La concejala Carolina Labayrú presentó en el Concejo municipal un proyecto de ordenanza que busca actualizar la normativa sobre espacios libres de humo para incluir de manera explícita a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos de administración de nicotina.
La iniciativa modifica la Ordenanza N.º 8.021, vigente desde 2006, que prohíbe fumar en espacios cerrados de acceso público, así como diversos artículos del Código de Convivencia Ciudadana. El objetivo es eliminar las ambigüedades existentes respecto del uso de dispositivos electrónicos de vapeo en comercios, instituciones, locales gastronómicos y otros ámbitos cerrados.
Según los fundamentos del proyecto, la legislación actual se refiere principalmente a cigarrillos y productos derivados del tabaco, lo que ha generado dudas interpretativas sobre si la prohibición alcanza o no a los vapeadores. La propuesta incorpora expresamente estos dispositivos a las restricciones ya vigentes para el consumo de tabaco, precisa el texto de la edila del frente Unidos.
La iniciativa también se apoya en estudios científicos recientes y en advertencias de organismos sanitarios sobre los efectos del vapeo. Entre otros aspectos, menciona investigaciones que vinculan el uso de cigarrillos electrónicos con la inhalación de metales tóxicos, daños pulmonares, inflamación respiratoria y riesgos cardiovasculares. Asimismo, advierte sobre la exposición pasiva de terceros a aerosoles que pueden contener nicotina, partículas ultrafinas y sustancias potencialmente cancerígenas.
Además de prohibir el uso de vapeadores en espacios cerrados, el proyecto amplía las restricciones vigentes sobre venta, publicidad y patrocinio. En ese sentido, incorpora a los cigarrillos electrónicos y sus insumos a las prohibiciones de comercialización para menores de 18 años, la venta mediante máquinas expendedoras automáticas y la difusión publicitaria de estos productos.
La propuesta también contempla la actualización de la cartelería obligatoria en los establecimientos alcanzados por la normativa, que deberá informar tanto la prohibición de fumar como la de vapear. Del mismo modo, prevé campañas de difusión y concientización sobre los riesgos asociados al consumo de estos dispositivos.
En materia sancionatoria, el proyecto incorpora multas para quienes utilicen cigarrillos electrónicos o vapeadores en lugares cerrados donde su uso esté prohibido. También establece penalidades para los responsables de locales que permitan estas prácticas, incluyendo multas, clausuras temporarias y, en casos de reincidencia, la posible caducidad de la habilitación comercial.
La iniciativa se enmarca en una creciente preocupación de autoridades sanitarias y profesionales de la salud por el aumento del uso de vapeadores, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Según se señala en los fundamentos, distintos estudios advierten que quienes utilizan estos dispositivos tienen mayores probabilidades de iniciarse posteriormente en el consumo de cigarrillos tradicionales.
El expediente comenzó su tratamiento en las comisiones de Gobierno y de Salud y Desarrollo Humano del Concejo Municipal, donde recibió despacho para continuar su recorrido legislativo.