El debate por la actividad de los cuidacoches volvió a generar diferencias políticas en Rosario. La concejala Fernanda Gigliani, del espacio Iniciativa Popular, cuestionó el proyecto presentado por el intendente Pablo Javkin y advirtió que la propuesta municipal pone el foco en las sanciones y la prohibición, sin contemplar suficientemente las situaciones sociales, económicas y laborales de quienes encuentran en esta actividad una forma de subsistencia.
“No se entiende si quieren prohibir o regular”, expresó la edila al referirse a la iniciativa oficial y señalar lo que considera una contradicción en su contenido.
En ese sentido, Gigliani planteó la necesidad de diferenciar a quienes utilizan la actividad como fachada para cometer delitos de aquellas personas que la desarrollan como medio de vida.
“Hace años que venimos planteando que quienes usan de fachada la actividad de cuidacoches para delinquir deben ser sometidos a las leyes penales vigentes y para eso no se necesitan ni prohibición ni nuevas herramientas”, sostuvo.
Al mismo tiempo, remarcó que para quienes no cometen delitos la respuesta estatal debería ser diferente. “Para ese otro gran universo de personas que usan como sustento de vida la actividad de cuidacoches sin delinquir, la respuesta no puede ser la persecución y el castigo, sino que necesitamos trabajar en una solución desde una mirada integral”, agregó.
Un crecimiento del 150% y más de 9.000 actas sin cobrar
Según datos oficiales de la Secretaría de Control y Convivencia citados por Gigliani, la cantidad de cuidacoches en Rosario aumentó un 150% durante los últimos dos años, hasta alcanzar aproximadamente las 1.500 personas.
Además, se labraron 9.090 actas en el marco del artículo 300 del Código de Convivencia, que contempla sanciones vinculadas con esta actividad. Sin embargo, de acuerdo con la información presentada por la concejala, ninguna de esas multas logró cobrarse.
“Estamos hablando de según datos oficiales otorgados por funcionarios de la municipalidad, de 1500 personas, que muchas veces atraviesan situaciones de pobreza, desempleo, problemas de vivienda, adicciones o salud mental”, manifestó.
La legisladora también hizo referencia a las dificultades económicas que atraviesa una parte de la población joven y señaló que, según las cifras oficiales mencionadas, el 37% de las personas de entre 15 y 29 años se encuentra bajo la línea de pobreza.
“¿De verdad podemos pensar que una realidad de semejante complejidad se resuelve solamente con una prohibición?”, cuestionó.
La polémica por las excepciones que contempla el proyecto
Otro de los puntos cuestionados por Gigliani está relacionado con las excepciones previstas en la iniciativa municipal.
Según explicó, el proyecto establece inicialmente una prohibición general, pero posteriormente contempla situaciones en las que la actividad podría ser autorizada.
“Plantean una prohibición general en el primer artículo, pero luego establecen excepciones. Si la actividad se va a permitir en ciertos casos, entonces eso no es prohibir, sino regular discrecionalmente”, advirtió.
La concejala cuestionó especialmente que esa facultad pudiera quedar en manos del intendente sin intervención del Concejo Municipal.
Como antecedentes de modalidades de estacionamiento que funcionan en Rosario, mencionó las experiencias desarrolladas durante la Fiesta de las Colectividades y el cobro del estacionamiento en beneficio de la cooperadora del Hospital Dr. Juan Bautista Alberdi, ubicado en la zona norte de la ciudad.
Gigliani reclamó una solución integral y cuestionó las diferencias dentro del oficialismo
La representante de Iniciativa Popular recordó que desde 2022 viene impulsando propuestas para abordar la problemática y sostuvo que el municipio ya dispone de información y relevamientos que podrían utilizarse para desarrollar políticas públicas.
“Esto debería haberse trabajado mucho antes. No alcanza con agregar un artículo sobre inclusión social al final de una ordenanza cuyo eje está puesto en perseguir y sancionar”, afirmó.
Asimismo, aclaró que su postura no busca institucionalizar la actividad de los cuidacoches, sino encontrar alternativas que contemplen tanto la convivencia urbana como las situaciones de vulnerabilidad social.
“Nosotros no queremos que se instituya el trabajo de cuidacoches. Nadie quiere eso. Pero tampoco creemos que la solución sea perseguir, multar o privar de su libertad a personas que están intentando sobrevivir en un contexto de enorme deterioro económico y social”, expresó.
Finalmente, Gigliani señaló que observa diferencias de criterio entre los representantes del oficialismo respecto de cómo abordar la problemática.
“Creo que para que avance esta normativa, los concejales del intendente Javkin deben tener clara su postura ya que algunos hablan de llamar al 911, otros de prohibición absoluta y algunos de regulación y abordaje socio-laboral”, sentenció.
De esta manera, la discusión sobre los cuidacoches continúa abierta en Rosario, con posiciones diferentes respecto del alcance de las prohibiciones, las herramientas de control y las posibles alternativas de inclusión social y laboral.