El Concejo comenzó este miércoles el tratamiento conjunto del proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo para adherir a la ley provincial que prohíbe la actividad de cuidacoches en la vía pública. Durante una reunión de tres comisiones quedaron expuestas las diferencias entre los bloques políticos, principalmente en torno a las excepciones previstas en la normativa y las medidas de inclusión social para quienes realizan esta actividad.
El encuentro reunió a integrantes de las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, que analizaron el mensaje de la Intendencia para adherir a la ley provincial Nº 14.486. La iniciativa contempla sanciones para quienes ofrezcan espacios de estacionamiento o realicen tareas de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos a cambio de dinero u otros beneficios.
Desde el interbloque oficialista Unidos defendieron la prohibición como eje central de la propuesta, aunque destacaron la necesidad de contemplar situaciones sociales particulares. En ese sentido, respaldaron el artículo que permite al Ejecutivo establecer excepciones en determinados lugares y circunstancias, como podría ocurrir durante la Fiesta de Colectividades. También remarcaron que el Concejo tendrá intervención en la definición de esas autorizaciones por su competencia sobre el espacio público.
En cambio, los bloques peronistas y Ciudad Futura cuestionaron el enfoque prohibicionista al considerar que no resulta inclusivo y que criminaliza la pobreza. Propusieron avanzar con programas de desarrollo personal y reconversión laboral, solicitaron información más detallada sobre la población de cuidacoches y plantearon la participación de organizaciones sociales, entre ellas la Pastoral Social. Además, recordaron que el artículo 300 del Código de Convivencia ya establece restricciones sobre esta actividad.
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Durante la discusión también se expusieron cifras municipales que reflejan un crecimiento sostenido de la cantidad de cuidacoches registrados en la ciudad. Según esos datos, en 2024 había 573 personas dedicadas a la actividad, mientras que en 2025 eran 754 y actualmente la cifra asciende a 1.395. Esto representa un incremento del 153 por ciento en dos años, de acuerdo con lo señalado en la reunión.
Por su parte, La Libertad Avanza anticipó su respaldo a la prohibición, pero rechazó la posibilidad de establecer excepciones. Sus representantes también reclamaron precisiones sobre el protocolo de actuación que se aplicará para hacer cumplir la normativa.
El proyecto remitido por la Municipalidad propone modificar el Código de Convivencia Ciudadana para incorporar sanciones que incluyen multas, tareas educativas y de concientización y decomiso de elementos utilizados para desarrollar la actividad. Las penalidades se agravarían cuando existan amenazas o hechos de violencia, cuando las infracciones ocurran en determinadas zonas o cuando se identifique a personas que organicen la actividad.
La propuesta también incorpora medidas de prevención e inclusión social, en coordinación con el Gobierno provincial. Entre ellas figuran programas de capacitación en oficios, acceso al empleo, acompañamiento a emprendimientos productivos, terminalidad educativa y dispositivos de atención de salud mental y consumos problemáticos.