Tal como lo hizo el Ejecutivo con el servicio público de taxis y remises, la edil radical Anahí Shibelbein puso a consideración del Concejo un proyecto para eximir a los titulares de empresas de transportes especiales que trabajan con discapacidad del pago de los tributos 79 y 102 de la Ordenanza General Impositiva (OGI), los cuales representan unos $430.150 mensuales
Si bien el proyecto original planteaba una eliminación definitiva de dichos tributos, se llegó a un consenso con el municipio para que la eximición sea por 180 días con opción a extenderla 180 días más. La misma será aprobada este martes en la comisión de Presupuesto y busca ser un paliativo ante la preocupante situación que atraviesa el sector producto del feroz recorte que está llevando adelante el gobierno nacional en esa área.
“No podemos mantenernos al margen de lo que está sucediendo en materia de discapacidad, donde las políticas del gobierno nacional están desfinanciando un sistema que pone en riesgo a todo el sector, vulnerando derechos de las personas con discapacidad, con un fuerte impacto en su calidad de vida. Hoy los transportistas especiales están al borde del colapso, con aranceles congelados desde diciembre del año pasado y una estructura de costos que no para de subir”, disparó Schibelbein.
En ese sentido, la edil propone modificar los dos artículos mencionados de la Ordenanza General Impositiva de esta manera para reducir los costos de la actividad del transporte especial, la cual también debe afrontar aumentos en combustibles, seguros, repuestos y otros gastos inherentes a la actividad.