La posición adoptada frente a la situación sanitaria, el pasado 29 de julio, por la Comisión Ejecutiva Nacional de FAGDUT, fue considerar a la educación virtual como una alternativa válida y positiva ante una situación de pandemia.
Sin embargo, sostenemos que el regreso a la presencialidad en las aulas será siempre una herramienta necesaria e irremplazable en tanto no se ponga en riesgo la salud de los trabajadores. En consonancia con lo expuesto, la seccional Rosario avala un retorno cuidado garantizado por el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad que eviten contagios.
FAGDUT establece como prioridad el mantenimiento de la calidad educativa pero sin dejar de analizar el contexto que comprende a los trabajadores, analizando que numerosos docentes tienen más de 60 años de edad, es decir que son miembros de un grupo de riesgo; además, el tamaño de tal población se incrementa si a los integrantes del plantel docente se les suma a quienes realizan tareas de extensión e investigación. En el mismo sentido, la utilización de dedicaciones simples lleva a que muchos docentes universitarios y preuniversitarios, deban dictar en más de una comisión y/o en distintas facultades, por lo que se entiende que el mayor grado de exposición a contactos conlleva un mayor riesgo de contagio.
Otro factor determinante en la vuelta y de extrema necesidad que se cumpla es el esquema completo de vacunación que debe recibir cada docente universitario.
Es así que FAGDUT Rosario, establece que con una rigurosa responsabilidad ejercida por las autoridades facultativas en el control de los protocolos contra Covid-19, permitirá que se efectúen exámenes presenciales en aquellos casos que requieran inexorablemente de la presencialidad para su desarrollo, algo similar ocurre con actividades como las prácticas desarrolladas en laboratorio y que no pueden ser suplantadas por una virtualidad, o las tareas administrativas retomadas en la última quincena de julio en la instalaciones de la Facultad Regional.
La seccional local adhiere a lo expedido por la Comisión Nacional al establecer siempre como eje fundamental el compromiso de las autoridades de garantizar el riguroso cumplimiento de las condiciones estructurales sujetas al protocolo Covid-19.