El emblemático centro clandestino de detención conocido como la Quinta de Funes fue incorporado al sistema de Comisiones de Espacios de Memoria de Santa Fe para garantizar su funcionamiento. “A 50 años del Golpe, esto nos parece un paso clave que jerarquiza uno de los lugares más significativos del circuito represivo de la última dictadura cívico-militar. Esta decisión constituye un acto de coherencia normativa, de justicia histórica y de fortalecimiento de la democracia santafesina”, expresó el diputado provincial, Joaquín Blanco. De esta manera, permitirá institucionalizar en este lugar la participación de organismos de derechos humanos, universidades públicas, organizaciones sociales, actores gubernamentales y legisladores.
Su inclusión a este régimen garantiza su gestión, preservación y promoción de políticas públicas de memoria previstas por la Ley Provincial Nº 13.528. Además, se incluyeron la Comisaría Cuarta de la ciudad Santa Fe, ubicada en calle Dr. Zaballa 2498, y el ex Servicio de informaciones de la jefatura de la policía de la provincia de Santa Fe (donde funciona el archivo audiovisual de los juicios de lesa humanidad) de calle Dorrego y San Lorenzo en Rosario.
“La Mesa de los Derechos Humanos de Funes realizó un trabajo militante incansable para recuperar este lugar como un sitio no solamente de memoria sino como espacio cultural y educativo para que los niños y niñas de las escuelas puedan conocerlo y puedan ejercitar una memoria activa”, agregó el legislador socialista.
La Quinta de Funes constituye uno de los lugares más significativos del circuito represivo desplegado en el sur provincial durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Ubicado en la intersección de la Ruta Nacional N.º 9 y la calle San José, en la ciudad de Funes, funcionó entre septiembre de 1977 y enero de 1978 como centro clandestino de detención, tortura y exterminio bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 121 del II Cuerpo de Ejército, dentro del esquema represivo de la subzona 21.
“La creación de estas comisiones permiten que no sólo el Estado gestione este espacio sino que suma a las organizaciones sociales, universidades y organismos de derechos humanos a la toma de decisiones sobre lo que allí sucede. En paralelo, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe ha impulsado un anteproyecto integral de preservación, reparación y puesta en valor del predio y el próximo miércoles 25 de marzo se van a abrir los sobres para esta licitación”, contó Blanco.
“La reciente consagración en la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe de una perspectiva transversal basada en los derechos humanos, la memoria colectiva y la participación ciudadana refuerza la obligación estatal de proteger, resguardar y promover los Sitios y Espacios de Memoria como patrimonio histórico, simbólico y educativo”, finalizó.