El gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, implementó mediante el Decreto Nº 1897/25 y su Anexo Nº 18338/25 el denominado “Incentivo a la Asistencia” destinado al sector de Asistentes Escolares. La medida fue adoptada de manera unilateral, sin instancia de negociación paritaria, y según denunció ATE Rosario, vulnera el convenio colectivo de trabajo de la administración pública provincial.
El incentivo establece que su cobro quedará condicionado a la ausencia de determinadas licencias y justificaciones previstas en el Decreto 1919/89. Esto implica que trabajadores y trabajadoras que deban recurrir a licencias por maternidad, enfermedades prolongadas —incluso oncológicas—, accidentes de trabajo, duelo familiar, inclemencias climáticas o días destinados a la prevención de la salud quedarán automáticamente excluidos del beneficio.
Desde el gremio sostuvieron que esta disposición reinstala el “presentismo” aplicado en la década del 90 durante el gobierno de Carlos Reutemann, una política cuestionada por mercantilizar la salud y generar presión insalubre sobre el personal. “Se trata de un ítem salarial discriminatorio que no contempla licencias de cuidado, recayendo principalmente sobre las mujeres, y que desconoce derechos básicos como la salud laboral y el derecho autónomo al cuidado”, remarcaron.
Además, ATE Rosario señaló que la medida vulnera la Ley 10052 y modificatorias, que establece que las condiciones de trabajo y régimen salarial deben fijarse mediante convenciones colectivas, así como también el Convenio 154 de la OIT, ratificado por la legislación nacional.
El sindicato advirtió que la iniciativa impacta con mayor dureza en un sector numeroso, feminizado y de los peores pagos de la administración provincial: los asistentes escolares. Según la organización, sobre sus salarios deteriorados y la falta de infraestructura y personal en áreas críticas como Salud, Educación y Niñez, se monta el superávit fiscal que el Ejecutivo provincial exhibe como logro.
En este contexto, ATE Rosario calificó la medida como una política regresiva, que profundiza desigualdades de género, debilita derechos adquiridos y coloca a los trabajadores en la disyuntiva de concurrir enfermos a su puesto para no perder un plus salarial.