EL presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, encabezó este miércoles el acto de inicio del año judicial en el salón de actos de los Tribunales Provinciales de Rosario.
La jornada contó con la presencia de la vicegobernadora Alejandra Rodenas; el intendente Pablo Javkin; la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck; senadores santafesinos; y diputados nacionales y provinciales.
Al momento de exponer su discurso de apertura, el presidente de la Corte Suprema de Justicia estuvo acompañado por los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Mario Netri.
El presidente del máximo tribunal santafesino presentó un discurso sumamente crítico en el que marcó que «jueces y abogados deben asumir el impacto que la buena o mala litigación tiene en los procesos, los tiempos de la justicia y la calidad de sus decisiones», a la vez que consideró que «actualmente no se litiga demasiado bien».
Según planteó, esto sucede «porque no se asume la necesidad de una oportuna construcción estratégica del caso; ni los jueces la función o rol que deben cumplir, mucho menos cuando la falta de audiencias públicas permite trabajar de espaldas a la gente, de modo cuasi secreto».
Igualmente, Erbetta señaló: «Reivindicamos el sistema de audiencias públicas y orales pero los jueces debemos internalizar que tenemos una responsabilidad con el caso, dentro de la audiencia pero también por fuera de la audiencia porque la falta de dirección y ejercicio de la función impacta además en todo el sistema de organización y gerenciamiento. No es posible que haya audiencias preliminares que admitan 300 o 700 testigos, sin exigir ni evaluar la pertinencia, la validez y la no sobreabundancia».
«Es -continuó- inaceptable que haya tribunales que demoren entre 6 meses y hasta 1 año para dar los fundamentos de sus veredictos; que los recursos de apelación se conviertan en un segundo juicio ordinario o los recursos extraordinarios en un tercero. Tampoco es posible admitir sentencias burocráticas o conceptualistas, de 50, 100 o hasta miles de páginas repletas de derivaciones que no guardan relación con el caso, cuando reclamamos lenguaje claro y acceso a la justicia».