a convencional constituyente, Lionella Cattalini, participó del evento “Justicia, Poder y Corrupción: Claves para pensar una nueva Constitución”, donde destacó la importancia de avanzar en una transformación profunda del sistema judicial para garantizar transparencia y fortalecer las instituciones.

Organizado por Comunidad de Ideas, el encuentro se realizó en la Facultad de Derecho de Rosario y contó con la participación de reconocidas especialistas en derecho y transparencia: Natalia Volosin, experta en derecho penal y corrupción, y Cecilia Goyeneche, ex procuradora adjunta y fiscal anticorrupción de Entre Ríos. La coordinación estuvo a cargo del periodista Hernán Lascano, coautor del libro “Los Monos” y autor de numerosas investigaciones sobre el crimen organizado y la corrupción en el sistema judicial.

En un auditorio colmado de estudiantes, Cattalini subrayó la necesidad de que la reforma constitucional establezca “un sistema judicial transparente, que rinda cuentas, con un Ministerio Público de la Acusación autónomo y mecanismos claros para la designación, sanción y remoción de jueces, fiscales y defensores”. También apuntó contra el funcionamiento de la Justicia Federal: _”La reforma es una oportunidad para discutir qué justicia queremos para Santa Fe y cómo evitamos que se convierta en un antro de corrupción como vimos en la justicia federal con el juez Bailaque”.

Por su parte, la especialista Natalia Volosin enfatizó que “lo más importante en cualquier reforma es garantizar la independencia del Poder Judicial”, y agregó: “En Argentina, los funcionarios judiciales carecen de garantías a la hora de tramitar causas vinculadas con el poder político, económico o empresarial. Es clave que los mecanismos de designación y remoción, el control del trabajo judicial y el acceso a la información pública sean transparentes y permitan la participación ciudadana”.

En la misma línea, Cecilia Goyeneche resaltó la importancia de fortalecer la figura del fiscal y su rol en la institucionalidad: “El trabajo de los fiscales es crucial tanto para la seguridad pública como para la investigación de la corrupción. Sin independencia ni recursos adecuados, su labor se ve limitada”. También subrayó la necesidad de crear “un mecanismo riguroso de control disciplinario, que garantice independencia pero también evite que el poder político utilice el castigo como herramienta de presión”.

El evento puso en agenda el debate sobre los cambios necesarios en el sistema judicial y el impacto que la reforma constitucional puede tener en la lucha contra la corrupción y la construcción de instituciones más democráticas, transparentes y eficientes.

La diputada provincial socialista Lionella Cattalini expresó su rotundo rechazo a la designación por decreto de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema, impulsada por el presidente Javier Milei. “Esta imposición es un verdadero escándalo, no sólo por el avasallamiento a la división de poderes y la forma autoritaria de gobernar, sino también porque Lijo es un juez sospechado, acusado de corrupción y de proteger a los corruptos”, señaló.

Cattalini subrayó que la trayectoria de Lijo está marcada por la ineficiencia y la falta de transparencia. “Es el magistrado más ineficiente de Comodoro Py, conocido por frenar causas clave que involucran a distintos sectores políticos, garantizando impunidad y corrupción”, alertó.

La legisladora provincial también advirtió sobre el mensaje peligroso que deja esta maniobra del oficialismo nacional. “Este decreto no es un hecho aislado, es una señal clara del modelo de país que Milei intenta imponer: un país sin equilibrio de poderes, sin controles, sin transparencia y sin justicia para los ciudadanos”, afirmó.

Por otra parte, Cattalini hizo referencia al caso del juez Bailaque. “En Rosario, la justicia también enfrenta un gran debate en torno a la corrupción, especialmente con las causas que involucran al juez Bailaque. Sus maniobras dilatorias constantes, que buscan alargar los procesos judiciales y evitar que se resuelvan, son un claro ejemplo de cómo el sistema judicial se ve afectado por un atraso institucional deliberado. Al igual que Lijo, Bailaque ha demostrado ser incapaz de resolver causas clave, favoreciendo la impunidad y protegiendo a los corruptos. Esta falta de acción solo refuerza la complicidad con los poderosos, garantizando que los responsables de la corrupción continúen impunes”, aseguró.

Por último, Cattalini reafirmó su compromiso con la defensa de las instituciones y el Estado de derecho. “Las instituciones no pueden ser avasalladas para beneficio de unos pocos. Seguiremos denunciando estos intentos de atropello y defendiendo una justicia que rinda cuentas y esté al servicio de la gente”, concluyó.

