El Gobierno de Santa Fe decidió intervenir la Unidad Regional II de Policía, con sede en Rosario, en el marco de una investigación por presunta malversación de fondos destinados al abastecimiento de combustible para móviles policiales. La medida incluye el desplazamiento del jefe de la fuerza, Daniel Acosta, y del jefe del Comando Radioeléctrico, Diego Santamaría.
La intervención, que se extenderá inicialmente por tres meses con posibilidad de prórroga, fue comunicada este lunes y responde al hallazgo de posibles irregularidades en el manejo de una partida de 45 millones de pesos —de un total de 380 millones asignados— destinada al suministro de combustible en la región. En reemplazo de las autoridades salientes, el Ejecutivo provincial designó como interventor a Claudio Romano.
Según fuentes oficiales, el desvío de recursos sería parte de una red estructurada para el uso fraudulento de insumos esenciales del sistema de patrullaje. La investigación está a cargo del fiscal José Luis Caterina, de la Oficina de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional Rosario, con apoyo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Subsecretaría de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad.
El escándalo se enmarca en una pesquisa iniciada hace diez meses, que derivó este lunes en 34 allanamientos simultáneos en Rosario y localidades del sur santafesino, totalizando 38 procedimientos en los últimos días. Las actuaciones incluyeron órdenes de detención y medidas en distintas dependencias policiales, aunque aún no se difundieron los nombres ni la cantidad de involucrados.