“Estamos muy preocupados por el avance del gobierno sobre la propiedad privada. Queremos que se respeten los derechos y garantías esenciales que consagran nuestra Constitución y los tratados internacionales. La intervención de una empresa privada solo puede ser dispuesta por un juez, en una causa judicial y de manera fundada”, sostuvo el ex diputado nacional Lucas Incicco, quien explicó que “el presidente no tiene atribuciones para remover el directorio elegido por los socios de una compañía privada. La intervención de Vicentin constituye una intromisión arbitraria, ilegal e inconstitucional”.
Desde Cambiemos en Santa Fe, aclararon, asimismo, que “No podemos ni queremos desconocer la compleja situación en la que se encuentra inmerso el Grupo Vicentin. Tampoco nos hacemos los desentendidos respecto a la actuación de los funcionarios del Banco Nación y la asistencia financiera que han brindado al grupo empresario en los últimos tiempos. Pero destacamos que, en un país normal, eso debe ser planteado y resuelto en sede judicial y hay, a la fecha, varios procesos judiciales en curso, desde causas penales donde se investiga la posible comisión de delitos hasta el concurso preventivo de la empresa. La solución pasa por que funcionen las instituciones de la República y que cada uno de los poderes que conforman el Estado cumpla acabadamente con sus atribuciones en el marco de la Constitución y las leyes”
“En una país con una severa crisis económica y que además padece enormes problemas sanitarios, educativos, de Justicia, de inseguridad, narcocriminalidad e infraestructura; no podemos aceptar que el Estado descuide las funciones que hacen a su razón de ser, y se ponga a jugar al empresario, entrometiendose en el comercio, la industria y la exportación, cuando, además, ello no le está permitido en nuestro diseño constitucional” argumentó Incicco.
En ese sentido, desde el sector opositor de la provincia de Santa Fe destacaron que “Lo que quieren hacer con Vicentin nos va a costar muchísimo dinero a todos los argentinos, como nos está costando YPF”, y añadieron “la intromisión del Estado en una de las principales empresas agroalimentarias y agroexportadora del país produce desconfianza y siembra incertidumbre en todos los sectores de la economía”.
“Este ilegal intervencionismo estatal que atenta contra la seguridad jurídica en nombre de una abstracta e indefinida ¨soberania alimentaria¨, es un pésimo mensaje para atraer las tan necesarias inversiones – de capitales argentinos e internacionales – que el país necesita para crecer y para que se generen nuevas fuentes de trabajo”, finalizaron.