Un proyecto que avanza en el Concejo propone endurecer las sanciones para los conductores de motos que circulen con escapes libres, modificados, adulterados o antirreglamentarios. La iniciativa plantea multas de entre 1.000 y 1.500 Unidades Fijas, que a valores actuales representan entre $2,26 millones y $3,4 millones.
La propuesta busca modificar el Código de Convivencia Ciudadana y establecer una respuesta específica frente a una problemática vinculada con los ruidos molestos y la convivencia urbana.
El proyecto presentado por los concejales socialistas Federico Lifschitz y Alicia Pino sostiene que las sanciones vigentes no resultan suficientes para evitar que las infracciones se repitan y plantea sumar medidas sobre los vehículos que sean remitidos a los depósitos municipales.
Motos secuestradas
Uno de los puntos centrales es la creación de un procedimiento especial para las motos retenidas por infracciones relacionadas con escapes deficientes, libres o fuera de reglamento. Si el vehículo permanece en el corralón durante 15 días sin ser retirado por su titular o una persona con derecho legítimo, podría iniciarse el proceso para declararlo abandonado y avanzar con su descontaminación, compactación y posterior venta como chatarra.
Antes de tomar esa medida, el proyecto establece que deberán cumplirse distintas instancias de notificación y garantizarse el debido proceso. El titular registral deberá ser notificado y también se prevé la publicación de edictos, con un plazo de al menos cinco días para acreditar derechos y retirar el vehículo.
El régimen alcanzaría también a las motos que ya se encuentren actualmente en dependencias municipales por este tipo de infracciones, siempre que se respeten las garantías correspondientes.
Multas más altas y posible inhabilitación
La modificación propuesta establece multas de entre 1.000 y 1.500 UF para las motos que provoquen ruidos por encima de los límites permitidos o que tengan escapes libres, modificados, adulterados, antirreglamentarios o no homologados.
En caso de reincidencia, además de la sanción económica, se contempla una inhabilitación para conducir de entre 90 y 120 días, junto con una cláusula que plantea la posibilidad de una inhabilitación definitiva.
Los autores fundamentan la iniciativa en las normas nacionales y municipales que ya regulan las emisiones sonoras y las condiciones técnicas de los vehículos. También recuerdan que Rosario cuenta desde hace años con herramientas para remitir al corralón a las motos que circulan con escapes fuera de reglamento.
Motos que simulan disparos
El proyecto suma además un protocolo específico para los casos en los que las modificaciones de las motos permitan generar sonidos similares a detonaciones de armas de fuego.
En esas situaciones, la autoridad de aplicación debería remitir de manera inmediata las actuaciones, la identificación del conductor y los registros fílmicos al Ministerio Público de la Acusación (MPA). La intención es que la Justicia evalúe si la conducta podría constituir el delito de intimidación pública, independientemente de las multas correspondientes por la infracción de tránsito.
Fuente:Rosario Plus