Por Beatriz Priotti
La reforma a la Ley de Inteligencia es la legalización del espionaje interno. El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica el sistema de inteligencia nacional convierte al secreto en regla y a la vigilancia en política de Estado. Cuando todo es encubierto, nada está verdaderamente protegido. Al declarar que todas las actividades de inteligencia pasan a ser secretas, el decreto no fortalece la seguridad: habilita la criminalización de la vida política, sindical, empresarial y social.
En este esquema, nadie queda afuera. Dirigentes políticos, sindicatos, empresarios, organizaciones civiles y ciudadanos comunes pasan a ser potenciales objetos de observación permanente, sin límites claros ni controles efectivos. Una inteligencia completamente encubierta no previene delitos: fabrica sospechosos. No se amplía la seguridad; se amplía el poder de vigilar, disciplinar y condicionar a quienes piensan distinto o ejercen influencia en la sociedad.
Este uso discrecional del secreto no es un daño colateral: es el corazón del problema. Cuando el espionaje se normaliza, disentir se vuelve riesgoso. Y cuando el Estado se reserva el derecho de mirar a todos sin rendir cuentas a nadie, la democracia empieza a vaciarse desde adentro.
“Aquellos que renunciarían a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad”: la advertencia de Benjamin Franklin resulta inquietantemente actual. Reformar el sistema de inteligencia no puede hacerse entre penumbras ni de espaldas a la sociedad. Sin embargo, el Poder Ejecutivo eligió el camino del decreto para modificar por completo las reglas de un sector extremadamente sensible, evitando el debate abierto en el Congreso.
El problema no es solo el contenido, sino también la forma. No existe una urgencia real que justifique eludir el control legislativo. Peor aún: el decreto se dicta cuando las comisiones encargadas de supervisar a los organismos de inteligencia se encuentran inactivas. Cambiar las reglas del espionaje estatal cuando no hay control parlamentario es una decisión política que debilita la república.
Para el ciudadano común, esto es una amenaza concreta a su derecho a la intimidad. Al ampliar el alcance de la inteligencia y consagrar el secreto absoluto, el Estado adquiere un poder de observación sin precedentes sobre la vida cotidiana. Cuando el secreto avanza, la privacidad retrocede. Y cuando la vigilancia se expande, la libertad se contrae.
Aún más alarmante es la ruptura de una regla básica de nuestra democracia: la separación entre inteligencia y funciones policiales. El decreto habilita a agentes de inteligencia a realizar detenciones. Desde 1983, la Argentina ha trabajado para evitar que los espías actúen como policías. Otorgar poder de arresto a agentes encubiertos, sin uniforme y con identidades reservadas, es retroceder décadas y abrir la puerta a una verdadera policía secreta, ajena a los controles que rigen para cualquier fuerza de seguridad.
Una reforma de esta magnitud no puede imponerse por decreto. La seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero no puede construirse debilitando la Constitución ni las garantías que nos protegen como ciudadanos. Más inteligencia sin control no es más seguridad: es menos libertad.