Organizado por la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, a través de las diputadas Varinia Drisun y Lionella Cattalini, junto a la ONG “Faro Digital”, se realizó este martes 10 de septiembre en Rosario una jornada sobre ludopatía y consumos problemáticos en entornos digitales, titulada: “Que el problema no te gane”.

“Cuando el juego deja de ser un entretenimiento pasa a ser un problema”, señalaron Drisun y Cattalini durante el encuentro del que participaron más de 200 personas, principalmente a docentes, educadores, representantes de instituciones intermedias e integrantes de equipos de trabajo del gobierno provincial, gobiernos locales, colegios profesionales y ámbitos legislativos.

“Es necesario abordar la ludopatía como un consumo problemático y en todas sus dimensiones: social, sanitaria, jurídica y cultural”, planteó Drisun, quien además presentó un proyecto de ley que busca abordar integralmente el problema.

A su turno, Cattalini señaló que es “estos tiempos, los consumos problemáticos no se limitan al abuso de sustancias sino también a actividades como los juegos de azar, y en los últimos años, especialmente, a los juegos de azar online”.

Y expresó una preocupación extra: “La influencia de los juegos de azar online se da especialmente en niños, niñas y adolescentes”, y planteó la necesidad de establecer regulaciones que protejan a estos grupos vulnerables frente al fenómeno, para ellos propuso “abordarlo de manera integral desde todos los organismos del Estado”.

“Nuestro objetivo es prevenir estos consumos y asistir de manera gratuita aa todas las personas que atraviesan esta situación, descriminalizando a quienes la padecen y respetando sus derechos”, explicaron Drisun y Cattalini.

“Caja de resonancia”

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García remarcó la importancia y la satisfacción de que la actividad se organice desde la Cámara que intenta ser “una caja de resonancia de lo que ocurre en la realidad y trabaja para abordar soluciones”.

“Hoy hay un contexto en donde los adolescentes tienen un contacto con la tecnología y el juego de una manera peligrosa, porque produce adicción, y desde nuestro lugar trabajamos para llevar soluciones”, sumó la presidenta de la Cámara.

Desde “Faro Digital”, tanto Milagros Schroder como Felipe Sala, indicaron que el desafío “es entender el rol de los adultos en el acompañamiento de los adolescentes y en cómo generamos hábitos saludables”.

Proyecto de ley

Entre los principales puntos del proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputadas y Diputados por Drisun, se propone garantizar el cuidado integral y confidencial de las personas afectadas y sus familias.

A ellas se les brindará atención accesible, de calidad y adaptada a las demandas de las personas con consumos problemáticos de juegos de azar.

En paralelo, la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe publicará información sobre juegos, páginas de apuestas y aplicaciones gratuitas. Y se creará un Registro de Autoexclusión para personas que voluntariamente desean autoexcluirse de participar en juegos de apuestas.

La diputada socialista Lionella Cattalini participó en Buenos Aires de la audiencia pública que se realizó en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del proceso de selección donde se debate el nombramiento del juez federal Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la jornada, representantes de las organizaciones, académicos y periodistas expresaron sus posturas.

Durante su exposición, Cattalini se refirió a la importancia de contar con una justicia transparente. “Sólo así podremos recuperar la confianza en nuestras instituciones y garantizar que la justicia funcione de manera efectiva y equitativa. La integridad y el compromiso diario de quienes ocupan cargos judiciales son fundamentales para asegurar que el sistema judicial sea un pilar sólido de la democracia y la equidad”, dijo.

“Además de ser un juez acusado de corrupción y de proteger a los poderosos, Ariel Lijo manifiesta que tiene “algunas dudas” con respecto a la aplicación del Sistema Acusatorio Penal en el fuero Federal. Y la verdad es que cierra todo. Estamos ante la posibilidad de tener a un juez acusado de corrupción, que protege a los poderosos, que descree de una justicia horizontal y transparente y además lo dice públicamente”, sostuvo Cattalini.

“Sepan que lo que pasa en Rosario y en Santa Fe con el narcotráfico es el resultado de una justicia federal que miró para el costado, y muchas veces fue cómplice para que los narcos ganaran poder en la provincia. Fue la justicia provincial y su sistema acusatorio, el que permitió encarcelar a Alvarado, a los Canteros, los Ungaro, los Bassi, los Camino, que son los principales clanes narcos de Santa Fe”.

