Las comunidades educativas de la zona sur de Rosario atraviesan días de profunda preocupación luego de que varias instituciones fueran blanco de actos de vandalismo y la aparición de mensajes mafiosos durante las primeras semanas del ciclo lectivo.
Según denunciaron desde el sector docente, al menos cuatro escuelas públicas fueron atacadas durante la primera semana de clases, lo que incluso impidió el inicio normal de las actividades en algunos establecimientos. Entre las instituciones afectadas se encuentran las escuelas Nº 66 —que sufrió dos episodios de vandalismo—, la Nº 92, la Nº 393 (en el patio de la Nº 1280) y la Nº 526.
A estos hechos se sumaron en los últimos días nuevas situaciones de intimidación mediante mensajes de tinte mafioso que aparecieron tanto en escuelas públicas como privadas. Entre los espacios afectados figuran la escuela Nº 84, la Nº 825, el club La Madrid y un intento de ingreso a la escuela Kennedy Nº 1078 que finalmente no se concretó.
Desde el sector docente expresaron su solidaridad con las comunidades educativas de los barrios involucrados, señalando que estos episodios generan temor e incertidumbre entre estudiantes, docentes y familias.
“La escuela y la sala de salud barrial son instituciones de cercanía, enclavadas en zonas donde muchas veces constituyen la única presencia estatal no represiva y un espacio de contención para la comunidad”, señalaron.
En ese marco, cuestionaron las declaraciones del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien relativizó los hechos al afirmar que se trataría de denuncias entre bandas. Para los representantes gremiales, este tipo de episodios “atentan contra la educación y la convivencia social, mostrando una de las caras más crueles del avance de las economías delictivas”.
En el comunicado, Lorena Almirón, secretaria general, y Gustavo Terés, secretario adjunto, responsabilizaron al Gobierno Provincial y al Ministerio de Educación por la situación y reclamaron medidas urgentes para proteger a las instituciones educativas.
“No queremos que escuelas, hospitales o instituciones públicas se transformen en zonas liberadas para los grupos narcos”, advirtieron, al tiempo que exigieron garantías para que estudiantes y docentes puedan ejercer el derecho a la educación en condiciones de seguridad.