El Poder Ejecutivo formalizó este miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario y remitió la decisión al Congreso, donde la oposición analiza si intentará revertirla en una sesión especial la próxima semana. Para hacerlo, deberá reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras.
La iniciativa, aprobada en agosto con una amplia mayoría, establecía la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y partidas de investigación. También ordenaba reabrir paritarias para docentes y no docentes en un plazo de 90 días, y aumentar las becas estudiantiles.
En los fundamentos, la Casa Rosada sostuvo que el costo fiscal estimado en más de un billón de pesos para 2025 comprometería el equilibrio de las cuentas públicas y sólo podría financiarse con emisión, lo que —según advirtió— “aumentaría la inflación y afectaría a los sectores más vulnerables”. El Gobierno también consideró “genéricas” e insuficientes las fuentes de financiamiento planteadas en la ley.
La oposición debatía este jueves cómo responder. Algunos bloques impulsan rechazar de inmediato el veto para capitalizar el traspié electoral que sufrió Milei en la provincia de Buenos Aires y la tensión con los gobernadores, mientras que otros sectores plantean esperar para no exponer divisiones internas.
La respuesta de los gremios
La respuesta de los gremios universitarios no se hizo esperar. Tal como lo habían anticipado, confirmaron medidas de fuerza y convocaron a una nueva marcha federal universitaria en repudio al veto presidencial.
Tanto los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en Coad como los no docentes agrupados en Apur informaron acciones de alcance nacional con impacto directo en Rosario.
Las medidas de fuerza se llevarán a cabo con una huelga general de todos los gremios universitarios el viernes 12 de septiembre.