El Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves, en una votación sobre tablas, una modificación clave en el sistema de taxis al extender la vida útil permitida para las unidades en circulación. La medida responde a un pedido presentado por la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (Atti) y la Cámara de Mujeres Taxistas (Camtar), que venían reclamando alivio ante el aumento de los costos de mantenimiento y renovación de vehículos.
La ordenanza establece que los taxis modelo 2015 podrán continuar prestando servicio por 24 meses adicionales, mientras que los modelo 2014 tendrán una prórroga de 12 meses y los modelo 2013 de 6 meses. Para acceder al beneficio, cada unidad deberá superar las inspecciones técnicas realizadas por el Centro de Inspección Técnica Automotor (Cita), requisito indispensable para garantizar las condiciones de seguridad.
Además, el Concejo aprobó un estudio de factibilidad para lanzar una campaña de difusión sobre la “tarifa promocional”, un beneficio vigente pero poco conocido entre los usuarios. Esta tarifa alcanza a jubilados y pensionados, estudiantes universitarios y terciarios, personas con discapacidad, personal de fuerzas de seguridad y bomberos. La iniciativa propone difundirla a través de las redes oficiales y el sitio web de la Municipalidad, las pantallas del transporte urbano de pasajeros y distintos medios de comunicación.
El objetivo es aumentar el uso de este esquema tarifario y facilitar el acceso de los grupos incluidos, que en muchos casos desconocen su existencia o los requisitos para utilizarlo. Desde los bloques que acompañaron la medida destacaron que una correcta difusión permitirá mejorar la accesibilidad del servicio y equilibrar la demanda.
En la misma sesión, el cuerpo legislativo aprobó un pedido de informe impulsado por el concejal Mariano Romero (Justicia Social). El documento solicita al Ejecutivo detalles sobre los mecanismos de control de las aplicaciones reguladas para el despacho de taxis y remises, en el marco de la ordenanza 10.544/23. También requiere información sobre eventuales incumplimientos detectados y las acciones aplicadas.
El planteo apunta a monitorear el funcionamiento de las plataformas autorizadas, que en los últimos meses recibieron cuestionamientos por demoras, fallos en la asignación de viajes y posibles irregularidades. El municipio deberá responder en los plazos establecidos por normativa.