Después de meses de conflicto, paros nacionales, movilizaciones multitudinarias y reclamos por el deterioro salarial, el Gobierno nacional acercó una propuesta de recomposición para los trabajadores de las universidades públicas que podría abrir una nueva etapa en la negociación con docentes y nodocentes de todo el país.
La oferta fue transmitida a las organizaciones sindicales a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, aunque todavía no fue formalizada mediante los mecanismos habituales de negociación paritaria, desde distintos sectores gremiales consideran que representa un primer paso hacia el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una de las principales demandas sostenidas por la comunidad académica durante el último año.
Una oferta para comenzar a recuperar salarios
De acuerdo con la información que comenzó a circular entre las federaciones universitarias, la propuesta contempla una recomposición salarial del 21,33% sobre los salarios básicos de mayo de 2026, con impacto en los haberes de junio y también en el cálculo del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre.
Además, el esquema incluye una nueva actualización del 3% en octubre y el compromiso de mantener abierta la discusión salarial en los próximos meses.
La iniciativa surge en un contexto de fuerte deterioro de los ingresos de los trabajadores universitarios, quienes vienen denunciando una pérdida sostenida del poder adquisitivo frente a la inflación y el congelamiento presupuestario que afectó a las casas de estudio de todo el país.
El resultado de una larga lucha universitaria
La propuesta llega luego de una intensa etapa de conflicto protagonizada por docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades universitarias.
Durante los últimos meses se realizaron paros nacionales, clases públicas, jornadas de visibilización y masivas Marchas Federales Universitarias que tuvieron una importante repercusión social y política.
Las organizaciones gremiales venían reclamando una recomposición cercana al 52% para recuperar el terreno perdido desde fines de 2023 y exigían la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso como herramienta para garantizar recursos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales.
La movilización logró unificar a todos los sectores de la comunidad universitaria, que advirtieron sobre las consecuencias del ajuste presupuestario en áreas sensibles como la enseñanza, la investigación, la extensión y el sistema de becas estudiantiles.
FATUN: “Es un avance, pero esperamos la comunicación oficial”
Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), su secretario general, Walter Merkis, confirmó la existencia de la propuesta, aunque aclaró que todavía no fue presentada formalmente por el Ejecutivo.
El dirigente sindical definió la oferta como una propuesta “tercerizada”, ya que llegó a través del CIN y no mediante una convocatoria oficial a paritarias.
No obstante, destacó que el ofrecimiento representa un avance importante luego de meses sin respuestas concretas.
“Nosotros recibimos esto a cuenta de la Ley de Financiamiento Universitario. Celebramos que el Gobierno empiece a cumplir con una ley que está vigente y está sancionada”, sostuvo.
Desde los gremios remarcan que el incremento propuesto constituye una señal positiva, aunque advierten que todavía resulta insuficiente para compensar la pérdida acumulada de los salarios universitarios durante los últimos años.
Expectativa en las universidades
La propuesta abre ahora una nueva etapa de análisis y debate dentro de las organizaciones sindicales, que deberán definir su postura una vez que el ofrecimiento sea formalizado oficialmente.
Mientras tanto, la comunidad universitaria observa con expectativa una negociación que podría comenzar a destrabar un conflicto que lleva meses impactando sobre el funcionamiento del sistema público de educación superior.
Para docentes, nodocentes y estudiantes, el desafío sigue siendo garantizar que la recomposición salarial venga acompañada por una recuperación integral del financiamiento universitario, condición que consideran indispensable para sostener la calidad académica, la investigación y el acceso a la educación pública en todo el país.