El diputado provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Rosúa, presentó un proyecto de ley para crear una Agencia Provincial contra el lavado de activos en la provincia de Santa Fe.  El proyecto apunta, de manera estratégica, a un trabajo conjunto entre el Estado provincial y los municipios para impedir que el dinero ilícito se incorpore a los circuitos de la economía formal.

“Los números difundidos en materia de seguridad pública en la provincia de Santa Fe son una clara muestra de lo que se puede hacer cuando se articulan políticas públicas entre todos los niveles del Estado. En los ocho primeros meses de 2024 se produjo una baja abrupta de los homicidios, que descendieron un 65%, y un descenso notable en los delitos predatorios”, sostuvo Martín Rosúa, diputado provincial UCR.

“Los resultados tienen que ver con tres elementos claves que están relacionados entre sí. Antes que nada, la decisión política del gobierno provincial de poner al Estado en el centro de la lucha contra el crimen organizado. En solo tres meses votamos la modificación del Código Procesal Penal; una ley de Inteligencia Criminal inédita para un Estado sub-nacional; la Ley de Narcomenudeo; la ley de Emergencia en Seguridad y la implementación de Juicios por Jurado. Proyectos del Ejecutivo que rápidamente fuimos acompañando desde la Legislatura”, agregó.

“En segundo lugar, la coordinación de recursos y estrategias entre Santa Fe y Nación. El gobierno de Javier Milei, con la ministra Patricia Bullrich, y el gobierno de Maximiliano Pullaro, con el ministro Pablo Cococcioni, están implementando acciones en forma coordinada y sostenida. Algo que no veíamos durante las gestiones anteriores”, relató.

“Por último, el tercer punto: la ruptura de las trabas ideológicas. Se soltó el ancla que impedía que se tomaran las medidas que los tiempos demandaban para una provincia en emergencia y con una crisis sin precedentes en materia de seguridad. Hablo de ataduras excesivamente garantitas y falsamente progresistas que nos impedían ir contra el delito organizado”, comentó.

“Para sostener estos números e incluso mejorarlo, creo que quedan dos líneas de trabajo. La primera es terminar con la puerta giratoria para los delincuentes, un reclamo histórico de la sociedad. Por eso propusimos una serie de medidas para evitar que los delincuentes anden sueltos por la calle. Pedimos modificar el Código Procesal Penal para establecer la prisión preventiva ante la reiterancia delictiva”, detalló.

“No podeos permitir que las personas que de manera reiterada aparecen como culpables o investigados por cometer delitos sigan los procesos en libertad.
Además de un marco legal que obliga al juez a dictar la prisión preventiva ante la solicitud del fiscal. Cuando el delincuente ya tiene una condena a prisión efectiva, así sea en primera instancia, el riesgo de fuga crece. No queremos más delincuentes en libertad”, remarcó.

“El otro punto pendiente y que debemos saldar en Santa Fe es la ruta del dinero de las organizaciones criminales. Por eso creamos la Agencia anti-lavado para evitar que el dinero ilícito del narcotráfico ingrese a la economía formal. El delito violento se combate atacando a las estructuras económicas”, explicó y al mismo tiempo agregó: “No vamos a reducir la violencia urbana sin atacar a la economía ilícita que la genera. Todos los niveles del Estado tienen que trabajar para perseguir activamente a los responsables de este tipo de operaciones financieras”.

“En mi mandato como concejal, dimos forma y sancionamos la ordenanza municipal en Rosario para crear la Agencia Antilavado. Ahora tenemos que contar con la misma herramienta para toda la provincia, articulado acciones con todos los municipios y las comunas de Santa Fe”, cerró el diputado.

La diputada provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), Silvana Di Stefano, junto a su par Georgina Orciani, y el presidente del bloque, Maximiliano Pullaro, presentaron un proyecto de Ley para regular y promocionar el teletrabajo en la administración pública provincial, de acuerdo a los derechos y obligaciones establecidos en la Ley 8.525 (Estatuto del personal de la Administración Pública).

En el proyecto, se propone incentivar esta modalidad como un instrumento para la generación de empleo, a través del uso de tecnologías apropiadas de información y telecomunicaciones, y contribuir a la conciliación de la vida laboral, familiar, y personal.

La Ley servirá también para garantizar los derechos laborales de las personas que prestan servicios bajo esta modalidad, generar espacios para la inclusión de personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, y contribuir a la preservación del ambiente y el desarrollo sostenible.

La disposición es aplicable a los agentes de todas las reparticiones de la Administración Pública Central, organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, y la autoridad de aplicación será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

“El propósito de este proyecto es diseñar políticas públicas con el fin de maximizar los beneficios de la digitalización y los avances tecnológicos que permiten el desarrollo de la modalidad del teletrabajo. Brindar un marco regulatorio que mejore las condiciones laborales de aquellos teletrabajadores que ya se encuentran incluidos en esta modalidad”, argumentó Di Stefano.

Por su parte Pullaro expresó: “Buscamos poner un marco regulatorio a una modalidad de trabajo que, a partir de la pandemia y sus consecuencias, se va a ampliar a muchas actividades. En el mismo sentido intentamos crear las condiciones para incentivar la generación de puestos de trabajo a través del uso de la tecnología”.

A su turno Orciani coincidió con sus pares de bancada “Antes del comienzo de la cuarentena nos hablaban de teletrabajo y resultaba algo extraño para muchos, teniendo en cuenta que en muchos lugares de nuestro país resulta imposible pensar el trabajo de esa manera. Incluso por tratarse de que debíamos hacerlo desde nuestras casas. Con los recursos disponibles y sobrellevando este momento inédito, muchos trabajadores lo tomaron como un desafío y debieron adaptarse al uso de la tecnología”, expresó.

Trabajo conjunto

El proyecto señala que la autoridad de aplicación deberá impulsar la implementación de esta modalidad de trabajo para el sector público provincial, en cooperación con las respectivas organizaciones sindicales, como también, generar políticas públicas que estimulen y fomenten su uso.

También deberá promover la adecuación de las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo, y generar programas de difusión, concientización y estímulo, tendientes a la adopción progresiva del teletrabajo por parte de las empresas privadas.

Voluntaria y reversible

Por otra parte, se aclara que la adhesión a esta modalidad es voluntaria tanto para el trabajador como para el empleador, y cuando se trate de un trabajador que al inicio de su relación laboral se desempeñaba bajo la modalidad presencial, deberá preverse la posibilidad de regresar a la condición anterior, fijándose un plazo de antelación mínimo de 30 días para notificar.