La edila anunció esta decisión luego de que se conocieran las denuncias realizadas por vecinos de zona oeste respecto a que son amenazados para falsificar el cobro de planes municipales y provinciales que nunca llegan a su bolsillo, sino que tienen como destino a dirigentes de Movimientos sociales e incluso funcionarios públicos de la ciudad.
“Queremos conocer de primera mano la versión oficial de esta situación, porque de acuerdo con el testimonio de los vecinos, se están presentando algunas irregularidades en la asignación de fondos públicos, así como también de materiales de construcción”, señaló Ghilotti.
Concretamente, los vecinos afirman que cobran los $ 6.000 por mes en concepto de salario complementario que brinda el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero denuncian que, a cambio, son obligados, amenazas de por medio, a prestar su DNI para también hacerse de fondos de ayuda social que la Provincia y la Municipalidad destina a mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo.
“El problema es que estas vecinas que son sometidas a colaborar con su DNI dicen no ser mujeres golpeadas y aseguran que no saben por qué tienen que cobrar esos planes para luego entregarles el dinero a dirigentes de los movimientos sociales y funcionarios públicos”, expresó la concejala. “Por eso, insistimos en que el Poder Ejecutivo informe en detalle cuántos son los planes sociales que manejan las organizaciones y si los mismos están llegando a los vecinos y vecinas que realmente los necesitan”, concluyó.