El bloque de legisladores y legisladoras Socialistas de la Cámara de Diputados de Santa Fe exigió la inmediata suspensión del titular de la fiscalía Regional 2 Rosario, Patricio Serjal, y del fiscal de la Unidad Especial NN Gustavo Ponce Asahad, “hasta tanto se aclare la actuación de ambos funcionarios”, involucrados en el cobro de dinero por parte de organizaciones delictivas, y requirió que se remitan todas las actuaciones a la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura –que ya fue convocada para el martes próximo- para que se evalúe el desempeño de los mismos y se proceda en consecuencia.
“Frente a las gravísimas declaraciones del fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, que vinculan a los fiscales Serjal y Ponce Asahad con el cobro de dinero a personas acusadas de cometer delitos para filtrarles información o no investigarlos, el bloque Socialistas considera que ambos funcionarios deben ser suspendidos provisoriamente de manera inmediata, mientras se realiza una investigación de fondo sobre su accionar”, señaló el diputado Joaquín Blanco.
En este sentido, desde el bloque Socialistas solicitaron a la auditora general de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, que “remita todas las actuaciones a la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura para que sean analizadas por sus integrantes, se analice la actuación de los funcionarios involucrados, y se dictamine sobre su accionar”.
La reunión de la comisión, integrada por legisladores y legisladoras de ambas cámaras, y presidida por el senador Raúl Gramajo, está convocada para el próximo martes a las 18 en Santa Fe. El diputado Pablo Farías y la diputada Lionella Cattalini estarán presentes en representación del socialismo. Allí se analizará la situación y se resolverá si debe procederse a iniciarles el sumario disciplinario respectivo.
Por otra parte, Blanco reivindicó el sistema de justicia penal vigente desde 2014. “Es de destacar que en un país donde el funcionamiento de la Justicia está fuertemente cuestionado, este organismo de la provincia de Santa Fe, el MPA, genere investigaciones que ponen sobre la mesa sus mecanismos de control interno, y apuntan a su propia depuración y, en consecuencia, a su transparencia”, sostuvo, pero fue enfático al afirmar: “De ninguna manera, los funcionarios que deben llevar adelante las investigaciones de los delitos en la provincia de Santa Fe pueden estar involucrados o poseer vínculos con el crimen organizado”.
“El nuevo sistema penal de Santa Fe se viene consolidando desde 2014, asumiendo cada vez un rol más protagónico dentro del sistema de justicia de Santa Fe y brindando cada vez una mejor respuesta y más ágil a las demandas sociales en esta materia. Hoy la ciudadanía puede saber qué es lo que sucede en cada proceso penal porque las audiencias ya no son inaccesibles y los jueces y fiscales deben informar lo que está ocurriendo. Este es un cambio fundamental porque permite conocer el funcionamiento de la justicia, evaluar y reclamar”, valoró.