La legisladora señaló también que “Lijo está entre los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura, con un promedio de 1,6 denuncias disciplinarias por año desde que ejerce como juez (32 denuncias totales). También fue denunciado penalmente por asociación ilícita, lavado de activos y soborno. De las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo, 26 continúan en período de instrucción. A su vez, de esas 26, 13 están en este estado hace 10 años o más. Las que están hace más tiempo llevan 17, 18 y 26 años y de las 89 causas, elevó a juicio oral solo 14, siendo el cuarto juez que menos casos elevó (15,7%)”.

Por último, Cattalini ratificó que “la designación de Lijo no sólo es un peligro para la institucionalidad del país, sino que también sería un retroceso para el sistema judicial argentino. La ciudadanía merece un poder judicial que actúe con total imparcialidad y con un compromiso absoluto hacia la administración de justicia”.

Rechazo de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, expresó su preocupación respecto a la postulación del juez Lijo para ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fundamentó esta inquietud subrayando los factores que generan dudas sobre la capacidad y la ética del magistrado, cuestionando su adecuación para integrar el más alto tribunal judicial.

La diputada provincial socialista, Lionella Cattalini, presentó un proyecto de ley para la creación del “Sistema de Seguimiento de Denuncias e Información a la Víctima”, bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación. Esta iniciativa tiene como objetivo principal mejorar la experiencia de las víctimas en el proceso judicial, haciendo más transparentes y ágiles los procedimientos de denuncia.

“Desde la sanción de la Ley 12.734, que estableció el Nuevo Código Procesal Penal en nuestra provincia, seguimos trabajando para garantizar una justicia más accesible y efectiva para todos los ciudadanos. El nuevo sistema propuesto permitirá a las víctimas de delitos acceder de manera fácil y en tiempo real al estado de sus denuncias. Esto incluye información detallada sobre el estado del procedimiento, el fiscal a cargo de la investigación y cualquier resolución pertinente que se adopte”, explicó Cattalini.

Entre las principales características del sistema se destacan el acceso remoto, desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que elimina la necesidad de visitas presenciales a dependencias judiciales. Además, los denunciantes tendrán la posibilidad de organizar reuniones virtuales con la unidad fiscal interviniente para resolver dudas y tener explicaciones detalladas sobre el proceso judicial.

“Este avance representa un paso significativo hacia una justicia más cercana y efectiva, alineado con los estándares de derechos de las víctimas consagrados en el Código Procesal Penal y la Ley de Víctimas Nro. 14181”, aseguró la diputada Cattalini.

En el mismo sentido, Cattalini señaló que “la creación de este sistema demuestra nuestro compromiso con la mejora continua del sistema judicial, asegurando que las víctimas sean tratadas con dignidad y reciban la información necesaria para entender y participar activamente en el proceso judicial”, concluyó.

La diputada provincial Lionella Cattalini (PS) presentó en la Legislatura provincial un proyecto de Ley para crear la Agencia de Fiscalización y Supervisión Económica, un organismo que se encargará de diseñar y desarrollar políticas de prevención, investigación y combate del lavado de activos. La agencia tendrá como principal objetivo analizar exhaustivamente toda la información económica y patrimonial que tienen la provincia y los municipios sobre actividades delictivas que permitan combatir y condenar la corrupción pública y privada.

“Tenemos que cortar con el flujo de financiamiento de las organizaciones criminales que operan en Santa Fe. Necesitamos un Estado eficaz que detecte irregularidades y genere alertas de lavado de activos, un delito que consiste en dar una apariencia de origen legítimo a bienes que son productos de ganancias de delitos graves como la venta de drogas por ejemplo. Con una firme decisión política podemos evitar que el dinero proveniente del narcotráfico ingrese en la economía formal, lo que contribuirá a debilitar a las bandas criminales y a reducir la violencia que estamos viviendo en Santa Fe”, declaró Cattalini.

En este sentido, la diputada socialista sostuvo que “los Estados provinciales y municipales son los que tienen una visión más cercana de la realidad económica y social de sus sociedades, por eso La Agencia no sólo contribuirá a fortalecer la red nacional de lucha contra la criminalidad organizada, incluyendo el lavado de activos y la corrupción pública y privada, sino que también podrá cooperar a nivel nacional e internacional mediante los organismos correspondientes”.

