En una nueva reunión virtual semanal de la comisión del concejo Municipal con la conducción de la presidenta, Susana Rueda, de Rosario Progresista, y la participación de la vicepresidenta, Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura-FSP; Norma López y Alejandra Gómez Sáenz, del Frente de Todos-PJ; Ana Laura Martínez, de Juntos por el Cambio, y Daniela León, de Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio, se trato el valor elevado de los alquileres y la situación de los desalojos.
El ex concejal y presidente del Centro de Estudios Metropolitanos, Concejalía Popular, Nire Roldán destacó la presencia en la agenda pública del tema de la nueva Ley Nacional de Alquileres y el Decreto de Necesidad y Urgencia. DNU 320 del 2.020, que se vence este 30 de septiembre. También el espacio de debate para trabajar en políticas públicas para que se cumplan los derechos de los inquilinos.
El presidente de la Concejalía Popular remarcó que se pelea contra sectores corporativos que pretenden frenar estos avances y con la realidad en cuanto a la práctica de contratos informales en la renta de los inmuebles que favorece a todo tipo de incumplimientos.
Por otra parte, destacó que ninguna de las dos medidas nacionales antes referidas, tiene como consecuencia la suba en el valor de los alquileres, que sí está relacionada al puro abuso que existe en el mercado y a una especulación inmobiliaria.
En este sentido, explicó que muchas de las razones por la que se dictó el DNU, hoy en día siguen vigentes e instó a profundizar la herramienta de mediación obligatoria gratuita en todos lados. “Por eso hay que efectivizarlo en defensorías del pueblo; Oficinas del Consumidor; Colegio de Corredores Inmobiliarios; Colegio de Abogados y todos los institutos para garantizar y asistir a todos los contratos de alquiler”, precisó Roldán.
Asimismo, informó que se pidió prorrogar algunas herramientas del DNU, también poner en marcha un programa específico para el endeudamiento de los locatarios con herramientas como el ahora 12, 24 y 36 y la puesta en marcha del programa de alquiler social.
A su turno, el integrante de la Asociación de Inquilinos de Rosario, Emmanuel Canelli , puntualizó que existen 200 mil personas alquilando en Rosario, calificó a la situación actual como muy compleja y denunció que el Decreto no se cumple y que cotidianamente se da un intento sistemático de los corredores inmobiliarios respecto a desconocer las prórrogas automáticas del contrato con precios congelados y mismas condiciones, haciendo renovaciones retroactivas con aumentos.Si bien destacó la importancia del DNU, subrayó que si no se prorroga vendrán otros problemas como los aumentos que ya estaban previamente establecidos en los contratos.
Roldán planteó la posibilidad de trabajar en un registro municipal de contratos de alquiler para tener indicadores propios con información necesaria para desarrollar políticas públicas. Por ejemplo implementar un registro de vivienda ociosa, de contratos vigentes, de los inmuebles ofrecidos, los alquilados y los pedidos e inquietudes de los inquilinos. Todo esto, según Roldán, permite pensar en gravar la vivienda ociosa con mayor efectividad y aclaró: “Sería absurdo cobrarle una diferencia de dos o tres Tasa General de Inmuebles TGI a viviendas de narcotraficantes llenos de dineros y que se lo hacen alquilar a inmobiliarias truchas”.
Rueda adelantó que trabaja desde su bloque en una iniciativa con el tema de vivienda ociosa y alentó a sus pares de comisión a trabajar en ese registro municipal para brindarle fuerza institucional.
En su caso, Pellegrini, explicó que intentaron en varias oportunidades sin éxito, impulsar iniciativas respecto a un proyecto de inmobiliaria pública, división alquileres, que entre otras cuestiones preveía un registro por parte del municipio de los alquileres de vivienda y comercio. También aprobamos a principio de este año un proyecto donde planteamos la necesidad de reforzar mecanismos para la mediación gratuita obligatoria en el marco del DNU 320.
Roldán invitó a trabajar en conjunto con todos los bloques políticos para superar la política sectorial hacia una política pública. Respecto a la vivienda ociosa propuso crear además un organismo más severo donde se inhabilite al propietario y se genere un mecanismo donde el Estado disponga del inmueble por un tiempo determinado, con un contrato de tres años, donde esos fondos se destinen a una planta municipal de vivienda pública en alquiler. Para ello, sostuvo hay que establecer otro instrumento, además del registro de contratos, que es un servicio público del alquiler para que funcione dentro de la órbita del servicio público de la vivienda.
Susana Rueda cerró la exposición prometiendo avanzar en el trabajo de la comisión en un registro municipal de contratos de alquiler y campañas de difusión de la información a inquilinos.