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domingo 22 diciembre 2024
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Derribaron dos viviendas vinculadas a los crímenes mafiosos de marzo

Ambos lugares, ubicados en Misiones al 2100 y al 2200 en barrio Santa Lucía, habían sido tapiados a fines de agosto, pero luego fueron apropiados y volvieron a usarse para la venta de drogas.

El Gobierno provincial llevó a cabo este miércoles por la mañana un operativo en el que se derribaron un búnker y una edificación que funcionaba como aguantadero, ubicados en Misiones al 2100 y al 2200, en barrio Santa Lucía.

Los dos inmuebles que fueron demolidos estaban mencionados en la investigación de los crímenes del colectivero Marcos Daloia y del playero Bruno Busanich, ocurridos en marzo pasado.

El búnker ubicado en Misiones al 2100 había sido tapiado e inutilizado a fines de agosto. No había sido derribado entonces porque todavía era menester para la investigación judicial en curso. En aquel momento, el secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Omar Pereira había explicado que estos puntos “representan los dos lugares más simbólicos que tienen que ver con cuestiones dolorosas” que se vivieron en la ciudad de Rosario en el mes de marzo, “porque en estos dos domicilios es donde se concretaron todas las medidas preparatorias para la ejecución del terrible asesinato del joven en la estación de servicios”. “Acá se lo trajo al autor, al menor, acá se lo proveyó de la nota, del arma, etcétera, o sea que estamos hablando de un lugar fundamental para el trabajo de la justicia hoy”, había detallado.

Cabe recordar que operativos como este se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.

Los derribos de puntos de venta de droga son una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.

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