La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), junto a los gremios provinciales que la integran, envió cartas a los senadores nacionales para exigir que se desestime el tratamiento del proyecto de reforma laboral que comenzará a discutirse en sesiones extraordinarias del Congreso. Desde la entidad señalaron que la iniciativa no contempla mejoras para los trabajadores y que se encuentra claramente inclinada a favor de las patronales.
En una misiva dirigida a la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Fesprosa detalló las consecuencias que tendría la aprobación de la nueva legislación sobre el conjunto de los trabajadores y, particularmente, sobre el sector de la salud, que nuclea a más de un millón de personas en todo el país, tanto del ámbito público como privado.
El documento advierte que el artículo 98 del proyecto prácticamente elimina el derecho a huelga, al exigir que durante las medidas de fuerza funcione el 75% de los servicios, un requisito considerado desproporcionado y muy por encima de los parámetros habituales. Además, los artículos 133 y 53 bis establecen la prohibición de realizar asambleas en los lugares de trabajo sin autorización de la patronal, lo que, según el gremio, constituye una violación directa del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
Otro de los puntos cuestionados es el artículo 137, que libera a los empleadores de la obligación de retener la cuota sindical, una herramienta histórica del movimiento obrero. Desde Fesprosa sostienen que esta modificación permitiría a las patronales utilizar la retención de aportes como un mecanismo de presión en medio de conflictos colectivos. A su vez, el artículo 139 elimina la tutela sindical para congresales y delegados suplentes, reduciendo la protección de los representantes gremiales.
En materia previsional, el texto alerta sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes jubilatorios, lo que implicaría un desfinanciamiento estimado en 2.500 millones de dólares para la ANSES, con impacto directo en las jubilaciones actuales y futuras. También se cuestiona el artículo 79, que excluye a los trabajadores de la salud pública del fuero laboral, obligándolos a litigar en el ámbito contencioso administrativo, históricamente desfavorable para los derechos laborales.
Finalmente, el artículo 91 prevé la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo y su reemplazo por el fuero contencioso administrativo con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que, según el comunicado, consolidaría un esquema judicial tradicionalmente alineado con el Estado y las patronales.
En el cierre de la carta, Fesprosa exhortó a la senadora Bullrich a abrir un amplio debate sobre el proyecto, suspender el proceso de votación y convocar a la sociedad civil, especialmente a las organizaciones de trabajadores, para que puedan expresar su posición antes de avanzar con una reforma que consideran regresiva.