11.2 C
Rosario
lunes 22 julio 2024
spot_img

Rodenas pidió mayores garantías constitucionales al gobierno nacional

El Ministerio de Seguridad autorizó este lunes a las fuerzas policiales a utilizar sus armas de fuego contra otras personas en casos de fuga o para avanzar con una detención a quien represente “peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad”. En otras palabras, podrán tirar sin preguntar primero. La resolución 956/2018 publicada en el Boletín Oficial representa un “retroceso total y absoluto” a entender de la diputada nacional y ex jueza penal, Alejandra Rodenas.

“La democracia se constituye con garantías para todos. Debemos contar con una policía que se sienta garante de los Derechos Humanos”, expresó Rodenas. Además exhortó a “abandonar la falsa dicotomía según la cual si se defienden los derechos humanos no se persigue el delito. El garantismo es un modelo de concebir la persecución penal dentro de los Sistema Internacional de los Derechos Humanos, consagrado en nuestra Constitución Nacional. No significa puerta giratoria ni delitos impunes”.

“La sociedad está reclamando mayor presencia del Estado, seguridad y eficacia a la hora de recibir por parte del Poder Judicial sanciones que sean justas. Todos estos reclamos son claros y justos, pero no nos tienen que hacer perder de vista que esto debe hacerse en el marco de las garantías constitucionales del principio de inocencia”, enfatizó.

“Es fundamental e imperativo la regulación con normas claras del uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. Por un lado para instruir y que el propio policía tenga en claro cómo debe hacer su trabajo, para que pueda encarar las situaciones difíciles de su desempeño, pero fundamentalmente para que la población no vea agravada sus riesgos de inseguridad con un uso indiscriminado de la fuerza que reproduce la violencia”, pidió la diputada.

Además, remarcó que con la resolución “el país se aleja un poco más el Estado de Derecho”. En este sentido sumó que “la resolución constituye una violación al principio constitucional de la división de poderes. En efecto, por un lado, a través de un acto administrativo, el Poder Ejecutivo pretende legislar invadiendo facultades inherentes al Poder Legislativo. Por el otro, el Ejecutivo avanza sobre el Poder Judicial, porque, a fin de cuentas, quienes evalúan el uso legítimo o ilegitimo de la fuerza son los jueces en un proceso penal y no los Ministros.

 

⠀Leé también⠀

⠀Lo último⠀