En el marco de este proyecto, Cattalini presentó un pedido de informes ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, a cargo del DR. Argibay Molina y ante la Cámara Federal de Apelaciones para conocer las causas de lavado de dinero y las investigaciones que se llevaron adelante en los últimos diez años. “Rosario necesita de los tres poderes del Estado trabajando mancomunadamente y en sintonía para poder salir a flote de la profunda crisis de seguridad en la que se encuentra”, concluyó.

La diputada socialista, Lionella Cattalini, elevó una nota al Consejo de la Magistratura nacional pidiendo la pronta investigación de Marcelo Bailaque, el juez federal penal N°4 de Rosario, denunciado por fiscales de Santa Fe por su presunta negativa a autorizar medidas de prueba para investigar a Esteban Lindor Alvarado desde el año 2013.

Si bien el Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió, en estos días, abrir un sumario para investigar al magistrado, Cattalini subrayó la necesidad de “avanzar con celeridad”. “La violencia en Rosario escala a velocidades mucho más rápidas que la justicia. Necesitamos saber por qué si tenía información, no accionó sobre Alvarado”, dijo.

En junio de 2022 varios fiscales provinciales pidieron al Consejo de la Magistratura que evalúe el trabajo del juez federal quien se había negado a intervenir teléfonos de tres personas vinculadas a Esteban Alvarado. Durante el juicio que enfrentó el jefe narco, Maximiliano Lencina, Comisario General de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, declaró que Bailaque se negó a profundizar las investigaciones ignorando los informes detallados con pruebas concretas que demostraban que Alvarado era el jefe de una banda narcocriminal.

Cattalini enfatizó que “fue la justicia provincial quien investigó primero y metió presos, tanto a la banda de Alvarado como a Los Monos por asociación ilícita, lavado de activos, extorsiones y asesinatos”. La Justicia Federal los condenó después por delitos de narcotráfico. “Nos preocupa que desde la implementación del nuevo sistema penal provincial en 2014, sólo en Rosario hubo muchas condenas por lavado de dinero impulsadas por fiscales provinciales, mientras que en la Justicia Federal de Rosario no tenemos datos”, manifestó la legisladora.

El martes 16 de abril habrá una audiencia por los crímenes a trabajadores, que en el mes de marzo aterrorizaron a todos los rosarinos y, justamente Esteban Alvarado podría estar involucrado. Al respecto, Cattalini expresó: “La justicia de Santa Fe está actuando con rapidez y necesitamos lo mismo de la justicia federal. No alcanza con el envío de gendarmes sino se materializa un compromiso de parte de esta de investigar y avanzar en causas de narcotráfico y lavado de activos. Ninguna ley o medida, en forma aislada, resolverá el problema, requerimos de cada una de las partes para enfrentar a las mafias”, concluyó.

La diputada socialista y vicepresidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Lionella Cattalini, realizó una visita a la estación policial del distrito sudoeste, sede del servicio de emergencias 911, donde junto a su director Pablo Polito, analizó los resultados positivos obtenidos durante el último mes bajo la administración de Unidos.

“En un mes de gobierno, se triplicó la cantidad de patrulleros en cuadrícula, y se extendió de manera significativa la presencia policial en todas las áreas de la ciudad de Rosario. Este incremento es vital para fortalecer la seguridad y garantizar respuestas rápidas a las demandas de la comunidad”, señaló. “Estas medidas sumadas a todas las implementadas por el gobernador Maximiliano Pullaro en las cárceles, tienen como único objetivo combatir el delito organizado y pacificar nuestra ciudad. Las amenazas, son la consecuencia de volver a tener un estado provincial con un plan de seguridad firme y coordinado con todos los poderes”, agregó.

La legisladora destacó las mejoras sustanciales en el sistema de emergencias 911, que redujo el tiempo de respuesta en 2 minutos. “Son resultados tangibles que reflejan el compromiso de Unidos en proporcionar respuestas rápidas y eficientes a las situaciones diarias de emergencia”.

Por último, Cattalini subrayó la importancia de estos avances como parte integral de la estrategia de seguridad y expresó su determinación de “seguir impulsando leyes que agilicen los procesos de trabajo”. “Aunque reconocemos que hay mucho trabajo por delante, ya se perciben transformaciones importantes que indican que Rosario está avanzando en la dirección correcta en términos de seguridad. Estamos comprometidos en construir una gestión más cercana a la gente, proactiva, ágil y eficiente”.