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lunes 15 abril 2024

Cambiemos impulsa la quita de subsidios y multas a piqueteros

El bloque de Cambiemos presentó en el Concejo Municipal de Rosario un proyecto de ordenanza y decreto en el que propone aplicar una batería de sanciones para aquellas personas físicas o jurídicas que, en ocasión de manifestaciones públicas, cometan delitos o contravenciones.

Las penas que contempla la iniciativa son multas económicas, clausuras de hasta un año, arresto, suspensión de subsidios municipales y la posibilidad de cancelar las prestaciones sociales provinciales y nacionales, si recibiera. Para este caso, se establece una alternativa de revisión de pérdida de beneficio en caso que la persona o entidad involucrada ofrezca realizar alguna tarea social ejemplificadora para la ciudad.

“Si bien manifestarse es un derecho constitucional, el mismo no es absoluto y el ejercicio irrazonable de estos derechos, más aún cuando están motivados por intereses políticos a los esgrimidos públicamente, violenta no solo el derecho de libre circulación del resto de los habitantes, sino también de manera indirecta el de trabajar, comerciar, enseñar y aprender, entre otros”, argumenta el proyecto firmado por los concejales Carlos Cardozo, Renata Ghilotti, Germana Figueroa Casas, Agapito Blanco y Agustina Bouza.

En ese sentido, remarca que “con el correr de los años, muchas de las actuales organizaciones sociales se han politizado, utilizando de manera abusiva el corte total o parcial de calles como modo de expresión, a los fines de obtener por este medio concesiones de diversa naturaleza”.

Cabe indicar que el Municipio de Rosario destinó en el año 2018, una cifra de $121.736.406 en subsidios sociales y culturales a personas, y se prevé para el corriente año la suma alcance los  $175.366.000. “Nosotros creemos que estos recursos deben estar destinados a quienes realmente los necesitan y no a personas u organizaciones cuyos fines, muchas veces, no son genuinos y terminan afectando claramente a los trabajadores e incluso amenazando a quienes deciden cumplir con sus funciones”, manifestó Cardozo.

“Los beneficios, subsidios o aportes de cualquier naturaleza municipal que reciba el responsable del delito o contravención o la persona jurídica a la que pertenece serán embargables a los fines de la indemnización y reparación correspondiente”, reza el proyecto.

Por otra parte, la iniciativa también propone que la Web de la Municipalidad un listado completo en el que consten los subsidios, aportes no reintegrables o reintegrables parcialmente; exenciones de tributos y tasas; condonaciones de deudas; créditos promocionales; transferencias; cesiones de derechos sobre bienes muebles e inmuebles; así como cualquier otro beneficio económico sin contrapartida equivalente, otorgados por organismos y/o reparticiones del Municipio, con recursos propios o de terceros cuando éstos impliquen contraer deuda por parte de la ciudad.

“Aunque esta información es de carácter público, el acceso a la misma no es en absoluto sencillo para los ciudadanos”, señala el proyecto y agrega: “La implementación de este listado redundaría en un sistema de control para los propios organismos públicos, en pos de prevenir la posible, y habitual, duplicación o superposición de subsidios a igual beneficiario por parte de distintas dependencias, así como en eventuales rendiciones de cuentas posteriores”.

LA CONTRA RESPUESTA

Cabe destacar que las respuestas no tardaron en llegar de diversos sectores sociales, políticos y gremiales. Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) se expresaron en contra del proyecto ingresado por el bloque de Cambiemos en el Concejo Municipal, que preveé multas y retiro de subsidios a quienes participen en protestas callejeras.

“Es muy fácil ir contra los más vulnerables, cuya única forma de hacerse escuchar es cortando durante una hora una calle”, sostuvo Ignacio Rico, dirigente juvenil de la CTEP-Movimiento Evita.

“En vez de querer criminalizar la protesta, y sancionar a quienes protestan por sus derechos, habría que sancionar a los funcionarios que con sus decisiones afectan el bolsillo de todos los argentinos, y favorecen el saqueo de nuestro patrimonio”, sostuvo Rico, y agregó: “también podríamos sancionar a los empresarios que especulan con la tierra, y generan burbujas inmobiliarias, como la que existe en Rosario, con 60 mil inmuebles vacíos mientras nuestros compañeros se amontonan en barrios precarios”.

“No podemos olvidarnos de sancionar también a aquellos que participan activamente en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico; a aquellos que se quedan cruzados de brazos mientras nuestros pibes se desangran en ‘ajustes de cuentas’; a las grandes distribuidoras de energía que le roban hasta el último centavo a la gente; a los dueños de cadenas mayoristas que inflan los precios desmesuradamente, asfixiando a los pequeños almaceneros; a los empresarios del transporte que presionan para sostener un boleto impagable y un servicio deficiente; a las multinacionales que tienen miles de pibes y pibas precarizados, cobrando sueldos de hambre; a los terratenientes que envenenan el agua y la tierra con glifosato y monocultivo.”

Asimismo, Rico remarcó que “el proyecto no sólo nos perjudica a los movimientos sociales, si no que también va en contra de todos aquellos que salen al espacio público a protestar, como un pequeño grupo de vecinos que buscan que vuelva la luz tras largas horas de corte”.

“Llamamos a los concejales que impulsan el proyecto a trabajar en serio, sin mala leche, sin tratar de desviar la discusión de fondo que debe darse, que es cómo se frena el brutal ajuste económico que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri”, apuntó el dirigente.

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