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Avanza el proyecto para evitar la discrecionalidad en la distribución de fondos del Plan Incluir

La iniciativa, que sanciona con fuerza de ley el programa y fija criterios objetivos para el reparto del dinero, obtuvo media sanción en el Senado y fue girado a Diputados para su tratamiento.

El proyecto del senador del Nuevo Espacio Santafesino (NES) que propone sancionar con fuerza de ley el Plan Incluir y establecer criterios objetivos para la distribución equitativa de los fondos de ese programa recibió este jueves media sanción en la Cámara Alta y fue pasado a Diputados para su tratamiento. Con esta iniciativa, el legislador justicialista busca terminar con la discrecionalidad a la hora de repartir los fondos.

El Ejecutivo provincial implementó por decreto el Plan Incluir en lugar del Plan Abre, pero que para ello antes había declarado inaplicable la ley 13.896 que había instituido el programa anterior a través de otro decreto, en una “decisión muy cuestionable”. “Lo dispuesto en el artículo 1° del decreto 1.184, en nuestro entender, planteó una situación reñida con los principios básicos en los que se sostiene el orden jurídico”, aseguró Traferri. Luego de proponer sin éxito al gobierno que enviara un proyecto a la Legislatura para dar rango de ley al Plan Incluir, el senador del NES decidió ingresar un proyecto propio, que ahora fue aprobado sobre tablas y por amplia mayoría.

Según esta iniciativa, el Plan Incluir tendrá varios objetivos, entre los que se encuentran “mejorar la calidad de vida de las personas y grupos familiares en los barrios mediante la generación de obras de infraestructura estratégica”, fortalecer “las redes sociales del barrio promoviendo el encuentro, la participación y la convivencia en el espacio público, para prevenir la violencia interpersonal” e impulsar la “participación social y ciudadana en espacios barriales”. También se plantea “abordar a las familias desde una perspectiva integral asegurando el acceso a derechos fundamentales” y generar “proyectos sociales para sectores con necesidades básicas insatisfechas y de vulnerabilidad social”.

El proyecto estipula además cómo se financiará el programa. Señala que el Estado provincial asignará anualmente fondos que tendrán que ser, como mínimo, el monto equivalente al 5 por ciento de lo recaudado en concepto del impuesto sobre Ingresos Brutos durante el año anterior. También se sustentará “con los bienes que la provincia reciba con este destino por medio de legados o donaciones”, “con créditos, aportes o subsidios provenientes del financiamiento nacional o internacional, oficial o privado, aprobados por la Legislatura” y “otros recursos que se destinen para este fin por leyes especiales”.

Un aspecto importante se encuentra en el artículo 3 del proyecto, que establece pautas objetivas para la distribución de los fondos. Así, estipula que un 30 por ciento del monto total “se distribuirá por partes iguales entre todos los municipios y comunas de la provincia”. Del resto, el 70 por ciento se distribuirá “en base a la población y en un 30 % en base a necesidades básicas insatisfechas”. Para todo ello se tomarán en cuenta los últimos datos oficiales publicados. Y se aclara que el gobierno deberá “publicar, en el transcurso de la segunda quincena del mes de febrero de cada año, los montos asignados a cada localidad”.

La iniciativa también le otorga un rol activo a la Legislatura, ya que crea una Comisión de Seguimiento, integrada por 3 senadores, 3 diputados y 6 integrantes designados por el Ejecutivo, que deberá analizar los proyectos elevados por autoridades municipales para la posterior asignación de los recursos, en el marco del esquema dispuesto.

Al momento de presentar el proyecto, Traferri había explicado que “el programa, el cual resulta de suma importancia considerando sus alcances y objetivos, ha generado en este tiempo reclamos de parte de jefes comunales e intendentes por la falta de equidad que se observa en los proyectos que se van aprobando a las distintas localidades, esto a la luz de la gran disparidad en los montos asignados”. Y que su iniciativa procura darle “al Plan Incluir un marco legal claro, acorde a la magnitud de sus objetivos, sostenido en principios de equilibrio y equidad que eviten todo tipo de arbitrariedades y discriminaciones”.

El senador del NES, jefe del bloque Juan Domingo Perón, señaló que la iniciativa se elaboró “tomando como referencia las leyes 12.385 de Obras Menores, la 13.896 por la cual se creaba el Plan Abre y el decreto 1.184/2020 en lo referido al Plan Incluir”. “A diferencia de lo dispuesto en el decreto, este proyecto incluye la constitución de un fondo determinado y específico que deberá calcularse anualmente, lo que asegura su importancia de manera obligatoria y permanente”, explicó el legislador sanlorencino.

“El aplicar un criterio claro prefijado evita cualquier tipo de arbitrariedad o discriminación, implementa una igualdad de tratamiento transversal, sin interferencias políticas permitiendo a los mandatarios locales el poder desarrollar sus proyectos sobre una base segura”, concluyó.

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