El crecimiento del endeudamiento de las familias rosarinas comienza a ocupar un lugar en la agenda del Concejo Municipal. El dato de que más de 137 mil personas del departamento Rosario tienen obligaciones en mora y que los reclamos por deudas ante la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos crecieron con fuerza durante este año encendió una discusión sobre las herramientas disponibles para prevenir el sobreendeudamiento y controlar las prácticas de las empresas que ofrecen créditos.
La preocupación quedó formalizada a través de dos proyectos presentados por la vicepresidenta del Concejo, Norma López, que plantean abordar el problema desde dos frentes: fortalecer el acompañamiento estatal a las personas endeudadas y profundizar los controles sobre billeteras virtuales, financieras no bancarias y plataformas de crédito digital.
Las cifras dimensionan el fenómeno. Según datos del Banco Central de la República Argentina y de la Central de Deudores correspondientes a abril de 2026, en el departamento Rosario hay 137.427 personas con obligaciones en mora. La cifra representa el 41,54 por ciento del total provincial y los pasivos acumulados superan los 2,47 billones de pesos.
El problema también aparece reflejado en las consultas y reclamos que recibe el municipio. Durante el primer semestre de 2026, el área Financiera de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios registró 1.631 expedientes, un 60 por ciento más que durante el mismo período del año pasado. Dentro de ese universo, los reclamos vinculados específicamente con deudas aumentaron un 90,7 por ciento. Relevamientos posteriores llevaron a 824 los expedientes relacionados con situaciones de endeudamiento.
El volumen de los números es uno de los elementos que empuja el tema desde el terreno de los problemas individuales hacia una discusión de política pública. “El endeudamiento dejó de ser un problema individual para convertirse en una problemática social”, planteó López.
En ese marco, uno de los proyectos busca que la Oficina Municipal pueda iniciar actuaciones de oficio sobre billeteras virtuales y entidades de crédito no bancario que operan en Rosario. El objetivo es detectar posibles cláusulas abusivas, falta de información sobre los costos reales de los préstamos, ausencia del denominado botón de arrepentimiento y mecanismos de cobranza que puedan implicar acoso u hostigamiento a los deudores.
La otra iniciativa apunta hacia el Gobierno de Santa Fe y propone que la Provincia profundice las tareas de fiscalización, investigación y eventual sanción de empresas que ofrecen créditos digitales. El planteo toma como referencia medidas adoptadas recientemente en la provincia de Buenos Aires, donde se avanzó en investigaciones de oficio sobre billeteras virtuales y entidades financieras y se requirió información sobre los criterios utilizados para establecer las tasas de interés.
Entre las empresas sobre las que se propone poner la lupa aparecen Mercado Pago, Naranja X, Ualá y Cencosud, además de otras firmas vinculadas al crédito digital. La intención es conocer, entre otros aspectos, cómo se determinan los costos financieros de los préstamos y bajo qué condiciones son ofrecidos a los usuarios.
La discusión cobró impulso también a partir de la visita al Concejo del ministro de Producción de laprovincia de Buenos Aires, Augusto Costa. El funcionario presentó ante los ediles la experiencia que se desarrolla en ese distrito, donde se implementaron mecanismos para investigar de oficio a empresas, controlar billeteras virtuales y entidades financieras, exigir explicaciones sobre las tasas de interés y avanzar con sanciones cuando se detectan posibles prácticas abusivas.
La experiencia bonaerense aparece así como uno de los modelos sobre los que se pretende discutir una respuesta local y provincial frente a una problemática que excede la relación entre un consumidor y una entidad financiera. La proliferación de préstamos digitales, la facilidad para acceder al crédito y las dificultades crecientes para afrontar las obligaciones plantean un escenario en el que las políticas de prevención y asistencia adquieren un papel cada vez más relevante.
“El Estado tiene herramientas para intervenir y proteger a los consumidores. No podemos esperar a que una familia llegue al límite para actuar”, sostuvo López. En esa línea, la propuesta apunta no sólo a intervenir cuando la deuda ya se volvió impagable, sino también a controlar las condiciones en que se ofrecen los créditos y garantizar que quienes los toman conozcan de manera clara cuánto terminarán pagando.