Sindicatos y federaciones gremiales de todo el país le hicieron llegar a los legisladores de la Comisión de Acción y Salud Pública un duro comunicado en el que detallan y critican la política del gobierno nacional en este primer año de gestión. El texto fue enviado en el marco de la citación para el día de mañana del ministro de Salud y del director del PAMI, que se ausentaron la semana pasada sin dar explicaciones.
La última medida, la eliminación del programa de entrega de medicación gratuita a los jubilados, es vista por las organizaciones firmantes como el “punto culminante de una política antisocial sobre medicamentos que empezó apenas asumió el gobierno de Javier Milei”.
En el texto de la misiva explican que la medida fue llevada a cabo “a través de un artilugio discursivo planteando una cantidad de requerimientos sobre salarios, recibos de sueldo y agregando trámites burocráticos que impactan directamente en una población vulnerable y con dificultades en el manejo informático, como son los jubilados y jubiladas”.
Además de la eliminación de este programa, la liberalización de los precios de los medicamentos, la parálisis de la Dadse (que produjo el fallecimiento de 60 pacientes) y los recortes en el Presupuesto actual y el proyectado para el año que viene complementan el abanico de políticas que el gobierno nacional se ha dado en torno a la salud de la población.
La redacción y el envío de este comunicado fue decidido en el Cabildo Abierto por la Salud que se reunió en el hospital Garrahan.
Reproducimos el comunicado completo
Los colectivos de salud cuestionamos la política de medicamentos del gobierno nacional
Las abajo firmantes, organizaciones sociales, gremiales, científicas y sanitarias vinculadas a la salud pública nos pronunciamos contra la política de medicamentos del gobierno libertario.
Los recientes anuncios del gobierno eliminando el programa de entrega de medicación gratuita a los jubilados es un punto culminante de una política antisocial sobre medicamentos que empezó apenas asumió el gobierno de Javier Milei.
Sus primeras medidas fueron la liberación del precio de los medicamentos. Luego de ello se produjo la derogación de la ley de producción pública que creaba y regulaba el ANLAP, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos que, si bien no había tenido un funcionamiento efectivo, indicaba la voluntad del Estado de desarrollar la producción pública como alternativa a los grandes laboratorios farmacéuticos.
La liberación de los precios de los medicamentos implicó la discontinuidad y /o suspensión de al menos el 15% de los tratamientos realizados por los jubilados.
A posteriori, una cantidad de drogas que se vendían bajo receta y que tenían alto uso fueron pasadas a venta libre, perdiendo los usuarios de la seguridad social el descuento correspondiente.
En el plano de la medicación oncológica y de alto costo el gobierno decidió la parálisis de la DADSE y la discontinuidad de la entrega de los tratamientos a centenares de pacientes. Las organizaciones que defienden a los afectados presentaron un amparo judicial aún en curso y calculan en al menos en 60 los fallecidos por la falta de medicación
Al enviar al Parlamento el presupuesto nacional, no sólo se observó una disminución en términos reales de los fondos del Ministerio de Salud de Nación sino también una disminución abrupta de la partida 22 que cubre medicaciones contra el HIV, la tuberculosis y la hepatitis C que disminuyó en términos reales en un 76%.
Esto implica que centenares de pacientes con estas patologías se van a ver afectados al igual que el grupo de pacientes cubiertos por la DADSE.
En un paso más, en su política anti-sanitaria, el PAMI decidió la eliminación del programa de medicación gratuita que cubría tratamientos crónicos a decenas de miles de jubilados. Lo hizo a través de un artilugio discursivo planteando una cantidad de requerimientos sobre salarios, recibos de sueldo y agregando trámites burocráticos que impactan directamente en una población vulnerable y con dificultades en el manejo informático como son los jubilados y jubiladas.
Esta medida tiene un único objetivo que es aplicar la motosierra sobre los derechos a la salud y a la vida de millones de argentinos que han culminado su vida laboral.
Es por ello que como organizaciones de trabajadores de la salud y de la sociedad civil nos pronunciamos por la restauración inmediata de todos los beneficios cercenados desde el comienzo del gobierno libertario al conjunto de los pacientes tanto crónicos como de alta complejidad.
Señalamos a su vez que la alternativa de la producción pública de medicamentos, sueros y vacunas es un camino viable, técnicamente posible y económicamente favorable para toda la sociedad para encarar la brutal deformación que tiene nuestro sistema sanitario que gasta un tercio de sus recursos en la compra de medicamentos, beneficiando fundamentalmente a las multinacionales farmacéuticas argentinas y extranjeras.
Firman:
Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan
FESPROSA
ALE – Asociación de Licenciados en Enfermería
SITRE – Sindicato de Trabajadores de Enfermería
FAMG – Federación Argentina de Medicina General
AMES/FAMG – Asociación Metropolitana de Equipos de Salud
ADOM – Asociación de Obstétricas Municipales – CABA
Aproslar – La Rioja
Siprosapune – Neuquén
Siprus – Santa Fe
APS – La Matanza
ASSPUR – Río Negro
APTASCH – Chaco
SITAS – Tucumán
CICOP – Seccional Eva Perón
CICOP – Seccional Belgrano
CICOP – Seccional Posadas
CICOP – Mercedes
CICOP – San Isidro
CICOP – Güemes de Haedo
FUERZA COLECTIVA en CICOP
Asamblea de Trabajadores Hospital Bonaparte
Asamblea de Trabajadores – CS1 – CABA
Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática
Asociación Civil para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Xumek)
Fundación GEP
Lista 5 en la Multicolor de CICOP
Lista Marrón Clasista en Salud