En medio de una semana de lucha, la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que había ordenado al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.
Cabe recordar que el Consejo Interuniversitario Nacional, organismo público de coordinación, consulta y propuesta de políticas y estrategias de desarrollo universitario, había solicitado la inmediata aplicación de la normativa y se encontraba en estado de “emergencia salarial y presupuestaria”.