Durante el encuentro, los funcionarios nacionales y provinciales –encabezados por la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, y el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni– firmaron tres acuerdos que permitirán articular e implementar medidas concretas en el ámbito de justicia y seguridad.
Los mismos buscan potenciar y fortalecer la capacidad de acción de las fuerzas de seguridad santafesinas a la hora de prevenir y perseguir los delitos cometidos en el territorio de Santa Fe, como también implementar las políticas nacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de forma conjunta con la provincia.
El convenio específico, que lleva las firmas de Soria y Brilloni, implementa un sistema de intercambio de información, mediante el acceso por parte del Ministerio de Seguridad de Santa Fe a la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor (DNRPA).
Gracias a este acuerdo, la cartera de Justicia otorgó al Ministerio de Seguridad provincial el mismo tipo de acceso a la base de datos informáticos de los Registros de la Propiedad del Automotor, que utilizan exclusivamente la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a través de los motores de búsqueda habilitados para tal fin.
A partir de este momento, las autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Fe podrán utilizar la información almacenada en el DNRPA para comprobar en tiempo real la verdadera titularidad de los vehículos demorados o investigados por la Policía, como también examinar si sobre ellos pesan pedidos de secuestro, prohibiciones de circular, cautelares u otras medidas judiciales.
El acceso inmediato y la operación remota al sistema de información de la DNRPA por parte de Santa Fe estará a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, organismo competente en la materia que desarrolla sus funciones en la órbita del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. La Dirección se ocupará de garantizar el acceso y fiscalizar el uso de la información por parte de la cartera de seguridad santafesina, con el objetivo de controlar el cumplimiento de la Ley 25.326, que regula el uso y protección de los datos personales de las personas almacenados en organismos públicos.