A una semana del ataque ocurrido en una escuela de San Cristóbal, el Gobierno de Santa Fe mantiene un operativo en la localidad con foco en la asistencia a la comunidad educativa y la reorganización de la actividad escolar. La intervención incluye equipos de salud mental, instancias de diálogo con docentes y familias, y un esquema de regreso a clases progresivo, condicionado por la evolución de la situación.
El ministro de Educación, José Goity, informó que se dispusieron dispositivos de acompañamiento para estudiantes, docentes y directivos, al tiempo que se elaboraron lineamientos para abordar situaciones de riesgo en el ámbito escolar. Según indicó, se trata de un trabajo articulado con otras áreas del Estado provincial, como Salud, Justicia y Seguridad, Niñez e Igualdad y Desarrollo Humano, además de organismos territoriales.
En paralelo, se definieron medidas excepcionales para el funcionamiento del sistema educativo en la ciudad. La Escuela Nº 40, donde ocurrió el hecho, permanecerá sin actividad presencial durante toda la semana por disposición judicial. En el resto de los establecimientos se suspendieron las clases por al menos 48 horas, en respuesta a pedidos de la comunidad, y se habilitó la continuidad pedagógica mediante tareas domiciliarias.
Desde la cartera educativa señalaron que el regreso a la normalidad no tiene plazos definidos y que se avanzará de manera gradual, en función de las condiciones emocionales e institucionales. También se distribuyó una circular a todas las escuelas de la provincia con orientaciones para actuar ante la detección de armas u otros elementos peligrosos, en un intento de unificar criterios frente a situaciones de violencia.
Por su parte, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad indicaron que la investigación sigue en curso y que no se descarta ninguna hipótesis. En ese marco, intervienen la Policía de Investigaciones y áreas especializadas de fuerzas federales.
En cuanto a Gino, el adolescente señalado como autor del ataque, fuentes oficiales confirmaron que se encuentra bajo intervención de organismos de Niñez, en el marco de una causa que se tramita con carácter confidencial por disposición judicial.
Mientras continúa el despliegue estatal, la localidad atraviesa días de fuerte conmoción, con instituciones educativas que intentan retomar sus actividades en un contexto atravesado por el impacto del hecho.