La concejala Susana Rueda manifestó su preocupación frente al recrudecimiento de la violencia en los barrios más vulnerables y lo ligó a la ausencia de políticas sociales por parte del Estado. 

Para Rueda, estos hechos tienen vínculo directo con la falta de políticas sociales en los territorios por parte del gobierno provincial: concretamente apuntó al vaciamiento del programa Nueva oportunidad y el Abre, llevados adelante por la anterior gestión y que hoy han sido suspendidos. “A partir de la instalación del nueva oportunidad en el 2013 las muertes de jóvenes de entre 15 y 30 años se redujeron en un 45%, si prestamos atención a las últimas muertes, todas están vinculadas a esa franja etaria. Esto está linkeado a la falta de funcionamiento del nueva oportunidad, o del Santa Fe Más o como quiera el gobierno provincial llamarle”.

Hace meses desde el espacio Rosario Progresista vienen denunciando el incumplimiento en el pago de las becas del Nueva Oportunidad y la suspensión de las actividades que los y las jóvenes realizan, lo que tiene un impacto negativo en la situación de quienes habitan en los barrios más pobres. “No es casualidad el recrudecimiento de la violencia y el aumento exponencial en los casos de balaceras y asesinatos, que hoy superan a la cantidad de homicidios del primer semestre del año pasado, si no que está directamente ligado a la ausencia de políticas sociales en  el territorio”.

La diputada del FPCyS presentó un pedido de informe donde destacó el impacto de “una política pública social innovadora” entre los jóvenes en situación de alta vulnerabilidad social. “Pareciera que sólo se puede hablar de emergencia y que todos los derechos de los santafesinas y santafesinos está supeditados a la sanción de una ley”, dijo.

La diputada provincial Lionella Cattalini (FPCyS) presentó un pedido de informes para conocer cuáles son las gestiones impulsadas por el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, tendientes a continuar o modificar la implementación del Programa Nueva Oportunidad regulado por el Decreto 2160/17 y, en el caso de tener previsto continuar y/o modificar esta política social, esbozar el plan de acción que se tiene pensado llevar adelante.

En su petición, la legisladora recordó que el Programa Nueva Oportunidad es una política pública social innovadora en la que intervienen el Estado municipal, el provincial y las organizaciones e instituciones sociales. Esta herramienta, explica, propone un abordaje integral de jóvenes en situación de alta vulnerabilidad social, a los que se acompaña en un trayecto pedagógico de capacitación y fortalecimiento de vínculos sociales, con herramientas concretas para que puedan construir un proyecto de vida.

“No es un dato menor que los índices de violencia en la provincia hayan ido disminuyendo durante su implementación”, remarcó la diputada, para luego afirmar que “la respuesta a la lucha contra la violencia y el delito tiene una fuerte arista social, y es la clave para resolver la problemática”.

“Sin embargo agregó Cattalini, en estos días vemos al ministro de Seguridad de la provincia (Marcelo Saín) haciendo declaraciones sobre la ola estacional de violencia que padece la ciudad de Rosario, donde la mayoría de las víctimas son jóvenes, sin hacer ninguna referencia a cómo incluirlos, acompañarlos y evitar que terminen en el delito”.

“Tampoco Al ministro de Desarrollo Social, (Danilo Capitani), quien no les dio ninguna precisión a las numerosas organizaciones sociales que participan de la gestión del Nueva Oportunidad sobre qué va a pasar en marzo con los recursos del programa”, prosiguió.

“Pareciera que sólo se puede hablar de emergencia y que todos los derechos de los santafesinas y santafesinos está supeditados a la sanción de una ley, incluidos los jóvenes”, cerró.        

ALCANCES DEL NUEVA OPORTUNIDAD

En la actualidad, más de 17.700 jóvenes de 28 localidades participan del programa en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, según se consigna en el pedido de informes. “Este dato crucial hace que el Programa se constituya en la primera experiencia inédita de una estrategia de intervención como esta en el país que logra alcanzar una escala potencialmente capaz de producir un impacto social significativo. Nos tiene que inquietar que exista la posibilidad donde deje de ser una prioridad esta herramienta tan transformadora”, advirtió Cattalini. 

Según señala el Decreto 2160/17, el Nueva Oportunidad trabaja “con jóvenes desde los 12 y hasta los 35 años en situación de alta criticidad social y extrema vulnerabilidad, debido a la exclusión del sistema educativo, de salud, productivo, y de sus vinculaciones con el sistema penal”. Habilita “lugares de contención y genera espacios de capacitación, escucha, acompañamiento y también de acercamiento de estos jóvenes a las instituciones estatales presentes en el territorio, con el objetivo de promover su empoderamiento, fortaleciendo los lazos sociales y las relaciones de convivencia”. 

El programa plantea el referido abordaje de jóvenes desde la grupalidad y su pertenencia a un territorio, a través de actividades de capacitación en espacios u organismos estatales, no estatales y organizaciones de la sociedad civil y el pago de un incentivo económico.

El pedido lleva las firmas de los diputados frentistas Joaquín Blanco, Lorena Ulieldín, Claudia Balagué, Érica Hynes, Mónica Peralta, Gisel Mahmud y Pablo Pinotti.