Por Martín Rosúa (Diputado Provincial UCR–UNIDOS)
Durante mucho tiempo la discusión pública estuvo centrada en cómo limitar el poder del Estado. Y ese debate fue necesario. Las garantías constitucionales, el debido proceso y los derechos individuales siguen siendo pilares fundamentales de una democracia sólida.
Sin embargo, la realidad actual plantea un nuevo desafío: qué sucede cuando el Estado pierde capacidad frente a organizaciones criminales que utilizan tecnología, control territorial y violencia para imponer sus propias reglas.
El escenario cambió. Y cuando la realidad cambia, el Estado también debe actualizar sus herramientas.
En ese marco, el gobierno de Santa Fe impulsa una reforma integral destinada a fortalecer la seguridad pública y la capacidad de persecución penal frente a fenómenos criminales complejos y organizados.
La discusión de fondo ya no pasa solamente por tener más o menos Estado, sino por definir qué tipo de Estado necesita hoy la sociedad.
Porque un Estado que llega tarde, que actúa con herramientas pensadas para otra época o que pierde capacidad de respuesta, termina dejando vacíos que muchas veces son ocupados por organizaciones criminales.
Y la seguridad también es un derecho.
La propuesta apunta a una modernización profunda del sistema de seguridad y justicia penal, con el objetivo de fortalecer la capacidad estatal para prevenir, investigar y responder mejor frente a nuevas modalidades delictivas.
La idea central es avanzar desde un modelo puramente reactivo —que interviene cuando el daño ya ocurrió— hacia uno con mayor capacidad de anticipación, investigación y respuesta.
Actualmente, las organizaciones criminales utilizan teléfonos celulares, redes sociales y herramientas digitales para coordinar delitos; incluso existen internos que continúan ordenando hechos violentos desde establecimientos penitenciarios. A eso se suman inmuebles utilizados como plataformas criminales, circulación ilegal de armas y territorios donde la violencia se concentra de manera persistente.
Frente a esa realidad, un Estado que solamente actúa después del daño termina siendo insuficiente.
Porque cuando el Estado pierde capacidad, las garantías quedan escritas en un papel, pero muchas veces dejan de transformarse en protección efectiva para las víctimas.
Cuando el delito cambia, el Estado también debe cambiar
La reforma impulsada modifica distintos aspectos del sistema: el Código Procesal Penal, el régimen penitenciario, el sistema de inteligencia criminal, el fondo de recompensas, la ley orgánica policial y el régimen contravencional.
El objetivo es construir un esquema más coordinado, moderno y con mayor capacidad de intervención frente a delitos complejos.
La propuesta no plantea una confrontación entre seguridad y derechos.
Por el contrario, sostiene que no existen derechos reales si el Estado carece de capacidad para garantizarlos.
En ese sentido, se incorporan herramientas para prevenir riesgos, detectar situaciones críticas, interrumpir dinámicas criminales y fortalecer la capacidad de respuesta estatal.
Entre ellas aparecen mecanismos de inteligencia criminal digital con autorización judicial, medidas para impedir que desde las cárceles se continúen organizando delitos, intervención sobre inmuebles utilizados para actividades ilícitas y respuestas focalizadas en territorios donde la violencia se volvió persistente.
Las bandas criminales evolucionan, se adaptan rápidamente y utilizan nuevas tecnologías.
El Estado también tiene que evolucionar.
El debate que viene
La pregunta que queda planteada es clara:
Si el delito se organiza mejor, se comunica más rápido y utiliza más violencia, ¿puede el Estado seguir respondiendo con las mismas herramientas de siempre?
Desde el oficialismo sostienen que no.
La propuesta apunta a construir un Estado con límites, controles y garantías, pero también con capacidad real para proteger a la sociedad.
Porque cuando el Estado retrocede, alguien ocupa ese lugar.
Y muchas veces ese lugar termina en manos de organizaciones criminales.
Santa Fe enfrenta hoy problemas nuevos y complejos. Y el debate que se abre es si las reglas actuales alcanzan para enfrentarlos.