La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) logró frenar hasta febrero los 600 despidos que estaban previstos a nivel nacional como consecuencia del traspaso de hoteles y otros espacios pertenecientes a la obra social de las Fuerzas Armadas a la órbita del Ejército.
El resultado se alcanzó luego de un plan gremial que incluyó acciones judiciales y administrativas, reuniones políticas, difusión pública, asambleas, ollas populares, protestas, volanteadas y distintas actividades en los lugares de trabajo.
Sin embargo, desde ATE Rosario advirtieron que el conflicto continúa y que ahora los esfuerzos están concentrados en restablecer las prestaciones médicas, preservar la totalidad de los puestos laborales y conseguir una recomposición salarial para el personal.
En ese marco, autoridades de la seccional rosarina y delegados del sector mantuvieron reuniones con los dirigentes nacionales Florencia Carignano, Agustín Rossi y Caren Tepp, con el objetivo de impulsar medidas desde el Congreso.
Las gestiones derivaron en la presentación de un proyecto de declaración que exhorta al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Defensa a garantizar todos los puestos de trabajo del personal civil de IOSFA y OSFA, independientemente de su modalidad de contratación o vínculo laboral anterior al Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 88/2026.
La normativa dividió la cobertura del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas en dos organismos. Por un lado, creó OSFFESEG, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional y destinado a las fuerzas federales mediante un acuerdo con Medicus. Por el otro, conformó OSFA, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, para atender al personal militar activo y retirado, pensionados, agentes civiles y sus familias.
De acuerdo con ATE, IOSFA presentaba una estructura económica relativamente equilibrada cuando asumió el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. No obstante, el gremio sostuvo que diferentes decisiones administrativas y financieras provocaron un crecimiento exponencial de la deuda, que actualmente estaría estimada en unos 500 mil millones de pesos.
La reorganización, según la entidad sindical, no permitió sanear las cuentas y terminó trasladando la crisis a los prestadores locales. Esta situación afectaría actualmente a unos 320.000 afiliados de OSFA en todo el país.
Más de 3.700 personas sin cobertura en Rosario
El panorama resulta especialmente crítico en Rosario, donde más de 3.700 personas permanecen afectadas por la interrupción de las prestaciones. El universo incluye a militares activos y retirados, docentes y trabajadores civiles del Liceo Aeronáutico Militar, familiares y empleados del propio organismo.
ATE Rosario alertó que los cortes dejaron a los afiliados sin acceso adecuado a guardias, internaciones, cirugías, estudios y tratamientos. Al mismo tiempo, señaló que alrededor de 80 trabajadores locales enfrentan el riesgo de perder sus fuentes laborales.
“La situación en Rosario no admite más demoras ni parches administrativos: son 3.700 ciudadanos y ciudadanas sin acceso al derecho básico a la salud y 80 trabajadores con peligro inminente de quedar en la calle”, expresó la secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón.
La dirigente gremial reclamó la implementación inmediata de una respuesta sanitaria: “Necesitamos que se active un plan de contingencia que garantice al menos un efector en la ciudad que contemple de manera integral las guardias, internaciones, cirugías y tratamientos suspendidos”.
Por su parte, el secretario gremial de la entidad, Guillermo Grand, cuestionó el destino de los bienes pertenecientes a la obra social y pidió avanzar con una investigación sobre la situación financiera.
“Exigimos que se anule todo tipo de traspaso de bienes de la obra social al Ejército o a cualquier área. Y que se impulsen causas para la investigación de la deuda y el abandono de personas”, sostuvo Grand.
Aunque la postergación de los 600 despidos representa un avance para el sector, ATE Rosario anticipó que continuará con las gestiones políticas, judiciales y gremiales hasta obtener una solución definitiva que garantice tanto la atención sanitaria como la estabilidad laboral.