El Concejo municipal aprobó este jueves por unanimidad una nueva ordenanza que endurece los controles y sanciones contra las picadas ilegales y la conducción temeraria en Rosario. La iniciativa crea un “Protocolo de Actuación ante Pruebas de Velocidad Ilegal” y habilita operativos preventivos, secuestro de vehículos y multas que pueden superar los 2,5 millones de pesos.
La normativa, impulsada por la concejala Samanta Arias de La Libertad Avanza (LLA), apunta especialmente a intervenir en zonas donde vecinos vienen denunciando desde hace años carreras clandestinas y reuniones de motos y autos, como la costanera norte, barrio Alberdi, La Florida y sectores del sudoeste.
Entre los principales cambios, la ordenanza establece que la secretaría de Control y Convivencia deberá activar un protocolo obligatorio cada vez que detecte competencias ilegales. El esquema contempla operativos de “dispersión” en estaciones de servicio, playones y puntos de encuentro utilizados como previa de las picadas, además de controles “cerrojo” para impedir fugas y secuestrar vehículos involucrados.
También se fija un esquema de “control de saturación permanente” durante viernes, sábados, domingos y vísperas de feriados entre las 22 y las 6, aunque el municipio podrá desplegar operativos en otros horarios si lo considera necesario.
La norma endurece además el régimen de sanciones. Para una primera infracción, las multas irán de 300 a 600 unidades fijas, lo que equivale actualmente a entre $306.450 y $612.900, además del secuestro del vehículo y una inhabilitación por 90 días para realizar trámites vinculados a la licencia de conducir.
En caso de reincidencia, las multas podrán superar el millón de pesos y la segunda reincidencia habilita al municipio a solicitar la inhabilitación definitiva para conducir. El nuevo tope sancionatorio alcanza las 3.800 unidades fijas, equivalentes hoy a más de $3,8 millones.
Otro de los puntos incorporados es el decomiso de autopartes no homologadas utilizadas para aumentar potencia o velocidad, como escapes modificados o potenciadores. Según la ordenanza, los costos de extracción y desmantelamiento deberán ser afrontados por el infractor.
Además, para recuperar el vehículo retenido, será obligatorio presentar un certificado de seguridad vial emitido por un ingeniero mecánico matriculado que garantice que la unidad cumple con las condiciones exigidas por la Ley Nacional de Tránsito.
La ordenanza también crea un Programa Municipal de Concientización y Reeducación Vial antipicadas, de asistencia obligatoria para los infractores. El curso incluirá contenidos sobre riesgos de la conducción temeraria, consecuencias penales y testimonios de víctimas de siniestros viales.
Tras la aprobación, Arias sostuvo: “Creamos la normativa para que el Estado no llegue tarde, cuando la picada ya se está corriendo o se corrió y el riesgo o el daño ya se produjo”.
Y agregó: “Hoy Rosario tiene la herramienta para prevenir junto con la ley para castigar con una severidad inédita”.