Los profesionales de la salud nucleados en Siprus volveran a ganar las calles el próximo 7 y 8 de julio para reclamar la reapertura de paritarias y la convocatoria a la paritaria nacional de salud.
Desde el gremio Fesprosa establecerion que en la jornada también se reclamará por la desprecarización laboral de los trabajadores, el cobro inmediato del bono, y el cese de la represión y persecución contra los trabajadores de la salud que protestan, en particular en las provincias de Córdoba, Tucumán y Río Negro.
La semana comenzará con la puesta de una carpa en el Hospital del la Madre y el Niño el lunes 5 y por tiempo indeterminado en La Rioja, y una movilización frente a la Casa de Gobierno en La Pampa, reclamando por salarios, paritarias y condiciones de trabajo.
Continuará el martes, con el comienzo de 72 horas de paro en Chaco, y movilización a la Casa de Gobierno.
El 7 y 8, todas las organizaciones confluirán en distintas acciones. Habrá movilización frente a la Maternidad provincial de Córdoba y en la ciudad de Alta Gracia; y paro con movilización frente a la Casa de Gobierno en Tucumán.
En tanto, el 8 habrá jornada provincial con paros y movilizaciones en todos los hospitales de Río Negro. Santa Fe hará lo propio con movilizaciones en Santa Fe, Rosario y Reconquista.
Desde el lunes también realizarán acciones con movilización al Ministerio de Salud de Rawson en Chubut que culminará con movilización general los días 7 y 8 en toda la provincia.
También se producirán acciones a definir en CABA, Buenos Aires, San Luis, Tierra del Fuego y otras provincias.
En el Encuentro Nacional hubo amplia coincidencia en que los gobiernos, tanto nacional, provincial y municipal, mantienen el doble discurso frente a los trabajadores de la salud. Por un lado aplauden y agradecen, y por el otro mantienen condiciones de trabajo que llevan al agotamiento de los equipos, bajos salarios, trabajo precario, en muchos lugares con acoso y represión a quienes reclaman, y sin una convocatoria a la paritaria nacional de salud, instrumento para fijar un piso de derechos para el medio millón de trabajadores de la salud pública que le está haciendo frente a la etapa más dura de la pandemia.