Un proyecto presentado en el Concejo Municipal plantea crear un Régimen de Alquiler Social para facilitar el acceso a una vivienda digna a personas y familias en situación de vulnerabilidad habitacional. La iniciativa propone, entre otras medidas, utilizar inmuebles ociosos, abandonados y decomisados para ampliar la oferta de alquileres accesibles.
La propuesta del edil Leonardo Caruana toma como ejemplo el inmueble de tres pisos y 27 departamentos ubicado en Buenos Aires 1063, decomisado por el gobierno de Santa Fe en el marco de una histórica causa de fraude inmobiliario. Para los autores del proyecto, el edificio representa una oportunidad para poner en marcha una prueba piloto.
La iniciativa sostiene que el acceso a una vivienda adecuada no debe quedar exclusivamente sujeto al mercado y plantea recuperar la función social de los inmuebles mediante herramientas públicas que permitan reducir la exclusión habitacional y garantizar la permanencia de las familias en la ciudad.
El proyecto también cita datos de la Oficina Municipal del Consumidor, según los cuales durante el primer semestre de 2026 los reclamos vinculados al área Vivienda aumentaron un 42% interanual. Los conflictos relacionados específicamente con alquileres representaron la mitad de los reclamos del área y crecieron un 45% respecto del mismo período del año anterior.
Según los fundamentos, el principal cambio registrado este año está relacionado con las dificultades económicas para sostener los contratos de alquiler, más que con los tradicionales reclamos por incumplimientos contractuales o problemas edilicios.
¿Quiénes podrían acceder?
El régimen estaría destinado prioritariamente a personas y hogares con dificultades para acceder al mercado formal de alquileres, inquilinos en riesgo de desalojo y grupos considerados especialmente vulnerables.
Entre ellos, el proyecto menciona:
- Personas mayores.
- Familias monoparentales.
- Hogares con niñas, niños o adolescentes.
- Personas con discapacidad.
- Familias con dificultades económicas para sostener un alquiler.
- Personas que no pueden cumplir con las garantías o requisitos habituales del mercado inmobiliario.
La propuesta contempla además crear un sistema de garantías específico para quienes ingresen al régimen y establecer un canon locativo social con criterios de asequibilidad y sostenibilidad económica.
Qué inmuebles podrían incorporarse
El proyecto plantea que el municipio pueda gestionar la incorporación de propiedades al régimen mediante donaciones, cesiones, permutas, comodatos u otras modalidades.
También propone avanzar en la recuperación y puesta en valor de:
- Inmuebles decomisados.
- Propiedades abandonadas.
- Inmuebles ociosos o subutilizados.
- Bienes provenientes de procesos penales.
- Inmuebles afectados a herencias vacantes.
- Propiedades incorporadas mediante convenios con particulares.
- Bienes estatales que actualmente no tengan uso habitacional.
En particular, se plantea gestionar ante los gobiernos provincial y nacional la disposición de inmuebles ociosos, abandonados o decomisados para destinarlos a soluciones habitacionales.
Más oferta de alquileres accesibles
Entre los objetivos centrales de la iniciativa aparecen facilitar el acceso a una vivienda digna, utilizar inmuebles actualmente ociosos y reducir la distancia entre los ingresos de los hogares y los valores de los alquileres.
La reglamentación debería definir los criterios de selección de los beneficiarios, teniendo en cuenta los ingresos, la composición familiar, el nivel de vulnerabilidad y las dificultades para acceder al mercado formal.
También deberá establecer el valor del canon locativo social, los contratos, sus plazos y las condiciones de permanencia.
Los autores del proyecto remarcan que Rosario ya cuenta con antecedentes legislativos vinculados a la vivienda pública en alquiler y plantean que el nuevo régimen permita avanzar hacia un parque de viviendas sociales en alquiler, utilizando inmuebles que actualmente no cumplen una función habitacional.
Fuente:Rosario Plus