La cuenta roja de la violencia de género en Argentina lleva en lo que va del año casi un femicidio por día. Con más precisión, uno cada 31 horas, en función de los 93 relevados hasta este lunes. Y además, 344 intentos de femicidios, lo que completa la dimensión de la violencia de género en el presente.
La estadística corresponde al informe habitual de MuMaLá, la ONG que ejerce la defensa de los derechos de la mujer y disidencias en todas las provincias. De ese número, 79 casos fueron femicidios directos, 1 vinculado de niñas, 5 vinculados de niños, 6 casos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, y 2 muertes violentas que fueron suicidios en el contexto de violencia de género, lo cual entra en la categoría de femicidio.
“El femicidio vinculado refiere a cuando el agresor asesina a un niño o a una niña, a la pareja actual también, siempre con la intención ulterior de dañar como víctima principal a la madre de ese niño o niña”, explicó Gabriela Sosa, referente nacional de MuMaLá, a RosarioPlus.
Vale decir que este relevamiento sumó 255 femicidios durante 2024 en todo el país.
De esos números de orden nacional, en la provincia de Santa Fe se cuentan 15 muertes violentas de mujeres en lo que va del año hasta este lunes 12, según consignó Sosa en diálogo con este medio, al actualizar la cifra del informe nacional de MuMaLá. Cinco de ellos fueron femicidios directos; 2 casos fueron crímenes de niños para infringir dolor en su madre por lo que se considera femicidio vinculado, y en 3 casos fueron homicidios de mujeres en contexto de crimen organizado.
Santa Fe es actualmente la jurisdicción con más femicidios en lo que va de 2025, después de la provincia de Buenos Aires, que cuenta 47. Sin embargo, por densidad de población, ahí la posición santafesina desciende en el ranking: 0,4 casos cada 100.000 mujeres, a tono con el promedio nacional. Las provincias con mayor proporción de femicidios respecto de su población de mujeres son Tierra del Fuego, Rio Negro, Chaco, Santa Cruz, Mendoza y Rio Negro.
Respecto del año anterior, en Santa Fe quedó la cifra de 34 muertes violentas de mujeres perpetradas en 2024. De esas, 14 fueron femicidios íntimos, otros 10 están en investigación, hubo 6 casos en contexto de economías delictivas, 1 en situación de robo, y 3 suicidios femicidas (inducidos por un contexto de violencia de género).
Quiénes lo hicieron
En el desagregado se tiene que el 51 % de los femicidios fue cometido por parejas o ex parejas de las víctimas. El 16 % fue cometido por familiares (directos e indirectos). Por otra parte, en el 14% de los casos, los autores fueron otros hombres conocidos por la víctima (vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etc), y 10% correspondió a desconocidos. El 7 % de los femicidios fue cometido por sicarios o bandas mafiosas.
La edad promedio de los victimarios es 37 años. El 93% de los femicidas no tenía antecedentes penales de violencia de género. El 11% pertenecía a alguna fuerza de seguridad. El 10% de los victimarios se suicidó.
Edades
El relevamiento de MuMaLá señala que la edad promedio de las víctimas era de 38 años. El 46% tenía hijos o hijas. En 6 casos, se trató de niñas y adolescentes (de 0 a 18 años), lo que representa el 7 % del total hasta ahora. Asimismo, otras 19 mujeres eran adultas mayores, tenían 60 años o más al momento del hecho ( 21 % del total).
Cómo lo hicieron
En cuanto a la forma en la que se cometieron estos 93 femicidios, el informe clasifica lo siguiente:
Con arma blanca, 30%
Con armas de fuego, 23%
A golpes, 18%
Por asfixia, 17%
Con fuego, 5%
Sin datos, 7%
Entre otros rasgos, el estudio señala que el 11% de los femicidas decidió alguna forma de deshacerse del cuerpo de la víctima u ocultarlo; generalmente arrojándolo en basurales o cursos de agua.
El 12% de las víctimas había denunciado antes a quien finalmente acabó asesinándolas. De las que denunciaron, el 60% tenía orden judicial de restricción perimetral o de contacto, y 8% tenía botón de pánico.
Otro dato destacado es el de los lugares donde ocurrieron los femicidios. El 71% de los casos ocurrió en el propio domicilio de la víctima, o de la vivienda compartida con el agresor. El 12% fue en la vía pública.
Estado en retirada
El panorama suscita desaliento en quienes siguen de cerca la estadística de la violencia machista y sus consecuencias. En comparación con años anteriores, puede inferirse alguna disminución de femicidios pero no por una mejora en la sensibilidad y conciencia social, sino porque decreció la violencia urbana, y con ello, la cantidad de víctimas de homicidio.
Santa Fe viene de un 2024 con 34 muertes violentas de mujeres (14 femicidios íntimos, 10 en investigación, 6 en contexto de economías delictivas, 1 en ocasión de robo y 3 suicidios inducidos por violencia).
Pero antes fue peor. En 2022 hubo 75 femicidios en la provincia, de los cuales 48 habían sido muertes violentas en contexto de narcocriminalidad. Y en 2023 hubo 60 muertes violentas de mujeres, de las cuales 38 se explicaban por ese marco de crimen organizado y economías delictivas.
“La preocupación es extrema porque los números no bajan de un año respecto de otro, y porque hay menos herramientas nacionales de acompañamiento y prevención, y no hay políticas provinciales y municipales que las reemplacen”, observó Gabriela Sosa.
La referente de MuMaLá inscribió en ese desguarnecimiento estatal al recorte de diversas acciones de protección a las víctimas de violencia de género, como la asistencia económica para mujeres en casos donde por necesidad se ve forzada a convivir con el agresor. Nación eliminó ese programa, como también paralizó los efectos de la Ley Brisa. “Hace un año que no se aprueba ni un solo subsidio para hijos de mujeres asesinadas por violencia de género, en todo el país. Tampoco se está capacitando al personal profesional o del Estado que atiende a víctimas. La línea 144 ya no es exclusiva para denunciar violencia de género sino violencia en general. Cuenta con el 30% del personal que había, y precarizado. Todo eso va en perjuicio de las mujeres víctimas”, lamentó Sosa.
Por otra parte, en Santa Fe “el problema sigue siendo la falta de recursos para acompañar. Hace falta la ayuda económica a la mujer víctima en casos donde el agresor es sostén del hogar o dueño de la vivienda. El personal a cargo de la Secretaria es poco especializado en atender situaciones de violencia y sobre diversidad sexual. Es una época donde el discurso violento, de odio, está habilitado por la gestión presidencial, y queda el desaliento en la población a radicar denuncias ante la quita de herramientas para combatir este flagelo. Viene decreciendo el porcentaje de víctimas que acuden al Estado a hacer una denuncia, y eso es muy preocupante”, concluyó.