La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) Rosario, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rosario y el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) se hicieron presentes este lunes en la Defensoría del Pueblo con el propósito de lograr su intervención en el conflicto que envuelve al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS), que desde la semana pasada, por decisión de la la Asociación de Cínicas y Sanatorios de Rosario, restingió la atención a solo casos de guardia por un retraso en los pagos a los prestadores de servicios privados.
En una reunión con las autoridades del lugar, entregaron un escrito elaborado por los abogados de los gremios estatales, en el que solicitaron la intervención del organismo para que accione, en conjunto con el Gobierno de Santa Fe, exigiendo la restitución del servicio a todos los afiliados de la obra social, en cada clínica y sanatoria de la jurisdicción provincial.
En el marco de un contexto complejo, ante una situación que se agrava, la solución por parte de las autoridades no aparece. Además, exigieron que el tema sea tratado en paritarias de manera urgente. «La salud es un derecho y no una mercancía», defendieron.
La obra social es la más grande de la provincia, tiene 600 mil afiliados en todo el territorio santafesino, y desde el lunes pasado las clínicas y sanatorios privados de Rosario acotaron la atención a casos de urgencias, ingresos por guardia y cirugías programadas. La medida se da en medio de la discusión por el costo de los aranceles. Desde la asociación reclaman un incremento acorde a los aumentos que se registraron en los insumos, los medicamentos y la recomposición de salarios profesionales.
Desde el Gobierno provincial, en tanto, aseguran que no se puede restringir el acceso a la salud de los afiliados a la obra social.
En el escrito que presentarán este martes, los sindicatos advierten sobre tanto sobre el «actuar negligente tanto de la obra social Iapos, como de las autoridades del poder ejecutivo de la provincia de Santa Fe», a raíz de una » decisión arbitraria e intempestiva adoptada por los titulares de las clínicas y sanatorios prestadores de la provincia».