La propuesta busca prevenir estafas y evitar que quienes compran tengan que descubrir después situaciones que deberían haber conocido antes.
“Hay muchos desarrolladores que trabajan bien, cumplen con los requisitos y tienen sus proyectos en regla. Pero cuando eso no sucede, el Estado tiene que garantizar que la información sea pública y accesible”, sostuvo.
Cattalini remarcó además que el proyecto no busca frenar la actividad privada ni avanzar sobre la autonomía municipal. “El inversor privado necesita autorizaciones del Estado para desarrollar un proyecto. Si decide comercializarlo, tiene que cumplir con esos requisitos. Lo que proponemos es que quien va a comprar pueda conocer esa información antes de poner sus ahorros en un lote”, señaló.
La iniciativa retoma el antecedente del Decreto 4109/16, firmado durante la gestión de Miguel Lifschitz, y propone aprovechar las herramientas digitales actuales para centralizar la información oficial de los desarrollos urbanísticos.
“Ya existe una experiencia en Santa Fe. Hoy podemos dar un paso más: que la información esté disponible para todos y que sirva para proteger a las familias”, concluyó Cattalini.